Perú: PPK apoya debilitar nuestras arcas y nuestra soberanía

Francesca Emanuele

El recientemente electo presidente es uno de los artífices del Tratado de Libre Comercio firmado entre Perú y Estados Unidos en 2006. Gracias a ese acuerdo, el Grupo Renco (principal accionista de Doe Run) tuvo la potestad de demandar al Estado peruano ante un tribunal fuera del sistema judicial del país. Fueron 800 millones de dólares en compensación los que pedía la corpo­ración, sobre el argumento de que nuestro gobierno ejercía un trato injusto al exigirle el cumplimiento de normativas medioambientales en La Oroya. Como sa­bemos, La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, producto de la irresponsable actividad minera.

El 15 de julio del presente año, el Cen­tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mun­dial (CIADI) emitió un “fallo positivo” para el país, en palabras de Jonathan Hamilton, defensa del Estado peruano en este caso. Según sus declaraciones, el Estado perua­no se librará de pagar la astronómica suma que la corporación demandaba. No obs­tante, aún no sabemos los detalles, y es probable que el litigio -que nació en 2011- igualmente le haya costado varios miles de dólares a las arcas peruanas en pagos a los conspicuos abogados que aparentemente nos habrían salvado.

Pero esta historia es plausible de ser re­petida con mayor ferocidad. Otro trata­do de libre comercio que está negociando nuestro país, y que también es abierta­mente apoyado por PPK, es el Acuerdo Transpacífico (TTP). Con él se doblega­ría, incluso, más nuestra soberanía, en­sanchándose los derechos de las corpora­ciones: se ampliaría la posibilidad de que estas empresas utilicen tribunales forá­neos para superponer sus intereses a los dictados por las autoridades electas.

Según un reciente artículo de la orga­nización ecologista Sierra Club, a la fecha, corporaciones mineras han utilizado es­tos tribunales privados para demandar a 40 gobiernos en más de 100 ocasiones. En dos tercios de estos procesos, los Esta­dos han tenido que pagar a las compañías o han tenido que llegar a acuerdos, debi­litando así sus políticas medioambien­tales. El escrito señala que, de enero a mayo de este año, solo en Latinoaméri­ca, “las corporaciones mineras usaron a los tratados privados y a tribunales de in­versión cada 2.5 semanas de media” con el fin de rechazar las restricciones que los Es­tados les demandaban.

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