Perú: Gritos de odio
Hernán P. Floríndez
“¿Tú eres Avelino Guillén?”, le preguntaron al exfiscal supremo cuando estaba por recoger su bolsa de pan en el supermercado Ebony de San Borja. Eran casi las siete de la noche y frente a él una pareja lo esperaba y miraba de reojo. Guillén, que había tenido un almuerzo familiar por el fallecimiento de su madre, asintió. La respuesta fue una andanada de insultos: “¡Terruco hijo de puta!”. “¡Toda la vida cagaste a Fujimori!”. “¡Anda a llorar al Lugar de la Memoria!”. “¡Te voy a sacar la concha de tu madre!”. Guillén siguió en lo suyo: tomó su pedido y se retiró de la tienda en silencio, mientras una tercera persona lo aguardaba fuera del local para grabar la agresión. En unas horas, el video se hizo viral en el lodazal de las redes sociales.
“Eso fue organizado. Hubo una distribución de roles. Me fijaron como objetivo y conocían mi rutina. Buscaban la mínima respuesta para justificar una agresión mayor. Lo difundieron en videos y luego se ufanaron en audios que repartieron por las redes sociales. Conmigo han querido mandar un mensaje de terror a los fiscales y jueces: ‘mira lo que te puede pasar a ti’”, explica el exfiscal. ¿Por qué Avelino Guillén es blanco de este odio enconado y corrosivo?
Hijo de padres quechuahablantes de Apurímac, estudió Derecho en Lima motivado, entre otras cosas –dice–por las lecturas de Manuel Scorza y el duro retrato que leyó sobre el sistema de justicia. En 1980, recién graduado por la Universidad San Martín de Porres, trabajó como Juez de Paz no Letrado en Villa El Salvador. Allí, en el último escalafón del Poder Judicial, resolvió conflictos domésticos, de deudas, líos de pareja, disputas por ganado y tierras. Enfrascado en revanchas y litigios de entrecasa, no podía imaginar entonces que, un año después, estaría por emprender una vertiginosa carrera como persecutor del delito en el Ministerio Público. Menos aún que algún día sería el fiscal encargado del histórico juicio contra Alberto Fujimori, el presidente más corrupto de la historia del Perú. Pero hasta alcanzar su clímax profesional, Guillén tenía por delante una trocha persiguiendo criminales de toda ralea.
Primero fue abogado auxiliar de la Fiscalía Provincial de Lima y en 1982 fue nombrado en Pucallpa Fiscal Adjunto Antidrogas. En 1984 fue destacado a Ayacucho como Fiscal Adjunto Provincial. Allí se encargó de resolver casos de asesinatos masivos como el de los seis evangelistas en Callqui y la matanza de 50 campesinos en Huanta.
En 1986 fue nombrado Fiscal Adjunto Superior en Lima, donde llevó duras audiencias dentro del penal de Castro Castro contra la delincuencia común: asesinos, violadores y secuestradores.
En abril de 1992, después del golpe de Estado, Fujimori y su secuaz Montesinos ejecutaron la purga del Poder Judicial y Fiscalía. Avelino Guillén fue uno de los afectados.
Regresó dos años después, tras aprobar con buenas calificaciones el concurso público para Fiscal Superior en Lima. Volvía por la puerta grande, a la Fiscalía de la Nación, con un despacho en el piso 8, en la Sala Suprema Civil que debido a la carga laboral resolvía también algunos expedientes penales. Una planta más arriba estaba la mandamás de la institución: Blanca Nélida Colán, sirviente a destajo del dúo Fujimori-Montesinos.
“Cuando se produce la caída del régimen de Fujimori, desde la Suprema Civil, donde yo seguía trabajando, formulamos acusación contra ella por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. Presentamos todo: videos, testigos, los intermediarios de los pagos, las desviaciones de dinero del SIN. No tuvo ninguna posibilidad de contradecirnos”, recuerda Guillén.
