Terrorismos, verdad oficial y democracia

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Rodrigo Montoya Rojas

Se discute hoy sobre sobre un proyecto de Ley del “negacionismo”, enviado por el presidente de la República al Congreso
, luego de que el Ejército, el ejecutivo, los fujimoristas y demás aliados insisten sobre la supuesta inocencia del Comando Chavín de Huántar en la ejecución de uno o dos de los emerretistas en el momento del rescate de los rehenes en casa del Embajador de Japón en Lima. Coincidentemente, a fines de agosto se han cumplido nueve años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR.

Los mismos actores y sus voceros políticos en todas partes y en los medios de comunicación, han vuelto una vez más a repetir sus viejos ataques contra la CVR. A los fujimoristas les gustaría que se nombre en el país una nueva comisión de la verdad para investigar y condenar a Salomón Lerner y a todos los comisionados por haber señalado la inmensa fractura histórica que existe en Perú, agravada durante los veinte años de guerra (1980-2000) que enfrentó a los senderistas y emerretistas, de un lado, y a las Fuerzas Armadas y policiales, del otro.

La confrontación de hoy continúa en la esfera de las palabras y plantea un serio problema, porque no hay por el momento, posibilidad alguna de acuerdo sobre los vocablos terrorista y terrorismo. Los senderistas de dentro y fuera de las cárceles, y los oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales sostienen que ellos nunca fueron, no son, ni serán terroristas. El razonamiento de los dos bandos es el siguiente: ¿Terroristas nosotros? Nunca. Terroristas son los otros.


Un acto terrorista es aquel que provoca la muerte de personas inocentes, mujeres, niños y ancianos. Terrorista es la persona que mata con una bomba colocada debajo de un auto en una calle cualquiera. Terroristas son quienes ordenan la muerte de inocentes a través de una bomba atómica como en Hiroshima y Nagasaki, en 1945. Terroristas fueron los senderistas que liquidaron a 26 personas absolutamente inocentes en la calle Tarata, Miraflores, en julio de 1992. Terroristas eran los miembros del Comando Colina y del comando que asesinó a más de 100 personas de todas las edades en Putis, Ayacucho. Terroristas fueron los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaky, y terroristas fueron los islámicos que destruyeron las torres gemelas de Nueva York. Son cinco ejemplos de una larga lista de centenares y miles de actos terroristas.

En el mundo académico de todas partes y entre los analistas en serio de la política, se señala la existencia del terrorismo privado realizado por individuos y grupos políticos y del terrorismo de Estado, ordenado por jefes, realizado por comandos especializados, y sistemáticamente negados como si no hubiesen existido.

Las Fuerzas Armadas, los fujimoristas, los apristas, la derecha, la jerarquía oficial de la Iglesia católica y los grandes dueños de los medios de comunicación no han aceptado ni aceptarán lo que contiene el Informe final de la Comisión de la Verdad. Si Sendero Luminoso y el MRTA son responsables de la muerte del 54 % de las 69,280 víctimas, el 46 % restante es cargado a la cuenta de las Fuerzas Armadas y policiales.

Como en el caso de la palabra terrorista, los dos bandos rechazan las cifras, ninguno se atreve a decir a cuántos mataron. Por decir “nosotros matamos menos”, el fujimorista Trelles fue desaparecido de la escena política. No dio cifras pero admitió que mataron. A los voceros de los dos bandos sólo les falta decir que son ángeles.

Hoy, los huesos de los desaparecidos dicen ¡Presente! en todas partes y están empezando a hablar. El Informe final de la CVR, señaló que había recibido 4, 414 casos de desaparición forzada de personas que serían responsabilidad de agentes del Estado, de un total de 7,713. Hoy, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), sostiene que la cifra global de desaparecidos es ya de 15,173.

En el ensayo Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: un doloroso espejo del Perú, escrito en 2004, manifesté mi apoyo y solidaridad con lo sostenido en ese Informe y señalé varias críticas. En cuanto a las cifras me atreví a señalar que si multiplicásemos el número global de 7, 713 denuncias sobre desapariciones recibidas por la CVR, por 2.82 que es la Tasa que permitió a la CVR determinar el número de 69,280 víctimas, el número total de desaparecidos sería de 21, 596. (Rodrigo Montoya, Elogio de la Antropología, San Marcos e Instituto Nacional de Cultura, Cusco, 2005, p. 276).

Como todo indica que la tendencia dominante es que los casos reales descubiertos se incrementan día a día, es posible que alguna vez se esté más cerca del tope de 21, 596. La cifra de 15,173 casos ya registrados de desaparecidos en el país es pavorosa. Debiéramos sentir por eso una inmensa vergüenza y una enorme indignación. Tratar de ocultar todo, de no reconocer nada debiera aumentar nuestra vergüenza y nuestra indignación.


Con el proyecto de ley del llamado “negacionismo” lo que el Presidente Humala quiere, como Comandante del Ejército, es seguir encubriendo la inmensa responsabilidad de las Fuerzas Armadas y policiales en la tragedia bien descrita por el Informe final de la CVR. Lo que con ese proyecto se busca es que la “verdad oficial” sea la única aceptada y aceptable y que quien se atreva ponerla en duda debería ir a la cárcel.

Por ese camino, La Libertad y la democracia están en juego, como siempre. Lo importante es la verdad, toda verdad, y no solo alguno de sus fragmentos. Los que creen que la democracia consiste solo en elegir representantes cada cierto número de años, no ven en este debate el enorme peligro que corren nuestros derechos políticos.

Si queremos vivir en una sociedad democrática en serio debe respetarse el derecho que todas y todos tenemos de dudar, cuestionar y no aceptar la verdad oficial. Si el proyecto que convierte la verdad oficial en verdad indiscutible se aprobase en el Congreso, la fractura del país se ahondará.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/terrorismos-verdad-oficial-y-democracia_119736.html

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