Keiko Fujimori nunca será presidenta
Rafael Aste
No he votado y creo que nunca votaría por Keiko Fujimori. Pienso que debo transparentar que espero que jamás sea presidenta antes de explicar por qué anticipo que no lo será, y por qué ello debería alertar al sector privado de lo que la bancada de Fuerza Popular puede hacer en lo que resta del gobierno.
El fujimorismo está más desgastado que nunca frente a la opinión pública. Es muy difícil que un grupo político involucrado en escándalos como la actual crisis del sistema judicial logre convencer a la ciudadanía con una plataforma de lucha contra el crimen y la corrupción. Igual de improbable será que Keiko logre sacarse el estigma de golpista y dictatorial tras lo demostrado como lideresa de la oposición. Con cada abuso de poder realizado por su bancada —algunos torpes, otros malintencionados—, el antifujimorismo se refuerza como colectivo y tiene ya un núcleo más grande que su némesis.
Cumplidos recién dos años de gobierno, la aprobación de los principales representantes de Fuerza Popular está por los suelos. Incluso si no estallan más escándalos en los tres años que restan y el fujimorismo milagrosamente recupera favor popular, basta que un potencial candidato, con mejor retórica y menos rabo de paja (algo fácil de concebir), apele al antifujimorismo en una eventual segunda vuelta para imponerse.
En lugar de buscar revertir la constante tendencia hacia el desprestigio, Keiko y su bancada han hecho una oposición errática y agresiva. En ocasiones han actuado en contra de las expectativas de la opinión pública y del sentido común, pero más sorprendentemente aún en perjuicio del futuro político del fujimorismo. ¿Por qué un partido establecido con aspiraciones claras se dispararía en el pie de manera tan frecuente?
Pareciera que los intereses de grupos particulares han terminado por primar en Fuerza Popular. Base y cúpula indistintamente responden más a una relación clientelar con determinados grupos de interés, algunos incluso asociados a delitos como lavado de activos y minería ilegal, a través de aportes partidarios y de campaña, según investigaciones del portal Ojo Público. Ya no es el populismo catch all fujimorista de los noventa. Los esfuerzos son ahora para beneficiar a unos pocos a costa de la institucionalidad económica nacional. Esta idea no es nueva y tampoco nació de mí (sino de una entrevista que hice a Hernán Chaparro, de GfK), pero considero que priorizar estos intereses no se detendrá, sino que ante la inminente realidad de que Fuerza Popular nunca será gobierno, buscarán sacarle el máximo provecho a su mayoría parlamentaria actual. La determinación por tener el control absoluto de la mesa directiva del Congreso es prueba de ello.
Esto debería prender las alertas sobre todo en el sector privado. Fuerza Popular ha insistido y eventualmente reculado en representar intereses específicos como con el semáforo nutricional en la ley de alimentación saludable, y dificultar la fiscalización de las cooperativas por la SBS. Otras veces se ha salido con la suya, como al excluir al cuestionadísimo Poder Judicial de la ley Servir, y al propio Congreso del control interno de la Contraloría. Anteriormente, la censura a Jaime Saavedra y a su sucesora Marilú Martens denotaba un interés por favorecer a universidades que se resisten a la existencia del licenciamiento de la Sunedu, y que tienen vínculos con miembros de Fuerza Popular, como la universidad Alas Peruanas y Joaquín Ramírez.
Como ya he señalado, las malas prácticas parlamentarias como la rendición de cuentas a unos pocos financiadores de campaña no son exclusivas de Fuerza Popular; son compartidas por el Congreso en general (SE 1566, 1603). También considero que Fuerza Popular eventualmente sucumbirá ante la atomización clientelar en el partido y el eventual desarrollo de una sociedad civil democrática. Pero temo que hasta que ello suceda, los intereses de unos pocos darán ardua batalla en lo que resta de este gobierno.
30 julio 2018