Luego, como adjunto en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, llevó las pesquisas de algunos de los casos emblemáticos de la corrupción del gobierno fujimorista: las acusaciones contra el excongresista Alberto Kouri, el exministro del Interior José Villanueva Ruesta; contra José García Marcelo, uno de los exvocales del Tribunal Constitucional que recibió sobornos de Vladimiro Montesinos; contra Víctor Joy Way, expresidente del Congreso, por asociación ilícita y defraudación tributaria; contra Jorge Baca Campodónico, exministro de Economía, por cohecho pasivo y malversación de fondos; contra jueces supremos corruptos y congresistas tránsfugas. La lista resulta interminable. Y así fue como Guillén investigó y construyó los expedientes de los mafiosos más poderosos de los 90. Ese es el germen del odio que hace unos días quedó registrado en el cortometraje callejero.
Fue también por esa trayectoria que el fiscal superior José Peláez Bardales, pese a las reticencias iniciales, lo convocó para liderar el grupo de trabajo a cargo de la extradición y acusación de Alberto Fujimori. “Yo tenía una ventaja sobre el grupo de fiscales convocados por Peláez: seis años de experiencia en juicios contra todos los nodos de la red. Conocía los hechos, las motivaciones, sus celos, las relaciones entre ellos”, dice Guillén.
Se sumó al equipo como adjunto supremo y se encargó de preparar la estrategia probatoria: la relación de 586 pruebas entre testigos y documentos que sustentó en 16 audiencias públicas y consecutivas.
Protagonizó las sesiones de interrogatorios más tensas contra el dictador. En una ocasión, cuando el acusado hacía caso omiso a las indicaciones fiscales, Guillén, ante un estupefacto Fujimori, le espetó: “¡Cuando yo hablo, usted responde! ¿Entiende?”.
En todo momento lo llamó “acusado” y ordenó cambiarle la silla de diseño gerencial que le habían colocado por una más sencilla, como las que utiliza cualquier encausado.
Uno de los momentos más dramáticos de aquel juicio fue cuando Guillén identificó una por una a las personas asesinadas por el grupo Colina. “Yo quise introducir a las víctimas en el proceso, sus nombres, edades, circunstancias de muerte. Que todos escuchen por quiénes estábamos ahí y que los familiares no solo fueran convidados de piedra”, explica Guillén.
Probar que Alberto Fujimori era responsable de los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos es una misión casi imposible. Cuando un presidente manda a matar no hay órdenes escritas. No lo hizo Fujimori en Perú, pero tampoco Pinochet en Chile o Videla en Argentina, por citar ejemplos cercanos.
Por esto, la Fiscalía se centró en determinar cuál fue la cadena de mando a la que respondía el Grupo Colina, su dependencia del Servicio de Inteligencia Nacional y, por ende, el control de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos sobre las “operaciones especiales”, cuyo objetivo era la ejecución extrajudicial de las víctimas.
“Se formó un aparato organizado de poder, en cuya cabeza estaban Montesinos y Fujimori. Ellos integraban un órgano de decisión que a través de una cadena de mando de altos jefes militares tenían un órgano ejecutor: el destacamento Colina. Fujimori apostó por utilizar el aparato de inteligencia para realizar esas operaciones de guerra sucia. Montesinos discutía y aprobaba las acciones de la política de eliminación, política que ya contaba con la autorización de Fujimori”, describe Guillén.
El fiscal apuntaba las posibles pruebas, estrategias y preguntas en una libreta personal que lo acompañaba las 24 horas del día. Durante las noches ponía el cuaderno en un velador al costado de su cama. Cuando en medio de la noche se despertaba con una idea o inquietud, la anotaba.
Su trabajo metódico le sirvió para que un integrante del grupo Colina se convirtiera en colaborador eficazy aportara centenares de comunicaciones oficiales con el SIN, documentos sobre la formación del escuadrón asesino y acerca de los recursos financieros para las operaciones. A lo largo del proceso, otros seis integrantes del Grupo Colina optaron por colaborar con la justicia.
