Perú: El nuevo Plan Verde
Américo Zambrano
El segundo fujimorismo se parece tanto al primero que ha construido una alianza férrea con militares y policías. No se trata sólo de limpiarles pasados y prontuarios sino de darles impunidad para los años que vienen. Estamos avisados.
Cuando Keiko Fujimori llegue a Palacio, encontrará algo más que una amplia representación parlamentaria. Durante los últimos meses el fujimorismo impulsó un conjunto de leyes que amplían la protección legal de militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos, estrechó sus vínculos con las Fuerzas Armadas e incorporó a sus filas al exjefe del Comando Conjunto César Astudillo Salcedo, hoy senador electo y una de las figuras que diversas fuentes ubican como posible ministro de Defensa en el próximo gobierno.
La reconstrucción de los vínculos con las FF.AA. también se trabajó en los cuarteles. En los últimos seis meses el presidente del Parlamento y senador electo por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, recorrió cuarteles del Ejército, bases militares y otras dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Participó en ceremonias castrenses, recibió reconocimientos y fortaleció relaciones con altos mandos militares y policiales, entre ellos la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú (Adogen).
La secuencia adquiere una dimensión distinta ahora. La hija de Alberto Fujimori asumirá el poder en medio de un clima de polarización y con protestas anunciadas por sectores de la izquierda.
En ese escenario, el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía puede resultar decisivo. Si las movilizaciones derivan en enfrentamientos con las fuerzas del orden, militares y policías intervendrán bajo un marco legal que hoy les ofrece una protección mucho mayor frente a eventuales investigaciones penales.
“El fujimorismo, con Rospigliosi a la cabeza, ha logrado reconstruir su relación con las Fuerzas Armadas”, sostiene Carlos Rivera, coordinador y abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). “Lo que estamos viendo no son hechos aislados sino parte de una misma estrategia”, dice.
Entre enero y junio de este año Rospigliosi convirtió a los institutos armados y policiales en uno de los principales destinos de su agenda pública.
Visitó el Hospital Militar de Piura y el Hospital Militar Central; recorrió el Fuerte Rafael Hoyos Rubio, en el Rímac; supervisó la Base de Infantería de la Marina en Ancón, la Dirección de Aviación Policial, la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), la Base Naval del Callao y la Escuela de Aviación Civil de la Fuerza Aérea. Asistió también a la conmemoración del conflicto del Cenepa, al aniversario de la Operación Chavín de Huántar y al inicio del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía. En varias de esas actividades recibió reconocimientos públicos por sus promesas de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Pero hubo dos visitas que sintetizan mejor que ninguna otra el sentido de esa relación. El 23 de febrero pasado Rospigliosi ingresó al penal Virgen de las Mercedes, en Chorrillos, donde se encuentran recluidos militares condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo acompañó el general del Ejército en retiro Juan Rivero Lazo, exjefe de Inteligencia del Ejército e integrante del grupo Colina. Rivera fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de la masacre de Barrios Altos. En diciembre de 2024 fue excarcelado por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada una demanda de hábeas corpus sobre la modificación del cómputo de su sentencia.
Cuatro meses después Rospigliosi volvió a reunirse con quienes defendían la misma causa. El 17 de junio participó en una reunión de la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú. “Conversamos sobre las leyes aprobadas a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía y sobre la situación de muchos militares encarcelados y procesados injustamente por el sistema judicial politizado, y las medidas a adoptar en su defensa”, escribió luego en su perfil de X.
Rospigliosi no llegó a esta agenda por casualidad. En el año 2000 publicó el libro “Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante década las instituciones militares”, un análisis político sobre el modo en que Vladimiro Montesinos convirtió a los institutos armados en uno de los principales soportes del régimen de Alberto Fujimori.
Veintisés años después, ese conocimiento resulta clave para entender la arquitectura legal que el fujimorismo impulsó desde el Congreso, con Rospigliosi a la cabeza.
“Un aspecto fundamental para la sostenibilidad de un gobierno autoritario es fortalecer su relación con los militares. Lo sabe Rospigliosi porque él mismo ha estudiado la relación entre el fujimorismo y las Fuerzas Armadas”, afirma Carlos Rivera. “La lógica que une la amnistía, la prescripción, la justicia militar y el resto de iniciativas aprobadas por el Congreso es una sola: construir un nuevo marco legal para liberar a los militares de la justicia ordinaria”, explica.
