POR QUÉ LUCHAN LOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

José Álvarez Alonso

Hace un par de semanas pasada escribí un artículo explicando en términos generales las motivaciones profundas, el tema de fondo, que a mi juicio hay detrás de la protesta indígena, sobre la base de las conversaciones que he tenido con dirigentes indígenas regionales y nacionales en los últimos meses: se trata, en definitiva, de la defensa de un modo de vida y del derecho a desarrollarse de acuerdo con su cultura y su cosmovisión, en armonía con el entorno natural en el que han vivido por milenios.

Sin embargo, muchos me han reclamado que para la mayoría de la gente (incluyendo a los indígenas) no están claros los puntos concretos de los decretos legislativos cuestionados por los dirigentes de AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana. Y por cierto, en eso se está basando ahora la contracampaña que la prensa oficialista y derechista ha desatado para desacreditar a la protesta indígena.

Argumentan, por ejemplo, que la mayoría de los indígenas que efectivamente están protestando en los distintos puntos de la Amazonía están manipulados por ideologías y asesores extranjeros, y no saben concretamente por qué están luchando; según ellos, apenas tienen una idea vaga de que el Gobierno está en contra de sus intereses, y busca apoderarse de sus tierras y recursos.

Con esta misma argumentación podríamos preguntarnos también: los soldados que pelearon y murieron por la independencia del Perú, ¿sabían por qué luchaban y morían? ¿No estarían también “manipulados” por los generales y líderes de la independencia? Con seguridad, su idea de la causa de la independencia estaba muy distante de la realidad, y de las ideas de Bolívar, San Martín y los otros líderes revolucionarios. Eso no quiere decir que pelearon por una causa injusta o que no tenían una “percepción” de lo que realmente estaba en juego: la independencia de un país soberano de una metrópoli opresora y explotadora.

¿Descalifica esto la causa de la independencia? Por supuesto que no. Recordemos el dicho: “La conquista del Perú la hicieron los indios, la independencia la hicieron los españoles”. Claro que en las dos, los que murieron fueron los indios. Hoy podríamos decir que la rebelión indígena liderada por AIDESEP es el primer atisbo de una real revolución protagonizada por los indígenas, en defensa de sus intereses reales, no de ajenos, de los patrones foráneos, que fue lo que defendieron, en realidad, tanto en la conquista como en la independencia del Perú: en ambas cambiaron de patrón, primero a los opresores inkas por los opresores españoles, y luego a los patrones chapetones por los criollos…

Hoy los indígenas quieren ser dueños de su propio destino, al que tienen derecho como ciudadanos del Perú y del mundo, y quieren recuperar y conservar el control de los recursos y territorios que les pertenecieron por milenios. Es cierto que hoy las leyes peruanas establecen que los bosques, las aguas y el subsuelo son patrimonio de la Nación. Pero ¿quién hizo esas leyes? ¿Acaso consultaron a los indígenas, en cuyos territorios están estos recursos? En otros países, los bosques, suelos y aguas de los territorios indígenas son reconocidos como propiedad inalienable de éstos.

Por falta de espacio voy a analizar sólo aquí el caso de la Ley forestal y de fauna silvestre, el famoso D. S. 1090, una de las más cuestionadas, y ya reconocida como anticonstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso. En primer lugar, fue promulgada sin consultar para nada a las comunidades indígenas en cuyos territorios tradicionales están la mayoría de los bosques amazónicos, violando el derecho a la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que obliga al Estado Peruano al mismo nivel que la Constitución.

Además de esta cuestión de forma, el citado D. S. tiene un asunto de fondo muy grave, una amenaza latente para los bosques amazónicos: mientras la ley forestal anterior (Ley 27308) establecía que las tierras del Estado de aptitud forestal, con bosque o sin él, constituyen el Patrimonio Forestal Nacional y no podían ser usadas para fines agropecuarios ni entregadas en propiedad a particulares, la nueva ley debilita la protección de los bosques, pues establece una excepción: extensiones de bosques primarios pueden ser cambiadas de uso (=taladas) cuando se trate de cultivos “de interés nacional”. Ya han sido declarados como tales la caña brava, el bambú, la higuerilla y el piñón blanco.

Es evidente la influencia de los grandes consorcios promotores de los biocombustibles detrás de este “torpedo” legal, que no sólo atenta contra los derechos indígenas y la salud del bosque amazónico, sino que viola los compromisos asumidos por el Perú respecto al cambio climático (de reducir las emisiones de carbono y la deforestación), incluido el Protocolo de Kyoto y el mismo TLC con EE.UU. Miremos lo que ha pasado en la zona de Barranquita y Chazuta, en la frontera de Loreto con San Martín: la entrega en propiedad de miles de ha de bosques a consorcios de palmicultores, especialmente al Grupo Romero. Ya se han producido como consecuencia graves conflictos con las comunidades de la zona, las que se sienten, con todo derecho, legítimos propietarios de estos bosques -aunque no tengan título de propiedad- porque los usaron desde tiempos inmemoriales para fines de subsistencia.

Ahí está el otro gran problema de la nueva ley forestal: se sigue ignorando los derechos de las comunidades a los territorios tradicionales, de cuyos recursos dependen para su subsistencia de acuerdo a su modo de vida tradicional. El Estado apenas ha titulado una fracción de estos territorios, que las comunidades consideran totalmente insuficientes. Buena parte de los bosques amazónicos (23,775 millones de ha, 14,782 millones sólo en Loreto) ha sido catalogada como “bosques de producción permanente” (BPP), parte de los cuales (32%) ya ha sido entregada a “inversionistas”, concesionarios forestales foráneos.

El diseño del mapa de estos BPP no ha sido consultado con las comunidades, los verdaderos “actores del bosque”, y de hecho existen muchas superposiciones con territorios tradicionales no titulados, lo que los indígenas ven como una gran amenaza para su futuro. Hoy muchas comunidades no pueden ingresar a las quebradas en las que siempre cazaron y pescaron, o a los bosques donde extrajeron otros recursos básicos para su subsistencia porque tienen “dueño”, un concesionario con un papel con sello del Estado peruano, que les mezquina hasta que saquen su irapay para el techo de su casa, o que cacen un majás. Mientras, ven como los inversionistas destrozan “legalmente” el bosque con sus tractores forestales y motosierras y contaminan el río con sus barcazas.

Quizás los indígenas que hoy protestan en el alto Napo, en la zona de Bagua o en el alto Ucayali no conozcan mucho de los detalles de los decretos supremos cuestionados, pero sí tienen claro que no les favorecen a ellos, sino a ciertos grupos de poder con influencias en la capital, y son una amenaza para su modo de vida y su visión del desarrollo, acorde con su cultura. Una visión que difiere marcadamente de la de aquéllos que promueven el ingreso del gran capital a la Amazonía y su desarrollo en manos privadas. Lo ha dicho claramente el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango: los pueblos indígenas ya no están dispuestos a seguir siendo los “peones”, sea de los patrones de antes o de las empresas de ahora. Quieren ser protagonistas de su propio desarrollo, y tienen derecho a ello.

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