En las audiencias, el fiscal Guillén dejó en evidencia cómo el régimen de Fujimori maniobró para que no se investigaran los crímenes del escuadrón y, finalmente, se amnistiara a los asesinos.
Fueron decisivos los testimonios de altos mandos militares que describieron cómo se operaba en el SIN y cómo se utilizaron decretos secretos para desviar recursos públicos para solventar la “guerra de baja intensidad”. También dieron cuenta de las coordinaciones de Montesinos para el aprovisionamiento de armamento y el poder otorgado por Fujimori a Montesinos para designar a los mandos militares.
“Yo le mostré a Fujimori durante el juicio las felicitaciones de su gobierno al destacamento Colina. Teníamos tal cantidad de evidencias que era imposible suponer que este grupo actuó sin la aprobación de Fujimori y Montesinos. Todo el poder emanaba de ellos. Al final eran dos caras de la misma moneda”, dice Guillén doce años después de la condena a Alberto Fujimori.
Contra todo pronóstico, la honesta y eficaz trayectoria de Guillén no fue suficiente para acceder al cargo de Fiscal Supremo.
En 2010 fue desaprobado por un grupo de juristas del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura. Era la revancha de la derecha que había lucrado con Alberto Fujimori y hasta ahora se agazapa tras bufetes de postín.
Avelino Guillén entendió el mensaje y ese año renunció al Ministerio Público. Desde entonces ha participado de la vida política en cada contienda electoral. Siempre en la acera contraria del fujimorismo.
“Uno no está libre de que ahora por la calle vengan y nos persigan, peguen o maten. Viendo lo que le han hecho al fiscal, otra vez se evidencia qué cosa es el fujimorismo”, dice Raida Cóndor, madre de Armando Amaro, uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. “Este nivel de odio de los fanáticos y seguidores de Fujimori es peligroso, nosotros nunca vamos a responder así, pero nos deja a todos en alerta, advertidos. Hay un intento de borrarnos, de tildarnos de terroristas. Como familiares lo hemos experimentado cada vez que hemos denunciado”, añade Carmen Amaro, hermana de Armando.
Según la denuncia policial, los tres agresores de Guillén se subieron al mismo carro de placa BSJ-318, que está a nombre de la empresa Infinite Communications S.A.C. Entre el 2015 y 2021 esta compañía firmó contratos con el Estado por más de seis millones de soles. Ha proveído con sus servicios a la PCM y a los ministerios del Interior, Educación y Defensa.
El gerente general, Gianpiero Silva Montejo, admirador de Keiko Fujimori en las cloacas de las redes sociales, coincide con la descripción física del atacante. Silva Montejo se jactó de haber humillado a Guillén. Celebró su barbarie.
El pasado martes 21 Silva admitió ante la Primera Fiscali´a Corporativa Penal que sí estuvo presente durante la agresión a Avelino Guillén. Fue lo único que dijo porque, después, optó por guardar silencio, según describió a esta revista Carlos Rivera, abogado defensor de Guillén. Al término de la audiencia, la Fiscalía dispuso que se le incluya como investigado por acoso agravado.
Guillén está convencido de que las agresiones en su contra y otros objetivos van a continuar. No son hechos aislados –advierte–. Es un plan que apunta a crear un clima de violencia social de tal envergadura que justifique la vacancia presidencial. “Cuando yo interrogaba a Fujimori me di cuenta perfectamente de que la democracia le era un lastre. La detestaba. La ve como un problema, como un diálogo estéril, inútil. Para saltarse la democracia tenía un Estado paralelo con el que coimeaba a medio país. El fujimorismo necesita de ese miedo para justificar sus prácticas, inventar un enemigo que permita un enfrentamiento radical y así, cuando la población viva en un clima de terror, los busquen como única tabla de salvación. Ese es su caudal electoral”, explica.
A sus 67 años, Avelino Guillén piensa en irse a vivir a Apurímac o Ayacucho donde inició su carrera y comprendió que ser fiscal “es un compromiso ético con la sociedad”.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°558, del 24/09/2021 p8
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