Perú: El proyecto monstruo
Shanna Taco Loaiza
En la cima del Congreso del hampa, Fernando Rospigliosi pretende ahora que se pueda matar a manifestantes con absoluta impunidad. Es el fujimorismo con esteroides
“Este proyecto de ley es un salvoconducto para matar manifestantes”, dice Julissa Mantilla Falcón, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proyecto legislativo que alista Fernando Rospigliosi, el mandamás fujimorista del Congreso. La iniciativa propone eximir de cualquier responsabilidad penal a policías y militares que hieran o maten civiles durante protestas sociales. Ocho especialistas consultados coinciden en que el proyecto de Rospigliosi supone abrirles la puerta a las ejecuciones extrajudiciales.
El 18 de octubre de 2025 el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 20 del Código Penal. La iniciativa plantea que policías y militares queden exentos de responsabilidad penal si causan lesiones o muertes al proteger “activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados”.
“Todos los tratados de derechos humanos se basan en el respeto al derecho a la vida. Este proyecto elimina el proceso judicial, suprime el acceso a la justicia y suprime la reparación civil violando las disposiciones constitucionales y la convención americana de derechos humanos. No conozco ningún otro país que tenga una impunidad penal de esta naturaleza, ni en las dictaduras más exageradas”, comenta Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores.
“Se trata de una carta blanca para matar. O sea si un manifestante está afuera del Poder Judicial y la policía considera que cruzó una barrera, lo matan”, dice la abogada Julissa Mantilla. A su juicio, la norma busca institucionalizar la violencia estatal y desalentar cualquier forma de protesta.
Organismos internacionales de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch (HRW) expresaron su rechazo al proyecto.
Desde Human Rights Watch, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, advierte que la norma “manda una señal de impunidad y de que las fuerzas militares y la policía pueden salir a asesinar”. En la misma línea, Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH, señala que legalizar la muerte de manifestantes en espacios públicos “no tiene cabida en un Estado de derecho”.
Según los especialistas, el proyecto de Rospigliosi responde a un intento de control violento de las protestas. La legislación vigente ya exonera de responsabilidad penal a policías y militares siempre y cuando actúen dentro del marco constitucional.
“Es un proyecto de ley paupérrimo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y no es que no la puedan utilizar, pero hay estándares nacionales e internacionales que prohíben saltarse protocolos y optar directamente por una ejecución. La vida no puede ser un costo colateral para proteger activos críticos”, explica Rosario Grados, directora de Programas de Amnistía Internacional Perú.
“No se puede sacrificar la vida para proteger un bien material. Eso no tiene sustento en ninguna teoría básica de derechos humanos”, afirma Valeria Reyes Menéndez, especialista en derechos humanos del IDEH-PUCP.
Desde Amnistía Internacional detallan que la norma no protege a quienes actúan conforme a la ley sino a quienes hacen un “uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.
“El manifestante no es un enemigo –añade la politóloga Rosario Grados–, una manifestación no puede ser equiparada a una guerra. La propuesta del congresista va en esa línea y genera mucha más desconfianza de la población con la policía”.
Para el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros el proyecto resulta especialmente grave porque pretende “establecer un esquema represivo” en un contexto marcado por un proceso electoral en cierne y un escenario de descontento social.
La propuesta de Rospigliosi no solo evita que policías y militares sean juzgados. También impide que las víctimas o sus familias reciban una reparación civil.
Desde Human Rights Watch explican que incluso en países carentes de democracia como Cuba, Venezuela y Nicaragua no existe ley parecida a la que plantea Rospigliosi.
“En El Salvador hay un estado de excepción donde ha habido casos de tortura, pero ni ahí existe una ley de esa naturaleza”, comenta la especialista Juanita Goebertus.
Otro objetivo del proyecto de Rospigliosi es cerrar las investigaciones a policías y militares procesados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Para los especialistas consultados se trata de “una amnistía encubierta”.
Aquellas protestas dejaron un saldo de 49 fallecidos y más de 900 heridos. Organismos internacionales documentaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuyó responsabilidad al Estado por las muertes registradas.
El pasado 11 de diciembre Fernando Rospigliosi organizó una ceremonia de reconocimiento a excomandantes de las Fuerzas Armadas y la PNP para condecorar a los oficiales “por la defensa del orden constitucional el 7 de diciembre de 2022”. Durante la ceremonia volvió a comprometerse a sacar adelante su proyecto de ley para combatir a las “hordas violentas”, en referencia a los manifestantes.
“Hay una continuidad preocupante en los proyectos de Rospigliosi. Él impulsó la amnistía general para todo lo que ocurrió en los 80, luego la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, ahora esta ley. Este proyecto suma otra pieza al rompecabezas de impunidad que el congresista está elaborando hace rato”, comenta la abogada Julissa Mantilla.
“Más allá de Rospigliosi como personaje, está Fuerza Popular. Rospigliosi es una de las caras más visibles de ese partido y lo que está haciendo es plasmar legislativamente la propuesta política de Fuerza Popular respecto a los derechos humanos y los derechos de las víctimas”, dice Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Si realmente se busca respaldar a policías y militares, deberían darles equipamiento y entrenamiento, esas dos cosas son las principales falencias”, comenta el exviceministro Nicolás Zevallos.
El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros explica que organismos internacionales ya no consideran al Perú un Estado plenamente democrático sino un régimen híbrido, marcado por el deterioro del Estado de derecho, de la separación de poderes y una afectación creciente de la legalidad.
Human Rights Watch documentó este deterioro en su informe Legislar para la impunidad, que analiza cómo el Congreso ha aprobado normas que facilitan el avance del crimen organizado. Según su representante, Juanita Goebertus, el Perú ofrece condiciones prácticamente únicas en la región para el avance del crimen con “un Congreso disfuncional y un Ejecutivo dispuesto a respaldar la ilegalidad”.
Desde la FIDH, Jimena Reyes alerta sobre un tránsito hacia el autoritarismo, marcado por la captura de las instituciones y la aprobación de leyes que favorecen la impunidad frente a “graves violaciones de derechos humanos”.
Para los organismos internacionales el Congreso peruano se ha convertido en una pieza clave en el debilitamiento de la lucha contra el crimen organizado.
“Es impactante la cantidad de leyes que ha aprobado el Congreso peruano para debilitar la lucha contra el crimen organizado, que mandan la señal de que este Congreso está interesado en promover la impunidad. Este nuevo proyecto avanza en ese mismo sentido. Nosotros analizamos 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y lo que encontramos es que han actuado a favor del crimen organizado, en un Parlamento con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción y otros delitos”, añade Goebertus.
Para los especialistas, tanto la Defensoría del Pueblo como el Tribunal Constitucional han eludido una respuesta firme frente a las normas que amplían la impunidad, guardando silencio o respaldando iniciativas como las amnistías impulsadas desde el Congreso.
Juanita Goebertus advierte: “Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que saber que esta es una norma totalmente contraria a estándares internacionales y si hay algo que sabe el Perú es que la justicia internacional puede demorar en llegar, pero llega”.
19-12-2025
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 763 año 16, del 19/12/2025
