Continuum de la violencia
Rocío Silva Santisteban
Desde hace algún tiempo algunos investigadores, periodistas y analistas están preguntándose de qué manera los actuales conflictos sociales están vinculados con una especie de “violencia supérstite” remanente de lo que algunos llaman conflicto armado interno, otros época de la violencia política y otros “los años del terrorismo”. Como siempre lo vengo repitiendo: solo el uso de la nomenclatura sobre este tema en nuestro país nos posiciona ideológica y políticamente.
Por eso mismo, para ciertos sectores estatales –sobre todo de inteligencia– la relación se da entre los vínculos oscuros de dirigentes que purgaron sentencias por terrorismo o que están cercanos o son claramente afiliados al Movadef, con el liderazgo de movimientos por la tierra y por el agua a los que suelen calificar de “antimineros”. Como si se tratara de un adjetivo que define por negación a un grupo, lo cual es absolutamente absurdo porque jamás los protestantes se oponen a la extracción por sí misma sino a la contaminación que acarrea, los servicios de inteligencia siguen construyendo un hilo entre unos y otros. Hilo invisible que no sirve para dar puntadas, dicho sea de paso. Así los “antimineros” de Espinar, Tía María, Cañaris, Quiruvilca, Supayacu, Conga, entre otros, están vinculados entre sí para arruinar las grandes inversiones extranjeras porque quieren, ahora desde otras estrategias, tomar el poder local, regional o solo levantar perfil político y no dudan en azuzar a las masas siempre inocentes e ignorantes.
Entonces lo que sucede es que el “control” de los conflictos sociales pasa por una lectura errada de una respuesta represiva al estilo de los años 80. Finalmente, en efecto, se da el continuum violento pero por la respuesta del Estado anclada en esas lógicas: ampliar el control sobre la población civil a través de las Fuerzas Armadas y no solo de la policía; establecer puestos policiales en los campamentos mineros (y en algunos casos también puestos militares); denunciar en las fiscalías de prevención del delito a los diferentes líderes locales por adelantado; permitir que la policía pueda recoger cadáveres sin presencia de fiscal; hacer cambios jurisdiccionales, entre otras flexibilidades normativas. El aporte diferenciado de esta década del s.XXI son los convenios entre PNP y empresas extractivas a través de los cuales estas les pagan a oficiales y policías de tal suerte que el límite entre una fuerza pública y una privada prácticamente se ha fusionado.
Junto con la flexibilidad normativa también tenemos una justificación discursiva de un desprecio al “otro que protesta” o, en todo caso, una conmiseración hacia esas masas ignorantes atizadas por caudillos inescrupulosos. Que un campesino no sepa leer no implica que no conozca perfectamente sus necesidades económicas, sociales y ecológicas y asuma una posición política en torno a ellas. El agua, señores, es un elemento poderoso y transparente para enfocar una necesidad vital que, además, se prolonga por generaciones. Entender eso no requiere un doctorado en geología sino tener la certeza de que los poderosos pueden cerrar el caño, entubar el río o secar las lagunas, con completo apoyo de la PNP y las fuerzas armadas, las fiscalías y con mucho dinero. Ese es el continuum violento en versión aggiornada al siglo XXI.
http://www.larepublica.pe/