La primera pieza de ese engranaje fue la ley de amnistía, promulgada en agosto de 2025 tras ser impulsada por la Comisión de Constitución presidida por Rospigliosi. La norma concedió amnistía a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. También eximió de responsabilidad penal a los condenados procesados mayores de 70 años vinculados a esos casos y ordenó el archivamiento de los procesos que aún no contaban con sentencia firme.
Otra jugada clave fue la aprobación de la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad. Estableció que nadie puede ser procesado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, en el año 2002.
La consecuencia práctica fue abrir la puerta a la prescripción de cientos de procesos contra exmilitares, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado abstenerse de aplicar esa norma en casos como Barrios Altos y La Cantuta.
Pero aquella maquinaria encontró un obstáculo inesperado. Contra lo que esperaban sus impulsores, buena parte de los jueces encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos decidió inaplicar las nuevas normas por considerarlas incompatibles con la Constitución, el Estatuto de Roma y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La promesa de cerrar definitivamente esos procesos seguía sin cumplirse.
La reacción fue inmediata. Rospigliosi comenzó a denunciar por prevaricato a los magistrados que rechazaban las leyes aprobadas por el Congreso. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), controlada por el fujimorismo y sus socios políticos, empezó a afilar la guillotina contra los magistrados que se resistían a aplicar las nuevas leyes. Los primeros nombres no tardaron en aparecer.
El Parlamento, entonces, fue un paso más allá. En junio de este año aprobó una reforma al Código Penal Militar Policial que establece que los presuntos delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean conocidos exclusivamente por el fuero militar-policial.
La norma obliga, además, a que los jueces civiles archiven las investigaciones cuando exista un proceso abierto en la jurisdicción castrense. Es decir, traslada esos casos fuera de la justicia ordinaria.
Pero el paquete todavía no estaba completo. Esta semana la Comisión de Constitución aprobó un nuevo proyecto de Rospigliosi sobre el delito de lesa humanidad. La iniciativa modifica la definición vigente del Código Penal y, según especialistas en derechos humanos, vuelve a abrir una puerta para favorecer a militares y policías procesados por graves violaciones a los derechos humanos.
Rivera cree que las dos últimas iniciativas –el traslado de estos casos al fuero militar y la nueva regulación del delito de lesa humanidad– no buscan resolver únicamente los procesos abiertos por los crímenes del pasado. “Son normas claramente pensadas hacia adelante. Buscan establecer las reglas bajo las cuales actuarán las Fuerzas Armadas y la Policía si el próximo gobierno enfrenta nuevas protestas sociales”, afirma.
El blindaje judicial no fue la única señal. Durante el mismo periodo, el Congreso también aprobó mejoras en el régimen de pensiones para militares y policías, bonificaciones para los veteranos de la pacificación nacional, un incremento de la asignación económica para quienes cumplen el servicio militar y proyectos de inversión para fortalecer la infraestructura de la Marina de Guerra y el Ejército. El paquete terminó yendo mucho más allá de las leyes de impunidad.
“Ahí es cuando todo cobra lógica”, dice Rivera. “La oferta del fujimorismo ha sido: nosotros los vamos a limpiar de cualquier investigación, de cualquier proceso, de cualquier juzgamiento y de cualquier intromisión de la justicia ordinaria”, señala. A su juicio, ese compromiso explica el conjunto de iniciativas aprobadas durante los últimos meses. “Han construido un nuevo marco legal”, advierte.
Para el abogado el objetivo trasciende los expedientes judiciales. “Lo que han buscado es construir una relación de protección con las Fuerzas Armadas. Hacer de los militares una clientela cautiva para fortalecer una base de apoyo a favor de Keiko Fujimori”, asegura.
Ese vínculo –sostiene– cumple una función política precisa. “Han sentado las bases de lo que consideran el mayor esquema de estabilidad: el de los fusiles”, sostiene el abogado.
Rivera encuentra el antecedente en el propio régimen de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. “No hay autoritarismo sin militares. Un gobierno que pretende ser autoritario no se sostiene solo con decisiones políticas. Necesita el respaldo de las armas y del poder militar”, afirma.
Las leyes de impunidad, la persecución sobre los jueces que se niegan a aplicarlas y los beneficios otorgados a los institutos armados forman parte, en su opinión, de ese mismo plan.
Tres décadas después el fujimorismo vuelve al poder con relativa mayoría parlamentaria, un control sobre las instituciones de justicia y una estrecha alianza con las Fuerzas Armadas. Como en los años noventa.
26-06-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 788 año 17, del 26/06/2026
