Los crímenes del jefe
Carlos Rivera
A pocos días de las elecciones presidenciales, creemos de particular importancia poner sobre la mesa un asunto sobre el cual no debemos apartar la mirada: la corrupción de los noventa y el rol protagónico de Alberto Fujimori. El constante debate sobre su probable indulto pareciera ser el principal elemento alrededor del cual vale la pena debatir hoy, pero en estas circunstancias resulta indispensable tener presente algunas características de la corrupción sistemática de aquellos años, más aun si la candidata Fujimori no tan sutilmente pretende convencer a los electores de que esos fueron los mejores años de nuestra historia.
Justamente, un elemento que marcó la diferencia fue el carácter sistemático de la corrupción de esa década. Y vaya que en el Perú hay muchos gobiernos que le hacen la competencia. La corrupción pasó del pillaje a la actividad criminal organizada alentada desde la máxima esfera del poder, del crimen individual a una suerte de política pública de un Estado capturado por una banda. Eso fue el Perú de Fujimori y Montesinos. No hay razón para olvidarlo.
Y no se crea que el asunto comenzó con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. La investigación que hace pocos días publicó IDL-Reporteros da cuenta de cómo Fujimori hizo su primer millón, nada menos que con la plata de las donaciones que ciudadanos japoneses enviaron al Perú al poco tiempo que el Chinito asumió el poder en julio de 1990. Muy simple. Metió la plata a cuentas personales de las que nadie más supo nada. Yuca con todos.
En ese contexto, el control de los aparatos de seguridad resultaba fundamental. Para ello, desde el inicio Fujimori definió un plan de copamiento con personas sometidas a sus intereses. Así, por ejemplo, Julio Salazar Monroe declaró en juicio que, semanas antes de asumir el mando en 1990, Montesinos lo invitó a su departamento y le ofreció el cargo de Jefe del SIN. Salazar permaneció 8 años en el puesto, pero ahora sabemos que el verdadero Jefe fue Montesinos y que ése fue el primer paso para controlar una de las instituciones claves del régimen y para el desvío de fondos del Estado. Ello, de manera indiciaria, nos demuestra que Fujimori llegó con un plan criminal para asaltar el Estado. Los hechos posteriores prueban de manera concluyente que lo logró.
Fujimori el condenado
Si bien la sentencia condenatoria por los crímenes contra los derechos humanos resulta la más importante no solo por los 25 años de pena que el tribunal de César San Martín le impuso, sino también por la relevancia política y jurídica para el país y para el mundo de que un ex Presidente de la República sea juzgado y condenado luego de ser extraditado, debemos tener en cuenta que en los otros tres procesos judiciales por delitos de corrupción de funcionarios Alberto Fujimori también fue condenado, y eso tiene una importancia también de primer orden, porque al final de cuentas nos muestra las dos caras de una misma moneda.
Los delitos por los que Fujimori fue condenado son los siguientes: 1) El caso del allanamiento a la casa de Montesinos. Hacia los días finales de su régimen Fujimori ordenó a elementos militares para que simulen un allanamiento en la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos con el objetivo de sustraer un número considerable de maletas y objetos que lo comprometían seguramente con otros hechos delictivos. 2) El caso de la CTS de $15 millones de Montesinos. En septiembre del 2000 Fujimori ordenó el pago de una CTS de 15 millones de dólares a favor de su socio Vladimiro Montesinos. El pago se hizo con dinero en efectivo, con plata del Ministerio de Defensa, y fue entregado en el SIN. Días después Fujimori convocó al Ministro de Defensa a Palacio de Gobierno y le “devolvió” los 15 millones de dólares también en efectivo. En el juicio se demostró que el dinero devuelto tenía billetes de diferente denominación al dinero con el que se le pagó a Montesinos. 3) El caso de la compra de congresistas y de medios de comunicación e interceptación telefónica. En este caso se juzgó los pagos con dineros del Estado a congresistas para que se cambiaran de bancada y se pasaran a la fujimorista, la compra de Cable Canal de Noticias y del diario Expreso con dineros del Estado, y la interceptación telefónica realizada desde una base instalada para tal fin en el mismo Palacio de Gobierno por orden de Fujimori.
Un dato resaltante de todos estos casos es que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Anticorrupción lograron desarrollar una intensa actividad probatoria gracias a la cual consiguieron demostrar no solo la realización de los delitos, sino —sobre todo— la responsabilidad penal de Fujimori. En los tres expedientes judiciales existen numerosas pruebas testimoniales y documentales que apuntan en una sola dirección. En ningún caso la defensa de Fujimori tuvo la capacidad de sostener —más allá de las declaraciones públicas— la inocencia del ex presidente. En ningún caso se podrá decir que las condenas son el resultado de un afán político. Son el resultado de las evidencias.
