La universidad entre el derecho y la estafa
Teresa Tovar Samanez
La educación superior debería ser un derecho y no una lotería de oportunidades. Como muchos jóvenes peruanos, yo no pude estudiar en una universidad privada. Lo hice en San Marcos, cuando las universidades públicas aún ostentaban calidad y prestigio, características que se han ido desvaneciendo a la par que se ha encogido el derecho a la educación, precarizado la universidad pública y acrecentado el lucro en la educación universitaria. Gran parte de ella se ha convertido hoy en una feria de títulos sin valor.
En los últimos tiempos de este modelo de achicamiento de oportunidades se han creado organismos para resguardar la calidad educativa (SINEACE y SUNEDU). La educación superior es una aspiración de amplios sectores sociales y soporte estratégico del desarrollo nacional. Sin embargo, hoy existen grupos de poder interesados en impedir que se vigile y asegure su calidad. Estos grupos, que manejan universidades lucrativas y de dudosa calidad, pretenden derogar la Ley Universitaria y obstaculizar la aprobación de una norma similar para los Institutos de Educación Superior.
La Ley Universitaria tiene algunos límites. Su organismo superior no posee autonomía suficiente ya que el Superintendente es designado por el Ministerio de Educación en lugar de ser elegido, tal como proponía el proyecto original. Asimismo, la representación de las universidades y la sociedad civil en el directorio se constriñeron en el texto final. Pero es una ley importante que obliga a todas las universidades a cumplir con condiciones mínimas para operar (Licenciamiento).
Asegurar la calidad de la educación superior es parte del ejercicio efectivo del derecho. Impide que no se convierta en una estafa donde se otorguen títulos devaluados y encima se cobre por ello. Hoy existen 137 universidades: 86 privadas y 51 públicas. Sólo 76 cumplen con los requisitos básicos. Muchas funcionan en locales precarios, con insolventes planas docentes y oferta curricular. También las hay que se han visto involucradas en casos donde el negocio linda con la mafia: títulos falsos otorgados de favor a políticos encumbrados.
Un punto nodal en el debate es la relación entre las carreras y las necesidades de desarrollo nacional. No se trata de un arreglo aritmético entre oferta formativa y demanda laboral de empresas y poderes fácticos; sino de priorizar carreras que contribuyan a objetivos de desarrollo diversificado y sostenible. La SUNEDU y el SINEACE deben abordar una discusión pública que articule la formación superior a un proyecto país: un país cultural y ecológicamente diverso. Hay que romper la inercia de un modelo económico agotado y prisionero de la producción de materias primas que monitoree la formación superior vía la magia del mercado,las “universidades empresa” y la acreditación privada. Todo ello constituye un oleaje anómalo que mercantiliza la educación superior y amenaza con derrumbar el derecho a la formación superior gratuita, de calidad y con perspectiva estratégica.
