Perú: El fraude de Lima
Juan Manuel Robles
«Si no conociera el cinismo del pacto mafioso, descartaría un sabotaje destinado a provocar exactamente lo que terminó pasando»
La crisis en el sistema electoral en la que estamos metidos —con renuncia del jefe de la ONPE, amenaza de anulación y de nuevas elecciones— existe porque el candidato aparentemente perjudicado por las fallas es parte del establishment y el poder económico y, en contraste, el candidato que según el conteo pasará a la segunda vuelta es un izquierdista de corte radical (respaldado por Pedro Castillo, el cuco al que hasta acusaron de senderista sin pruebas). Suena a caricatura, pero es la verdad. Nada de esto ocurriría si en el lugar de Sánchez estuviera Belmont. O Álvarez. No ha sido inusual que candidatos a la presidencia denuncien irregularidades en cada elección, incluso con documentos y pruebas. Mesas que no se abren o se abren muy tarde, actas que no cuadran, miembros de mesa que recuerdan algo distinto a lo que finalmente se ve en el sistema en línea. Generalmente todo sigue un curso conocido: la denuncia tiene algo de prensa, los voceros se indignan, pero el proceso continúa y luego todos se olvidan, hasta los mismos denunciantes.
No hay victoria reñida —de esas donde la diferencia es de apenas decenas de miles de votos—, para la presidencia o para el pase a segunda vuelta, que no tenga a un ganador extasiado y a un perdedor que no acepta, que se pone a sumar todo lo que puede sumar, que hace cálculos y acopio de irregularidades y vicios. Votos que pudieron ser y no fueron: gente que declara que quiso votar pero no pudo, marcas en las cédulas que fueron anuladas con excesiva rigurosidad, cosas que, siendo tan chico el margen, podrían haber cambiado el destino. ¿Y qué pasa entonces? Se usan los recursos que contempla la Ley Electoral; previsiblemente, esos recursos establecen la anulación de las elecciones solo en casos extremos, así que a nadie se le ocurre siquiera plantearla.
Algo empezó a cambiar con las elecciones del 2021 y estamos viendo la continuación de esa arremetida y esas tácticas. En la segunda vuelta Pedro Castillo ganó por un margen muy estrecho (aproximadamente cuarenta mil votos). Los perdedores denunciaron un posible fraude “en mesa” y solicitaron la anulación de casi 900 actas, unos 177 mil votos. El método que se usó entonces se nos hace conocido: convertir los errores marginales —que son habituales— en evidencia de irregularidad en el conteo. Cosas que siempre se dan se vuelven faltas que restan legitimidad: firmas que no se parecen a las del DNI, miembros de mesa que son familiares entre sí. Fue una arremetida sin precedentes y culminó con el penoso espectáculo de aquella delegación peruana en Washington DC.
Así nació el fraudismo, casi una secta de terraplanistas electorales, que se niegan a ver las evidencias con fanática terquedad. Como negacionistas que son, desprecian los hechos y, más específicamente, su manifestación electoral: los números; por eso arremetieron contra el funcionario encargado de realizar esa contabilidad que no soportan, Piero Corvetto. El fraudismo mezcló poder, privilegio y un espíritu que justificaba su “cruzada” ante la opinión pública: el candidato en competencia era un “comunista”. Este detalle da una libertad de acción “moral” enorme.
Lo que ocurre en estas elecciones, en las que Roberto Sánchez le ha ganado a López Aliaga el pase a la segunda vuelta, es algo similar, pero peor. Parece ser el globo de ensayo para un control mucho más efectivo. Los nuevos fraudistas entendieron que no basta la impugnación de los votos emitidos. Hay que centrarse también en el proceso; dónde no se pudo votar, dónde se retrasó la llegada del material, dónde la impresora no funcionó. Exagerar esas incidencias y presentarlas como una limitación grave del “derecho de sufragio”. Por cierto, en su carta de renuncia Piero Corvetto ha señalado que hubo incumplimientos de los procesos de la ONPE que le resultan inexplicables. Si no conociera el cinismo del pacto mafioso, descartaría un sabotaje destinado a provocar exactamente lo que terminó pasando.
Mientras escribo esta columna, el Jurado Nacional de Elecciones evalúa una anulación del proceso electoral en Lima. Con eso se dejaría abierta la posibilidad de nuevos comicios —no está claro si totales o parciales—. O sea, se baraja la posibilidad de que Lima vote de nuevo, pero sabiendo el resultado de las elecciones en el resto del país. Sería un voto calculado. Los limeños votarían con ventaja —algo contrario al principio constitucional del sufragio en igualdad de condiciones—, lo que llevaría a una distorsión. Es una idea monstruosa. Que vaya mucho más allá de lo que Keiko solo podía soñar en el 2021 se explica por un detalle: el pacto mafioso —con el fujimorismo a la cabeza— no había tomado entonces el control del Jurado Nacional de Elecciones, cuya participación fue clave para frenar los delirios fraudistas. El JNE actual ha sido solícito con López Aliaga y ha jugado en pared con el candidato, atacando a Piero Corvetto.
Las incidencias en el proceso han sido amplificadas por los medios para dar, exitosamente, sensación de caos total. Pero no hay evidencias de una afectación significativa en la voluntad popular. El miércoles, el analista político y consultor en tecnología Matías Faure publicó una proyección del conteo de actas que resta computar en la ONPE, añadiendo además los votos que presuntamente le faltan a López Aliaga en las mesas que no se abrieron o abrieron tarde. ¿Cuál es el resultado? Sánchez sigue ganando incluso con esos “votos perdidos” que su rival reclama. Lo cual confirma lo que muchos sospechábamos, pues el número de mesas problemáticas es ínfimo.
O sea, todo el griterío de López Aliaga no tiene sustento porque las incidencias no causaron su derrota. Si lo pensamos, nos pudimos ahorrar una semana llena de crispación e insultos. Y yo quiero recalcar una vez más, para que no se nos olvide, que este nuevo fraudismo histérico se ha tolerado —y atendido— porque el rival que disputa los puntos es un rojo supuestamente peligroso. Hay una masa de gente, principalmente en Lima, que está normalizando que se burle con jugarretas mañosas la voluntad de los electores “del sur”, “de las regiones”, del “Perú profundo”. Se sienten con derecho a hacerlo. Gritan fraude. Pero en realidad el fraude serán sus nuevas elecciones, si prosperan.
23-04-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 779 año 17, del 24/04/2026
