Perú: Competencia de crueldad
Juan Manuel Robles
«A esa gente menor, esos pobres diablos, esos marrones, les pasó algo que, a fin de cuentas, podía pasarles»
Cuando hablamos de los asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas después de la caída de Pedro Castillo, no solo hay que recordar la indiferencia de gran parte de la ciudadanía, la complicidad muda de quienes miraron para el otro lado. Hay también un componente más activo y peligroso: la facilidad de muchísimos peruanos para aceptar la crueldad (que es, por supuesto, una forma de ser crueles). Me refiero a esa manera de aprobar que un grupo estigmatizado —revoltosos “terroristas”— tenga un castigo que supuestamente provocaron ellos mismos con sus acciones. Hablo de esa cantidad no menor de compatriotas que responde emocionalmente, pero no con compasión por los muertos y sus familias, sino con alivio íntimo por la supuesta amenaza disuelta. Repetirán alguna mentira de los medios —que quemaron a un policía, que ahogaron a unos militares, todo falso— pero será solo una excusa: a esa gente menor, esos pobres diablos, esos marrones, les pasó algo que, a fin de cuentas, podía pasarles.
La crueldad estuvo en el aire en esos meses terribles. Fue por esa crueldad, finalmente, que Dina Boluarte pudo prevalecer. Tres años después, son tiempos electorales, y buscamos desesperadamente una reserva moral. Pero no hay mucho de eso. Lo que hay es reserva de crueldad.
Por eso varios candidatos presidenciales pueden lanzar sus planes de “limpieza” con total desparpajo e indolencia. El objetivo a erradicar, esta vez, son los delincuentes extranjeros. Y los mensajes son más agresivos que nunca.
Keiko Fujimori, la líder en la sombra del pacto que gobierna sin haber ganado las elecciones, ha llevado a otro nivel eso de tomar el legado de su criminal padre. Ha dicho que en la época del terrorismo había redadas “casa por casa”, y que eso es lo que debe repetirse ahora. “Había rastrillajes, se cerraban los distritos”, detalló en una entrevista llena de nostalgia. El plan que dejó es claro: escuadrones de policías y militares tumbando puertas hasta “encontrar” a venezolanos sin documentos. Y también alguna arma que vean por ahí.
Por su parte, Rafael López Aliaga, el alcalde de los trenes bamba que ha convertido a Lima en una potencia mundial del endeudamiento y la ineptitud, ha gritado en una plaza pública: “¡Todo venezolano que no tenga papeles en regla el 28 de julio, se larga a Venezuela!”. Luego se ha reafirmado en sus declaraciones y ha sido más específico:
—Los vamos a llevar en barco.
Carlos Álvarez, el cómico de Vladimiro Montesinos que hace tiempo dejó de dar risa, se ha preguntado en una entrevista: “¿Hasta cuándo vamos a soportar que extranjeros, no solo delincuentes sino malcriados, hagan lo que quieran en nuestro suelo?”. También se ha referido a cómo han afectado esos inmigrantes a la bella capital peruana: “los distritos decentes de un día para otro se convirtieron en burdeles”. Álvarez quiere superar a Juan Luis Cipriani y dice: “¡al carajo los derechos humanos!”. Su idea es declarar a los venezolanos delincuentes “objetivo militar”, para poder “salir a cazar” extranjeros y, por supuesto, “eliminar” al que no se rinda.
No hace falta decir que sabemos en qué acaba este tipo de aproximaciones. A Keiko le gusta decir rastrillaje (“como se decía antes”) y eso, por supuesto, remite al terror que provocó su papá: criminalización sin motivo, delaciones sin fundamento, desaparecidos, y miles de inocentes en las cárceles (que el propio gobierno tuvo que liberar). Y claro, este tipo de redadas a lo bestia, cual ejército de ocupación, siempre se hace en los barrios pobres (cuando la candidata habla de requerir la ayuda de los “pobladores”, de “las comunidades”, no se refiere a los vecinos de San Isidro, se los aseguro). Emboscadas a domicilio allí donde las luces son más tenues y la impunidad florece.
La experiencia dice, además, que esto casi nunca sirve para disminuir el crimen y la inseguridad. Pero yo quiero concentrarme en la crueldad y su incentivo. La crueldad de dejar que esas ideas, la de asociar un gentilicio a una enfermedad social, la de convertir a tu vecino o colega en sospechoso y avalar eliminarlo —por muerte o por expulsión—, se expandan.
Así como entre el 2021 y el 2022 se instaló la idea de que ciertos peruanos contestatarios del ande y el altiplano eran terroristas —de Sendero Luminoso, para más señas—, hoy las “propuestas” parten de una premisa escandalosa que nos quieren imponer: que los extranjeros nos están matando, que los venezolanos están deteriorando nuestra vida. Ambas operaciones mentales crean la idea poderosa de un enemigo, alguien con características determinadas (una forma de hablar, un aspecto), y preparan el terreno para lo mismo: las muertes que vengan, los abusos que se den, la violencia armada, que siempre quiebra familias.
En nuestro país hay más de un millón y medio de venezolanos, hay unos 150 mil niños que han nacido en el Perú de padres o madres llegados de Venezuela desde 2017. Ellos son el Perú, nuestra comunidad es también la suya. Está claro que para algunos la crueldad de aceptar discursos de campaña que los estigmaticen existe. Esa crueldad que nos ha hecho tanto daño, que a veces requiere tan poco para activarse. Toca preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que los políticos incentiven esos discursos, atizando el fuego que hará tolerar, como si nada, un nuevo episodio negro.
29-01-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 767 año 16, del 30/01/2026