La estrategia de aceptar los delitos
Por eso en el juicio del caso del pago de la millonaria CTS a favor de Montesinos el ahora recluso de la DIROES no tuvo más que declarar que estaba conforme con la acusación. En términos concretos, aceptó que efectivamente había cometido el delito. Es cierto que su hija —la ahora candidata Keiko Fujimori— dice que su papá se vio obligado a aceptar la acusación para evitar que el juicio se convirtiera en un circo mediático, pero más allá de que esas palabras suenen un poco curiosas en la hija de quien sometió e instrumentalizó el sistema de justicia para proteger delincuentes, lo concreto es que Fujimori no quería explicar en juicio público —y televisado— de dónde había sacado los 15 millones de dólares en efectivo que devolvió al Tesoro Público, ya que, como hemos señalado, eran billetes de diferente denominación a los que se le entregaron a Montesinos. Vivo el Chino. Y su hija lo sabe. Pero, además, en el caso de la compra de congresistas y de medios de comunicación y la interceptación telefónica Fujimori también declaró la conformidad con los cargos. O sea, también aceptó que cometió esos delitos. Entonces nos encontramos ante un sujeto que acepta los cargos criminales porque sabe que las penas por delitos de corrupción no son tan drásticas, pero sobre todo para evitar dar explicaciones públicas sobre su intervención criminal en juicios que eran televisados.
La sentencia del caso de allanamiento —emitida el 11 de diciembre del 2007— señala que Fujimori, teniendo el deber de hacer cumplir la Constitución, impartió directamente una orden ilícita (usurpar funciones) a quien estaba subordinado a su poder. En la sentencia del caso de la CTS —emitida el 20 de julio del 2009— se indica que entre Fujimori y Montesinos medió un concierto criminal para apropiarse de los fondos del Tesoro Público. Agrega que el ex presidente ideó y ejecutó un recorrido criminal con ese fin. En la sentencia del caso de la compra de congresistas —emitida el 30 de septiembre de 2009— se señala que Fujimori, junto con Montesinos y los comandantes generales de las instituciones armadas, decidieron comprar las acciones de Cable Canal de Noticias con dinero del Estado; por otro lado, la sentencia también declara que Fujimori y Montesinos decidieron “reclutar” diversos parlamentarios de diferentes bancadas, para lo cual idearon un plan que comprendía el desvío de fondos públicos para “comprar” a dichos congresistas.
¿Qué se demostró?
Más allá de que en los cuatros procesos judiciales —incluido el caso de derechos humanos— instalados contra Fujimori se demostró de manera fehaciente que los delitos se cometieron y su propia responsabilidad delictiva, hay algunos asuntos particularmente relevantes que las sentencias dictadas en los delitos por corrupción nos demuestran.
La primera conclusión de la que dan cuenta las sentencias es que Fujimori fue el jefe de una organización criminal. Teniendo en consideración la gravedad y sistematicidad de los delitos, no nos debería sorprender, pero estamos hablando de alguien que mientras se cometían estos delitos era nada menos que el Presidente de la República. Entonces las cosas cambian, y la dimensión e impacto de los delitos asumen connotaciones poco conocidas. Por ello al inicio afirmábamos que en el Perú de los noventa el poder fue conquistado por una organización delictiva, por una mafia. Y Fujimori fue el capo.
La segunda es que los crímenes fueron perpetrados de manera sistemática. Esto quiere decir que hubo una organización, un jefe que emitió órdenes y que tuvo con Montesinos una verdadera legión de ministros, congresistas, funcionarios, militares, policías, jueces y fiscales cumpliendo un determinado rol criminal para la ejecución de los crímenes.
La tercera es que Montesinos fue su socio. Es evidente que Vladimiro Montesinos fue su socio y su principal operador. El poder que Fujimori le dio desde semanas antes de asumir el gobierno en 1990 para que se hiciera cargo real del SIN da cuenta de la existencia de una sociedad criminal que solo se fracturó, pareciera, a fines del 2000.
La cuarta es que Fujimori tuvo un plan para corromper a las principales instituciones del Estado y sustraer sistemáticamente los dineros del Estado. La consistente concatenación de hechos criminales —desde la apropiación de las donaciones, pasando por el desvío de fondos para financiar los estudios de sus hijos en el extranjero, hasta el allanamiento de la casa de Montesinos— establece una constante fáctica que solo responde a la existencia de un plan ejecutado bajo la cobertura del poder y del sometimiento de las instituciones llamadas a investigar y denunciar los delitos y cualquier hecho ilegal.
La quinta es que todos los hechos delictivos tuvieron como objetivo la sustracción de dineros del Estado. Cuánta plata sustrajeron del Tesoro Público. Solo un par de datos: a Montesinos le encontraron en Suiza una cuenta con 59 millones de dólares; el general Nicolás Hermosa, luego de ser detenido, devolvió 20 millones de dólares. Haga usted su cálculo, pero la Procuraduría Anticorrupción calculó que podrían ser unos 6.000 millones de dólares.
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