Perú: Hecho de barro
Alonso Zambrano
El documento fiscal que acusa a Gustavo Gorriti de cohecho activo es una prueba poderosa de que el Ministerio Público ha caído en las manos de una auténtica banda
Arrancó oficialmente la temporada de caza. La denuncia fiscal contra el periodista Gustavo Gorriti es el disparo de salida. El primer peldaño de una escalera a las cloacas del aparato de justicia. El objetivo es castigar a quienes han aireado la corrupción en la cúpula del poder y mandar una advertencia a futuro.
“La intención es llevar a cabo una represalia contra los periodistas y fiscales que investigaron los casos Lava Jato y Cuellos Blancos. Hay una intención punitiva por parte de una mafia que ha reconquistado el poder”, sostiene Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros y víctima de esta persecución.
El documento que sustenta la denuncia tiene 204 páginas. Fue firmado el 10 de julio por el fiscal Edward Casaverde y remitido al Fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez.
En el expediente el fiscal Casaverde solicita autorización para formalizar la investigación preparatoria contra Gorriti. Le imputa los delitos de cohecho activo específico, es decir, lo acusa de entregar una dádiva o coima a funcionarios públicos a cambio de prebendas. Los funcionarios públicos son los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
“Es una denuncia que no tiene sentido”, advierte el abogado penalista Aarón Aleman. “El fiscal ha hecho una interpretación absolutamente retrógrada del papel del periodismo”, dice Carlos Rivera, abogado del IDL.
El origen del expediente se remonta a enero de 2024, cuando Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Patricia Benavides, declaró ante la Fiscalía que existía una “dinámica de prestaciones mutuas” entre Gorriti y los fiscales Vela y Pérez.
Dos años después, en diciembre de 2025, el propio fiscal Casaverde archivó el caso al concluir que las declaraciones de Villanueva “carecían de la solidez necesaria” y que no existían elementos que corroboraran ningún pacto entre los investigados.
El procurador anticorrupción Mario Luna Ramos apeló la decisión fiscal y el expediente pasó a manos de la fiscal suprema adjunta Karla Zecenarro, quien en abril de 2026 ordenó a Casaverde una nueva valoración de los hechos.
El 10 de julio Casaverde emitió un nuevo informe solicitando formalizar la investigación preparatoria.
Carlos Rivera sostiene que ese cambio de criterio no respondió a la aparición de nuevos elementos. “Inicialmente el fiscal Casaverde contrastó lo que dijo Villanueva con otros testigos y llegó a la conclusión de que no había ningún delito. Pero luego el caso llegó a manos de la fiscal Karla Zecenarro, que actuó casi como abogada de Villanueva, y dice que el fiscal Casaverde se ha equivocado en la forma de valorar los hechos. Anula todo y pide que se haga una nueva valoración”, señala.
Rivera añade que el nuevo informe concede un peso desproporcionado al testimonio de Villanueva. “Es impresionante cómo ahora se pretende darle mucho valor a lo dicho por Villanueva y diluir todo lo que dijeron los demás testigos que lo desmentían”, afirma.
Casaverde se hizo conocido por conducir las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y la exjefa del gabinete Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Sus audiencias se hicieron virales en redes sociales por las reprimendas que le hacían los jueces.
El juez Iván Guerrero le llamó la atención en varias oportunidades por formular imputaciones que, a criterio del magistrado, carecían de sustento. “Señor fiscal, no se pueden hacer afirmaciones subjetivas” y “Señor fiscal, esto no es un espacio académico al que usted venga a aprender” fueron algunas de las observaciones que le hizo cuando Casaverde sostuvo que se podía “inferir” que Aníbal Torres había redactado el discurso de Castillo a partir de “observar un documento”.
Según el sistema de denuncias fiscales del Ministerio Público, Casaverde registra una denuncia por presunto prevaricato presentada en enero de 2024 y otra por presunto cohecho vinculada a su desempeño como fiscal en Huancavelica en 2020. Son casos que aún están abiertos.
En la denuncia de Casaverde contra Gustavo Gorriti se incorpora como evidencia tres columnas de opinión escritas por el periodista y publicadas entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 en el portal de IDL-Reporteros. En ninguno de los textos hay información de carácter reservado.
Aun así, el expediente fiscal las presenta como los supuestos “beneficios” que el periodista habría brindado a los fiscales. “El investigado es un periodista y, obviamente, su labor es hacer reportes, independientemente de la fuente que pueda proveerle información”, señala Aarón Aleman.
El informe atribuye a Gorriti haber brindado beneficios indebidos a los fiscales como diseñar estrategias de investigación, brindarles respaldo mediático, organizar movilizaciones ciudadanas a su favor, brindar facilidades para que sean contratados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y favorecer la cobertura del caso Cócteles.
“No hay coherencia ni congruencia con respecto a lo que la Fiscalía sostiene. Decir que esos hechos configuran delito es forzar la figura del cohecho”, dice Aleman.
La Fiscalía sostiene que Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron incorporados como docentes de la Universidad Católica por intermediación de Ernesto de la Jara Basombrío, fundador de IDL y docente de esa casa de estudios, pero no presenta ningún sustento de que Gorriti haya intermediado en dichas contrataciones.
“Te soy sincero, en IDL no teníamos ni idea de que ellos habían sido profesores en esa universidad”, dice Rivera.
Sobre el intento de vincular esas contrataciones con un presunto tráfico de influencias, Aleman concluye: “No resiste el mayor análisis la tipicidad de la conducta delictiva que le están imputando”.
La Fiscalía ha citado como testigos a otros periodistas que cubrieron el caso Lava Jato. Han sido notificados Rosana Cueva, de Cuarto Poder; Marco Vásquez, de Panorama; y Graciela Villasís, exjefa de la Unidad de Investigación de “El Comercio”. Casaverde quiere interrogarlos sobre “la presunta filtración de información correspondiente a las investigaciones de los casos Lava Jato”.
Para el abogado penalista Percy Sampén ese requerimiento podría vulnerar el secreto profesional de los periodistas. “Preguntarles por sus fuentes sería vulnerar su secreto profesional”, dice.
“El pretender citar a periodistas para exigirles, bajo el eufemismo ese de las filtraciones, que revelen quién les entregó información, es un acto más para hostilizar al periodismo”, advierte Zuliana Láinez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
“Lo que estarían intentando los fiscales es crear una suerte de censura previa con esta figura para evitar la revelación de información reservada”, agrega.
“Todos los periodistas de este país, absolutamente todos, iban a la Fiscalía cuando estalló el caso Lava Jato (…). El hecho de que a Gustavo Gorriti lo acusen de cohecho por hacer reportajes me parece absurdo. No veo que tenga ni una pizca de sentido”, dice Graciela Villasís.
Carlos Rivera, de IDL, advierte que la denuncia no necesariamente busca obtener una condena. “Vamos a tener a Gorriti y a los fiscales empapelados por ocho meses más y con la posibilidad de que realicen, inclusive, solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones”.
Gorriti sostiene que la estrategia guarda similitudes con los procesos impulsados en Guatemala contra fiscales y periodistas que investigaron redes de corrupción, y teme que este caso siente un precedente para futuras investigaciones periodísticas en el Perú.
“Esto sigue casi al pie de la letra el modelo de Guatemala, cuando el gobierno se lanzó a destruir investigaciones que se hicieron por casos de corrupción y llevó a prisión y al exilio a un gran número de jueces, fiscales y periodistas”, dice el director de IDL-Reporteros.
24-07-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 792 año 17, del 24/07/2026
