Perú: Gobierna la corrupción
Ronald Gamarra
Al país lo gobiernan ahora, directamente, redes de corrupción. No lo rigen asociaciones de interés público y con ideología, o simplemente políticos. Antes, estos círculos trataban de infiltrarse a través de los partidos, consiguiendo contactos y operadores, y formando mallas. Ahora, eso ya no es necesario. Las estructuras de corrupción operan tan abiertamente al extremo de que han fundado partidos con representación en el congreso y el gobierno, desde donde se proyectan a copar el estado en general.
Los políticos que están en puestos clave del poder, sea que ostenten o no cargos públicos, pertenecen a poderosos y extendidos circuitos de corrupción que parasitan el estado como una metástasis. Se reparten los privilegios y se enriquecen saqueando a la administración, y desde allí favorecen los negocios sucios de una serie cada vez más abrumadora de actividades ilícitas que empobrecen a la nación, destruyen sus recursos naturales, perjudican el bienestar de la población y establecen sus propias reglas de juego falsificando las del estado democrático.
Caso emblemático es la desnaturalización y práctica destrucción de la SUNEDU, donde confluyeron los intereses bastardos y las angurrias hambrientas de la gran mayoría de partidos, que en muchos casos es casi lo mismo que decir bandas, para lanzarse como buitres sobre el lucro de una educación superior retornada a la fuerza al dominio de las universidades basura, dirigidas por gente como aquel que esta misma semana se autoerigió un monumento de cuerpo entero, bañado en el más huachafo dorado, en el campus de la universidad de la cual es señor de horca y cuchillo como los viejos gamonales.
La insistencia empeñosa de este congreso en lograr la destrucción de la Junta Nacional de Justicia no solo responde a intereses políticos de copamiento y control de las autoridades electorales y judiciales. También está impulsada vivamente por la conveniencia de los circuitos corruptos que quieren liberar de investigaciones, procesos y eventuales sentencias a la poderosa red de los magistrados “hermanitos” encabezados por el exjuez supremo César Hinostroza, hoy cómodo residente en Bruselas, fugitivo de la justicia, el mismo juez supremo que intercambiaba mensajes con la “señora K”. Las deudas del fujimorismo con esta red son innumerables y creen que este es el momento de saldarlas. Los casos de la SUNEDU y la JNJ son apenas dos muestras de un nutrido prontuario de acciones determinadas por la corrupción.
El político que, por azar de la historia, llega al poder sin una red propia de corrupción trata ahora de tejerla sobre la marcha. Fue claramente el caso de Pedro Castillo, cuya experiencia previa se limitaba a ciertos chanchullos de dirigente sindical demagogo y oportunista, pero que no perdió el tiempo para poner en marcha una telaraña de contactos reclutando a cuanto pillo con habilidades de traficante se le cruzaba en el camino. Es también hoy el caso del gobierno de Dina Boluarte, como se puede concluir de lo que se sabe hasta el momento sobre las sospechosas andanzas del hermanísimo Nicanor.
Las redes más poderosas de hoy son, como es evidente, las que articula el fujimorismo a través de su disciplinada fracción parlamentaria. No es casualidad, fue en el gobierno de Montesinos y Fujimori que se implantó la práctica de gobernar con dos circuitos paralelos: uno oficial, en gran medida solamente formal, aparente, y otro clandestino, pero con poder auténtico y decisivo, que es donde se toman las decisiones reales y donde confluyen los intereses mafiosos, que en aquel entonces centralizaba a las mil maravillas la pareja cogobernante. Con ello lograron establecer una dictadura aparentemente fuerte, que hizo sentir su hegemonía en el estado, aunque finalmente se derrumbara como un castillo de naipes tras una década de total control.
Para graficar el alcance de los círculos de corrupción formados o alentados desde el poder bastará con echar una mirada a tres casos importantes destapados en las últimas semanas. El primero es comparativamente un asunto menor y es el caso patético del presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, sorprendido en la llamativa coincidencia de favorecer con contratos del estado a dos personas que lo visitaron y que resultan ser sus amigas, aunque él intenta negarlo infructuosamente. Más allá de la picaresca, el caso ilustra claramente el modo patrimonialista con que se gobierna y se dispone de los recursos del estado y enseña en pequeño lo que se hace cotidianamente en grande. No olvidemos que el señor Otárola ya fue señalado antes por una intervención que no correspondía en el pago de 41 millones por parte de EsSalud a uno de los hermanitos de juerga de la congresista Rosselli Amuruz.
El otro caso expuesto hace una semana es el del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien aparece bajo la clamorosa “coincidencia” de que personas allegadas a él, que lo visitaron recientemente en su oficina, resultaron favorecidas con contratos prácticamente adjudicados a dedo. Muy suelto de huesos, el señor Josué Gutiérrez, llegado al cargo gracias a un intercambio de favores del cerronismo y el fujimorismo, dice que él no puede impedir trabajar a los demás. No le basta con destruir el capital institucional y humano de la Defensoría del Pueblo, que sufre un éxodo de funcionarios experimentados a los que sustituyen los favorecidos del nuevo mandón. El señor Josué Gutiérrez está en el proceso de armar su propio circuito de intereses particulares con su gente y sus validos.
El caso más impactante, sin duda, es el de Nicanor Boluarte, que implica directamente a Dina Boluarte, a pesar de que ella y su premier lo nieguen todo. Salta a la vista que Nicanor Boluarte está en la tarea de armar la red de intereses propia de la actual presidenta de la república. Lo demuestra la manipulación de prefectos y subprefectos nombrados por su hermana, con los cuales se propone construir un partido y a los cuales, de paso, se les saca dinero, “aportaciones” de tres a cinco mil soles para la causa a cambio del nombramiento. La norma que permitió trasladar de sopetón 20 millones para usar de inmediato, este mismo año, a un pueblo de 1,500 habitantes, fue firmada por la propia presidenta Dina Boluarte y su ministro de economía.
Ahora también se sabe que, detrás de todo el tinglado, aparece Joaquín Ramírez, exsecretario general y hombre fuerte de Fuerza Popular, brazo derecho de Keiko Fujimori en la campaña electoral del 2016, actualmente procesado por el caso de lavado de activos más grande de nuestra historia. Su presencia explicaría el porqué se prefirió entregar esos 20 millones al alcalde del pequeño pueblo de Nanchoc, con quien Ramírez aparece abrazándose efusivamente. El alcalde de Nanchoc se exulta, lo llama su mentor, su iniciador y guía en la política y celebra con él como si se hubiese sacado la lotería.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 662 año 14, del 17/11/2023
