Una ley negociada con rodilleras
Jorge Manco Zaconetti
Está en agenda del pleno del Congreso de la República, el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas de lo que sería una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) cuya esencia lobista radica en la indebida extensión por treinta años más a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación próximos a su vencimiento. La excusa es la de siempre: Promover la inversión privada para elevar la producción.
Así, la mayoría de contratos en esta situación se ubican en Piura, tales como los contratos por el lote Z-2B en el Zócalo Continental actualmente operado por el Consorcio Savia que en el 2009 pagó oficialmente US $ 900 millones por la transferencia contractual por este lote y otros lotes de exploración.
En el caso del lote Z-2B si las reservas en el subsuelo eran y son del Estado, y las instalaciones, ductos y sobre todo las plataformas marinas son propiedad de Petroperú, el consorcio Savia abonó 900 millones de dólares a la empresa vendedora Petrotech por la transferencia contractual. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?
UN CASO ESPECIAL
Este contrato de servicios donde el Estado retiene el 16% de la producción como una regalía equivalente, y el privado se queda con el 84% como una retribución resulta lesivo al país. Se debe tener presente que el Estado ha debido acceder desde el 2003 al 51% de la producción como regalía equivalente y el privado retener el 49%, gracias a un factor “R” que nunca ha superado el 1.5%.
Estas prácticas empresariales han sido posibles gracias al compadrazgo e inopia del organismo regulador Perupetro, que pocas veces fiscalizó la maximización de egresos y gastos de Petrotech/Savia, práctica absolutamente desfavorable al fisco, gracias a una serie de costos y gastos sobredimensionados con empresas subsidiarias que asumía antes Petrotech como empresa principal. Las mismas prácticas adopta el Consorcio Savia en perjuicio del país.
Sin embargo, gracias al compradazgo y entreguismo de Perupetro dicho contrato que debía vencer en noviembre del 2023, con esta ley lobista es decir “a pedido expreso de las empresas interesadas”, se les extenderá por 20 años más, a los cuales hay que agregar el período de retención por 10 años adicionales. ¡Esta práctica lobista sería imposible en los Estados Unidos, centro del capitalismo mundial!
Si a ello se suma el pagó irrisorio de los 10 millones de dólares anuales por el uso de las plataformas marinas que son propiedad de Petroperú. Así cuando el precio del crudo era de US$ 20 el barril, el alquiler por el uso de las plataformas marinas era de US$ 10 millones por año. Si el precio del crudo se elevó a más de 90 dólares el barril se seguía pagando la misma tarifa. Es decir, este contrato lesivo se extenderá gracias a la lenidad de Perupetro y complicidad de Petroperú.
CUENTOS CHINOS
En resumen, frente al argumento de promover la inversión privada que ciertamente necesita el sector de hidrocarburos, se debe recordar las promesas incumplidas de las empresas. Así, de forma oficiosa se estima en más de US$ 6,000 millones, la inversión que se realizaría en todos los contratos próximos a su vencimiento (Yesquén dixit).
Al respecto, habría que recordar que Savia en el 2010 prometía realizar solamente en dicho lote inversiones por más de US$ 3,000 millones y elevar la producción en más de 50 mil barriles diarios para el 2016.
Hoy la producción no llega a los 8 mil barriles diarios y la empresa señala que seguirá bajando, pues las inversiones necesarias para elevar la producción no se recuperarían. Esta es una forma de presión que los allegados, asesores y espadachines a sueldo de las empresas difunden como verdades reveladas: ¡Si se demanda inversión hay que extender los contratos. No cabe pensar en otras posibilidades!
Cabe preguntarse si las empresas petroleras no invirtieron en actividades de riesgo cuando los precios del crudo se ubicaban sobre los 90 dólares el barril, por qué tendrían que hacerlo ahora que los precios se mantienen sobre los 70 dólares el barril de petróleo.
Lo más grave ahora es que las empresas interesadas en la extensión por 30 años también demandan una disminución importante de las tasas de regalías, supuestamente para ser más competitivos a nivel internacional. Es curioso pero se olvidan de destacar que tales regalías se deducen como gasto.
