Ley Pulpín: De la protesta a la propuesta
Claudia Cisneros
Lo dijo hace más de 300 años John Locke, padre del liberalismo moderno. Cuando el gobierno deja de proteger a los individuos que le han cedido su poder por el bien común, el pacto entre ciudadano y Estado se quiebra y el Estado pierde legitimidad. Entonces, los gobernados no solo tienen el derecho sino el deber de rebelarse. (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Cap.XIX)
Es penoso constatar cómo en el Perú aquellos que se dicen liberales políticos son en verdad solo liberales de cuño económico. Esgrimen una falsa defensa universal de las libertades cuando en la práctica priorizan por encima de cualquier otra libertad, la del mercantilismo disfrazado de bien común. Invierten sus energías y dineros en lobbies que influencien en gobernantes, ministros, legisladores o “primeras damas” para que conviertan su beneficio privado en leyes contrarias al bien común. Esos son los tiempos políticos que vivimos en el Perú y en otras democracias occidentales donde el liberalismo económico se ha instalado como parasitario de la democracia.
Si los que se dicen liberales en el Perú fueran mínimamente consecuentes con su supuesta defensa a las libertades, no se opondrían por ejemplo al derecho legítimo a la protesta. Entenderían, como hace 300 años lo hizo Locke, que cuando la autoridad subvierte los fines por los cuales el soberano le cedió su poder, queda deslegitimada. Entenderían que como ciudadanos tenemos el derecho y deber de desobedecer a las autoridades corrompidas.
Pero a los pseudoliberales peruanos no les gusta que se les recuerde eso, porque quieren mantener su coartada liberal para seguir usufructuando del pueblo y la democracia. Los pseudoliberales peruanos jamás aceptarán mirarse en el espejo de lo que son: sucios neoliberales que reducen todo valor o principio a lo económico, y a lo económico que los privilegie aunque perjudique a otros. Se escudan tras el falaz concepto de “libre mercado”, que en la práctica está completamente intervenido por su influencia y presión para que las autoridades legislen a su favor.
Si los neoliberales de la Confiep, ADEX, SNI y sus ocasionales consortes de gobierno fueran liberales de verdad, respetarían y defenderían la libertad ciudadana de protestar ante la afectación a sus derechos. Pero nada de eso pasó en el Perú neoliberal durante el episodio de la nefasta Ley Pulpín (publicada el 16 de diciembre de 2015 y derogada el 26 de enero de 2015) . Las 5 marchas juveniles fueron duramente reprimidas, los jóvenes detenidos abusivamente, privados de su defensa, los líderes juveniles vigilados en sus casas, amedrentados por el ministro Urresti (hoy quiere ser Presidente) con una “denuncia previa” (¡un delito futuro!). Los liberales de verdad jamás se hubieran prestado a promover o permitir que a los jóvenes que defendían sus derechos se les intentara asociar al terrorismo de Movadef y se les infiltrara policías encubiertos que hacían de estudiantes violentos para desacreditarlos. Un verdadero liberal, ni por asomo hubiera aceptado que las fuerzas del (des)orden exigieran presentar DNI para ir a protestar legítimamente (https://goo.gl/S9DMrE).
Por eso las movilizaciones contra la Ley Pulpín fueron históricas. Porque tuvieron a jóvenes ejerciendo ciudadanía y control político. Porque reivindicaron el legítimo derecho y deber ciudadano a la protesta. Ha pasado exactamente un año de la primera marcha (18 de diciembre) y un grupo de jóvenes que estuvo en las calles ha presentado una propuesta de “Ley de Primer Empleo Digno y Productivo” (#Buenachamba), trabajada con reputados expertos en materia laboral y formativa como Fernando Villarán y Javier Neves (ex ministros de trabajo), Álvaro Vidal, Julio Gamero, Ricardo Cuenca, entre otros. Un proyecto que gracias a las nuevas tecnologías está a disposición del debate público en este link: https://goo.gl/598Wo4
Así se construye democracia y ciudadanía. Le toca ahora a los políticos, legisladores y candidatos pronunciarse sobre este documento de alta calidad y que busca fomentar el empleo formal de jóvenes sin recortar sus derechos, respetando su dignidad y promoviendo la productividad nacional. Esta ley garantiza su remuneración mínima vital, descansos remunerados, gratificaciones de Fiestas patrias y Navidad, seguridad social y CTS; promueve beneficios tributarios empresariales por capacitación y responde a las necesidades políticas, económicas y sociales del país. Aquí, autoridades presentes y futuras, ponen a prueba su real adhesión a la democracia, los derechos y la libertad. Ahora es cuando.
