Perú: El único golpe
Ronald Gamarra
«La delegación de facultades existe para la urgencia acotada, no para gobernar por decreto con la chequera de otro»
Hay frases que un gobernante debería evitar por simple pudor genealógico. Esta semana, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que el único golpe que dará su gobierno será contra la criminalidad, y advirtió al Congreso que está poniendo a prueba su paciencia. Dicha por la hija del hombre que un 5 de abril disolvió el Congreso por televisión y sacó los tanques a la calle, la promesa es una confesión involuntaria. En esa familia, la palabra golpe nunca ha sido del todo metafórica, y la paciencia con los contrapesos siempre ha tenido fecha de vencimiento.
La paciencia en cuestión se agota ante el pedido de delegación de facultades legislativas: 120 días para legislar en ocho materias que, desagregadas, suman 66 medidas y, según el predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, más de un centenar de asuntos distintos. Seguridad, cárceles y migraciones, pero también tributos, minería, empleo, vivienda y la reorganización de todo el Ejecutivo. No es una delegación: es una mudanza. El gobierno quiere llevarse a Palacio la mitad del mobiliario del Legislativo y promete devolverlo en cuatro meses, en buen estado.
Cuando estas líneas lleguen al lector, la comisión ya habrá votado el predictamen que recomienda archivar la solicitud, y quizá la historia haya dado otra vuelta. La bancada oficialista, por lo pronto, respondió con una moción de censura contra la presidenta de la comisión: así entiende el fujimorismo la deliberación. El resultado cuenta, pero pesa menos que lo que el debate dejó al descubierto. Porque el pedido, leído con atención, no es un catálogo técnico. Es un programa.
Vale la pena detenerse en tres medidas del capítulo de seguridad, las mismas que los diputados observaron.
La primera propone que la ley declare terroristas a las organizaciones criminales y cree un registro para clasificarlas. Parece un cambio de etiqueta y es un cambio de mundo. En el Perú, el terrorismo arrastra un régimen de excepción: penas agravadas, reglas procesales más duras, beneficios penitenciarios restringidos y, sobre todo, una normativa que permite a las Fuerzas Armadas tratar a ciertos grupos como objetivos militares, con los militares al mando de las operaciones. Convertir al extorsionador de mototaxistas en “terrorista” no acelera su captura; facilita todo lo demás. Y las categorías de excepción nunca se quedan quietas: el registro que hoy anota bandas mañana incluirá sindicatos, rondas que bloquean una carretera, estudiantes que marchan. Lo sabe quien haya visto a la DIRCOTE dedicar setecientas páginas de expediente a una pequeña editorial de San Juan de Lurigancho. Si con las leyes actuales el Estado ya confunde un catálogo de libros con una célula armada, ¿qué hará con una definición de terrorismo estirada hasta abarcar cualquier “organización” que le incomode?
La segunda autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía frente a amenazas al orden interno. El predictamen recuerda lo elemental: la Constitución ya prevé la intervención militar en el orden interno, pero dentro de un estado de emergencia, con plazo y control. Lo que se busca ahora es normalizar lo excepcional, que el soldado en la calle deje de ser una medida extraordinaria y se vuelva paisaje. Tenemos memoria de lo que ocurre cuando el Estado entrega el orden interno a quienes fueron entrenados para la guerra: de Accomarca a Juliaca, esa historia tiene nombres, fechas y madres que siguen esperando en una puerta. Un soldado no está formado para detener a un sospechoso, sino para neutralizar a un enemigo, y esa diferencia, que parece de manual, se escribe en los cuerpos.
La tercera toca la legítima defensa y, según el análisis de la comisión, alteraría las reglas sobre la carga de la prueba. Traducido del lenguaje técnico: quien mata alegando defenderse ya no tendría que acreditarlo con la misma exigencia; serían el fiscal, o la familia del muerto, quienes carguen con demostrar lo contrario. Es la vieja aspiración de convertir el gatillo en presunción de inocencia. Sumada a las anteriores, dibuja un país con más enemigos, más gente autorizada a dispararles y menos obligación de rendir cuentas por el disparo.
La presidente viajará a El Salvador a fines de octubre para reunirse con Nayib Bukele, y no hace falta adivinar qué modelo irá a admirar: el de la seguridad comprada al precio de la suspensión de derechos, con cárceles donde el debido proceso es un rumor. El Perú ya ensayó su propia versión en los noventa. Tuvo un Congreso cerrado, jueces sin rostro, decretos a la medida y un destacamento Colina. Tuvo también, al final, una condena por crímenes de lesa humanidad contra quien lo dirigió todo.
El premier Galarreta sostiene que negar las facultades equivale a darle la espalda al pueblo peruano. Es exactamente al revés. El pueblo no depositó en el Ejecutivo la potestad de legislar; la depositó en un Congreso –este mismo, con todos sus defectos– para que las leyes que afectan la libertad de las personas se discutan a la luz, con votaciones nominales y con nombres propios que respondan por ellas. La delegación de facultades existe para la urgencia acotada, no para gobernar por decreto con la chequera de otro.
Por eso, más que la votación de una comisión, lo que está en juego es la tentación de siempre: resolver la inseguridad con menos derechos, como si la libertad fuese el obstáculo y no aquello que se quiere proteger. Esa tentación trae siempre el mismo argumento, la urgencia, y elige siempre a las mismas víctimas: los de abajo, los que viven en los barrios donde operan las bandas y donde, también, entrarán los soldados.
La presidenta pide paciencia. Los peruanos la hemos tenido de sobra con quienes prometieron orden a cambio de libertad, y sabemos cómo termina ese trato: sin orden y sin libertad. El único golpe que no puede volver a darse es el que, en nombre de la criminalidad, termine cayendo otra vez sobre la democracia.
02-10-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 800 año 17, del 02/10/2026