Es más, se arguye que con regalías de 10% o hasta menos se podría explotar el crudo que yace en el subsuelo en los más de 4,500 pozos ATA, es decir pozos cerrados en el pasado por razones económicas. Estos pozos básicamente están ubicados en la Cuenca de Talara, y supuestamente se requiere tasas de regalías que hagan atractivas y rentables las inversiones.
Esta es una media verdad o una media mentira, pues con precios de 100 dólares el barril las empresas petroleras no aprovecharon el potencial de hidrocarburos en la Cuenca Talara ni el Zócalo Continental. Ahora nos endulzan que debemos aprovechar el crudo que yace en estos pozos ATA que vienen de las épocas de la IPC y PetroPerú.
Pago de regalías petroleras de las empresas con contratos de explotación por lotes próximos a su vencimiento
REGALÍAS AL SÓTANO
Lo cierto y evidente es que con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el fisco se verá afectado en la percepción de los ingresos fiscales por medio de las regalías que se perciben por la explotación del petróleo y gas asociado. Si las tasas de regalías que se ubican entre el 22% y el 25% en el departamento de Piura, se reducen al 5% o al 10% como se pretende en el fondo, hemos demostrado en artículos anteriores que se pone en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.
Sí, por la ley de homologación del canon del petróleo y gas asociado en el 2011 la tasa del canon se incrementó del 10 % al 15 % del valor de la producción y el sobrecanon petrolero subió del 2.75% “ad valorem” al 3.75%. En total el canon y sobrecanon para el petróleo y gas asociado es del 18.75% y las regiones beneficiadas son Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.
Como se puede observar en el cuadro “Pago de Regalías Petroleras de las Empresas con Contratos de Explotación por Lotes Próximos a su Vencimiento” en el período 2012 / 2017, el comportamiento ha sido descendente tanto en términos de precio promedio (WTI), como en valor como también en términos de volúmenes producidos.
Como también se podrá notar en el cuadro, las regalías más importantes que percibe el Estado por los contratos petroleros próximos a su vencimiento corresponden al lote X operado actualmente por la petrolera china CNPC que con una tasa promedio de regalía del 30% desde el 2015 ha pagado con precios promedio de 48.6 dólares por barril, un valor de 45,8 millones de dólares por concepto de regalías. En el 2017 con precios promedio del WTI de 50.8 dólares el barril tuvo que pagar 51.8 millones por el mismo concepto.
El segundo lugar, le corresponde a la petrolera Savia Perú que opera el lote Z-2B que de pagar 144 milllones de dólares en el 2015 con los precios deprimidos de 48.6 dólares el barril, ha continuado pagando menos en el 2017 donde tuvo que pagar regalías por un valor de 121 millones de dólares pese a la recuperación del precio del crudo.
En síntesis, el lote X paga un promedio de 30% como tasa de regalías y el lote Z-2B abona un 16% como regalía equivalente, y una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo como promueve, auspicia la nueva Ley de Hidrocarburos significará menores ingresos fiscales para el Estado que pondrá en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.
No deja de ser curioso que se está promoviendo una disminución de las tasas de regalías en una coyuntura donde el déficit fiscal supera el 3% del PBI, y la presión tributaria de los ingresos del Gobierno Central frente al PBI no supera el 13.7 %, la más baja de los últimos años que tiene el país.
EPÍLOGO
En verdad, con este proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos se pretende vender “gato por liebre”, pues con la justificación de promover las inversiones en el sector, con plausibles cláusulas de anticorrupción y prácticas preprofesionales para los jóvenes, se pretende imponer una perversa prórroga contractual.
Así, en el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas que preside un congresista de Acción Popular, se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.
Una práctica capitalista, moderna, de libre competencia debiera licitar en un proceso abierto y transparente el activo más valioso que tienen los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento en el subsuelo: las reservas probadas, probables y posibles.
ALGO MÁS
Es más, si por la Constitución y la Ley de Hidrocarburos todavía vigente los hidrocarburos “in situ”, es decir que yacen en el subsuelo son propiedad de la Nación, entiéndase de todos los peruanos, una perversa prórroga contractual por 30 años, no deja de ser una enajenación, una sustracción de riqueza que, como diría el filósofo francés Proudhon, sería un robo a nombre de unas supuestas inversiones que se financiarán en última instancia con las mismas reservas probadas de petróleo.
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