Similitudes criminales entre Perú y Suecia
Francesca Emanuele
A lo largo del último siglo, el Estado sueco esterilizó a cientos de miles de mujeres gitanas, denuncia el llamado Libro Blanco. En esta publicación, presentada por el gobierno sueco la semana pasada, se da cuenta de los abusos y persecuciones que la población gitana sufrió en aquel país desde 1900: un acto de importante honestidad y búsqueda de reparación hacia una etnia que no solo ha sufrido las peores vejaciones en países considerados “desarrollados” como Suecia, sino en todo el continente europeo.
“La situación que actualmente viven los gitanos tiene que ver con la discriminación histórica a la que han estado sometidos” revela el documento. Los peores ataques a la población gitana han sido sufridos por las mujeres a través de las políticas de la “Comisión para la Salud y el Bienestar”, que decidió esterilizarlas basándose en informes de mediados del siglo pasado en los que se señalaba a los “grupos de gitanos como indeseables para la sociedad”, como “una carga”. Atendiendo a los tratados internacionales firmados por este país, hoy se abre una ventana de oportunidad para la reparación de las víctimas y sus familiares.
En Perú, los abusos hacia la población indígena y de bajos recursos también han sido y continúan siendo prácticas sistemáticas. Como sucedió en Suecia, bajo el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, entre 1996-2000, cientos de miles de mujeres peruanas fueron esterilizadas debido a “políticas de población”. El gran pecado de estas mujeres fue haber nacido pobres e indígenas en un país de medidas de exterminio de su propia población originaria.
La xenofobia no ha podido ser erradicada. Se hace patente no solo en los medios de comunicación, incapaces de comprender la violencia que ejercen; sino en el mismo aparato estatal, que a través de sus políticas públicas jamás ha constituido espacios de posibilidad que permitan la igualdad de oportunidades y, consecuentemente, se conviertan en ascensores sociales para la mayoría de la población peruana que aún yace en agujeros profundos de exclusión. La población rural de Perú debe aguantar un índice de pobreza que alcanza el 55%. Son esas zonas empobrecidas donde especialmente se llevó a cabo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen fujimorista.
Es vergonzoso que el Perú, uno de los países que más crece macroeconómicamente en la región, pueda asemejarse a uno de los países más igualitarios del mundo en un rasgo tan abyecto como es la violencia descarnada hacia una población.
A pesar de que cientos de miles de mujeres peruanas fueron esterilizadas (aproximadamente 300 mil), según revelan diversos documentos, quizá el desconocimiento y el terror insuflado durante décadas hizo que la Justicia peruana recibiera 2073 casos de denuncias de esterilizaciones forzadas. Aunque este constituye un delito de lesa humanidad y existen pruebas de que las esterilizaciones formaron parte de una política estatal, el fiscal que llevaba el caso, Marco Guzmán Baca, emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, tres exministros de salud y otros funcionarios. En enero del presente año, este fiscal, militante del partido Gana Perú, decidió archivar el caso.
No obstante, gracias a la articulación de diversas organizaciones feministas, aún no podemos afirmar que la impunidad prevalecerá alrededor de este crimen de Estado. Los casos están siendo revisados en segunda instancia por una fiscalía superior.
Ojalá pronto podamos hablar de semejanzas con Suecia, pero esta vez sean relacionadas a la voluntad de recuperar la memoria a través de una investigación exhaustiva similar al Libro Blanco sueco. Esperemos que pronto los culpables sean juzgados y condenados, las víctimas reparadas, y nuestra dolorosa historia no sea nunca olvidada.
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