Beca 18, ¿para quiénes?
Zenón Depaz Toledo
El Presidente Humala ha anunciado, con motivo de los cien primeros días de su gobierno, que se implementará el programa Beca 18, dirigido a facilitar los estudios de Educación superior para cinco mil jóvenes de escasos recursos. De hecho, hay un antecedente: es el programa de becas “Bicentenario de la Independencia del Perú”, promovidas por el anterior gobierno, al que se hicieron acreedores 73 estudiantes, todos matriculados ahora en cinco de las universidades privadas más caras del país. Pero ocurre que entre las cinco primeras universidades peruanas en los diversos rankings universitarios internacionales, tres son públicas, y sólo las acompañan dos de las privadas antes aludidas, precisamente las que no tienen fines de lucro, cosa que no ocurre con las otras tres, favorecidas con aquellas becas mientras se tenía desatendidas a las universidades públicas de mejor desempeño académico.
El Programa Beca 18 tiene como limitación el haber sido propuesto en ausencia total de definiciones sobre qué hacer con la Educación superior para superar su actual crisis, cuestión básica si cabe aún hablar en serio de una “revolución educativa”, tema al que el Presidente no hizo mención alguna. Se dice que aquel programa sigue el patrón de uno similar ensayado por el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Lo que no se dice es que allá fue posible ensayar aquello porque cuentan con universidades públicas potentes, varias de ellas rankeadas entre las primeras del mundo, como resultado de políticas de Estado para el desarrollo de ese sector. En ausencia de ellas, lo más probable es que el Programa Beca 18 termine subvencionando, otra vez, a las universidades privadas, entre ellas las que tienen explícitos fines de lucro, sin apoyar en absoluto el desarrollo de las universidades públicas, de directa responsabilidad del Estado.
Todos los estudiantes de pregrado en las universidades públicas son becarios del Estado, ¿por qué, entonces, no financiar el acceso de los estudiantes de humilde condición y buen desempeño académico a las mejores universidades de este tipo, costeándoles luego los gastos que dichos estudios suponen y monitoreando la calidad de los servicios que allí reciban? ¿Por qué no proponer un examen nacional para los aspirantes a estas becas (que además proveería indicadores nacionales en relación al desempeño de los que egresan de la Educación básica), sin perjuicio del ejercicio de políticas de acción afirmativa para los que padecen sensibles condiciones de inequidad? ¿Por qué no utilizar estas becas dirigiéndolas a carreras con mayor impacto social, induciendo con ello una mayor racionalidad en la oferta de formación profesional de las universidades públicas? ¿Habrá definiciones sobre ello?
