La deuda con las mujeres violadas
Rocío Silva Santisteban
Isabel Rodríguez Chipana, entre sollozos, confiesa ante el tribunal que está juzgando el caso Bustíos que el teniente Arturo la violó hace 27 años. El imputado, Daniel Urresti, ex general del Ejército Peruano, aplaude y se burla de esta declaración. El tribunal lo manda a desalojar la sala mientras Isabel, en ese castellano quechuizado de los Andes sureños, continúa con su denuncia y recordando lo sucedido la fatídica mañana en que murió Hugo Bustíos. ¿Es verdad o no? Eso lo debería de sentenciar un tribunal, pero lamentablemente, dudamos que llegue a hacerlo. ¿Por qué? Porque en 35 años desde que se inició la violencia política en Ayacucho, no hay sentencia alguna sobre casos de violaciones sexuales durante el conflicto. Ni una sola.
Todos los actores varones del conflicto, es decir, senderistas, emerretistas, militares, marinos, sinchis, policías, ronderos, ¡TODOS!, violaron mujeres; sin embargo, 83,46% fueron cometidas por fuerzas del orden. Las violaciones sexuales, incluso también contra varones, se llevaron a cabo en todas las zonas calientes: sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y el Huallaga (pero también hay información sobre Chumbivilcas, Apurímac y Lima). Hay denuncias sobre violaciones sexuales en 60 bases antisubversivas. Las mujeres, generalmente adolescentes, pero también mujeres casadas e incluso con sus hijos a cuestas, fueron violadas en masa, es decir, por varios hombres al mismo tiempo. Conozco el caso de una señora en Huamanga que fue violada por 25 militares. En la zona del Huallaga violar en masa se convirtió en un verbo: “pichanear”. Si se inventa una nueva palabra para un acto repulsivo se debe a su frecuencia.
Algunos mandos altos del Ejército han justificado las violaciones sexuales de sus tropas sosteniendo que eran “esporádicas” y que se debían a la imposibilidad de controlar la “sexualidad irrefrenable” de sus hombres porque se encontraban “aguantados” en un contexto tremendamente adverso y de tensión. Aclaremos: es obsceno justificar la violación de una mujer. Ni ayer, ni mañana ni nunca, se puede violar impunemente. Es un delito sancionado violar sexualmente a alguien aunque sea una asesina, una parricida o la culpable de un genocidio. Todo Estado democrático debe respetar los derechos humanos de absolutamente todos, decir lo contrario para hacerle el juego a la impunidad de militares asesinos, policías corruptos y machos en celo es abjurar de la democracia.
El Registro Único de Víctimas ha consolidado que, entre mujeres víctimas de violación y violencia sexual, la cifra llega a 4,289 además de decenas de varones. De todos estos casos, solo 19 han sido judicializados y 4 de ellos están a punto de pasar a juicio oral. No hay ninguna sentencia contra un violador en todos estos años. El año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado peruano por el caso de violación sexual contra Gladys Carol Espinosa, sentenciada por terrorismo y militante del MRTA, hoy aún presa en la cárcel de Máxima Seguridad de Chorrillos. El Estado peruano nunca hizo nada por investigar este caso que, a diferencia de los miles registrados, tiene un certificado médico en el que consta la violación. ¿Por qué? Quizás porque simplemente era una terruca y, como terruca, ¡qué diablos importaba que la hayan violado! Esa manera de pensar me avergüenza como mujer y como peruana.
Hoy tenemos a un ex militar candidato a la Presidencia de la República por el partido de gobierno que se burla, frente a las cámaras, de la historia de una mujer violada. Tiene todo el derecho de dudar, pero no de ironizar. Si esa es su manera de pensar, los que voten por él cuídense de sus propias conciencias.
