Perú: La verdad sale a la luz
Ronald Gamarra
La verdad sobre lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre, donde 10 personas murieron durante las protestas en esa ciudad, se ha abierto paso gracias a profundas investigaciones de IDL-Reporteros y esta revista. La primera conclusión es que las autoridades mintieron absolutamente, con total descaro y abierto cinismo, sobre lo acontecido y sus circunstancias. Engañaron desde la presidenta Dina Boluarte, pasando por el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Pedro Angulo, y sus ministros de Interior y de Defensa, este último Alberto Otárola, actual primer ministro. Falsearon la realidad entonces y después, y siguen manteniéndose en ello ahora.
Las pruebas son contundentes, objetivas e incuestionables, diría que definitivas. Ante los enormes vacíos de la versión oficial y la indiferencia del gobierno frente a estos y otros graves hechos que implican decenas de muertes en las manifestaciones de protesta de diciembre y enero, y ante la inefectividad de la administración de justicia, un puñado de periodistas de investigación se puso a rastrear los acontecimientos, buscar información policial y militar, recoger testimonios, hacer líneas de tiempo y recopilar videos grabados por personas individuales o cámaras callejeras. El resultado apareció el pasado fin de semana en ambos medios mencionados y coincidían en sus conclusiones. La versión oficial, cómo no, era una vulgar mentira.
Nos dijeron desde el gobierno que las muertes se produjeron en circunstancias en que una multitud beligerante trataba de tomar por la fuerza las instalaciones del aeropuerto de la ciudad, una infraestructura cuya importancia nadie pone en duda. La fuerza militar habría actuado in extremis ante el ataque. La discusión, entonces, se trasladó al terreno de saber si se había actuado correctamente en el empleo de la fuerza al defender el aeropuerto o si se había hecho un uso abusivo de ella. Naturalmente, había en la propia versión oficial demasiados indicios de que se había incurrido en la hipótesis del uso desproporcionado de la fuerza, empezando por el recurso a las armas de guerra.
Los informes de IDL-Reporteros y esta revista prueban de manera irrefutable que ninguna de las muertes se produjo en el aeropuerto. Todas sucedieron fuera de esas instalaciones, incluso la mayoría de ellas a distancia muy considerable del aeródromo, a varias cuadras de él. Más aún, las víctimas en ningún caso portaban armas de ningún tipo ni estaban en posición o actitud de atacar. Incluso un chico de 15 años es asesinado cuando cruzaba a solas una calle, sin participar en manifestación alguna. Se trata de víctimas causadas por patrullas militares que persiguen gente y tiran a matar, no que se defienden de los ciudadanos que protestan.
Paradójicamente, en una zona del mismo aeropuerto que estuvo ocupada por más de tres horas por un grupo de manifestantes que llegó a colocarse en un extremo de la pista, la patrulla militar de esa área pudo contenerlos y al final desalojarlos sin hacer uso de sus armas de guerra ni causar lesiones o muertes. Y sucede, sin embargo, que la mayoría de las víctimas se produce en los alrededores, cuando ya el establecimiento estaba completamente bajo control castrense, desocupado de ciudadanos en marcha. El contraste entre la patrulla que controla y desplaza a los manifestantes de la referida pista sin causar muertes y el comportamiento de la o las patrullas que actúan en persecución de los ciudadanos cuando ya el aeropuerto está libre, y los tirotean hasta ejecutarlos, evidentemente obedece a alguna orden. No responde a la mera y unilateral decisión de soldados descontrolados, incontinentes, carniceros.
El gobierno está en la obligación ineludible de responder ante estas investigaciones periodísticas de calidad y rigor impecables. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, todos los funcionarios del gobierno, desde la presidente Dina Boluarte, pasando por todos sus ministros, guardaban un silencio ominoso y muy revelador. No es haciéndose el desentendido que se pueden eludir las responsabilidades por acción u omisión. Las fuerzas armadas también, en particular, le deben una explicación al país. Y las aclaraciones solo son el primer paso porque es imprescindible que aquí se imponga la justicia, que ha de llegar, tarde o temprano.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 623 año 13, del 17/02/2023, p15
