Perú: Mala receta
Américo Zambrano
La presidenta electa se está inclinando por militarizar la lucha contra la delincuencia organizada. “Es un error”, dicen algunos expertos. “Lo que sirvió para combatir el terrorismo no necesariamente será efectivo para enfrentar lo que pasa hoy en las calles”, añaden.
Tres de los cuatro integrantes que Keiko Fujimori designó para conformar la comisión de transferencia del Ministerio del Interior pertenecieron al equipo de asesores en seguridad del general del Ejército en retiro José Williams Zapata, expresidente del Congreso y excandidato presidencial de Avanza País. El cuarto también es un policía retirado. Ninguno formó parte del grupo político que acompañó a la hoy presidenta electa durante la campaña.
Se trata de los representantes encargados de recibir la información del gobierno saliente y preparar el cambio de mando de una de las carteras más sensibles del Estado. Las comisiones de transferencia suelen estar integradas por personas de confianza del presidente electo y permiten anticipar el perfil del equipo que comenzará a tomar decisiones en el sector.
En Interior, la comisión está integrada por los generales PNP (r) Vicente Álvarez Moreno, exjefe del Estado Mayor General de la Policía; Remigio Hernani Meloni, exministro del Interior; el coronel PNP (r) Juan Padilla Alvarado, exoficial de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote); y el contador y policía retirado Fredy Chalco de la Borda. Álvarez, Hernani y Padilla formaron parte del equipo de seguridad de Avanza País. La comisión no incluye a un solo especialista civil en política criminal, criminología o gestión pública.
El dato contrasta con el círculo que acompañó a Fujimori durante las elecciones. Dos de sus principales consejeros en materia de seguridad fueron Marco Miyashiro, excomandante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y uno de los responsables de la captura de Abimael Guzmán, en 1992, y el general EP (r) César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ambos asesoraron a la hoy presidenta electa en la elaboración del capítulo de seguridad de su plan de gobierno y fueron elegidos senadores por Fuerza Popular. Ninguno integra la comisión encargada de recibir el Ministerio del Interior.
La conformación de ese equipo constituye la primera señal política del gobierno que asumirá funciones el 28 de julio. Antes incluso de nombrar a su ministro del Interior, Keiko Fujimori ha confiado la transición a un grupo integrado exclusivamente por policías en retiro, la mayoría vinculados a otra organización política.
Uno de sus integrantes, el general Vicente Álvarez, fue acusado por la Fiscalía de haber formado parte del llamado “escuadrón de la muerte”, un supuesto grupo clandestino de oficiales y suboficiales de la PNP acusado de ejecutar extrajudicialmente a 27 delincuentes, entre 2012 y 2016.
Según dos fuentes de Fuerza Popular consultadas por esta revista, la presidenta electa se inclina por designar a un militar retirado al frente del ministerio. Uno de los nombres más voceados es el del general EP (r) David Ojeda. Williams, que durante los últimos días fue mencionado como una de las opciones para el Ministerio de Defensa, tampoco ha salido del radar. En el partido naranja no descartan que termine vinculado al sector Interior.
Más allá de los nombres, la propia Fujimori ha empezado a describir el modelo de seguridad que quiere construir. En ese diseño, las Fuerzas Armadas ocuparán un papel mucho más amplio que el que tienen hoy.
En una entrevista concedida al diario ecuatoriano “El Universo”, la presidenta adelantó que uno de sus primeros actos será solicitar facultades legislativas para enfrentar la inseguridad. Luego explicó cuál será el papel de los militares: “Vamos a hacer una convocatoria de las Fuerzas Armadas (…) para que, en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, trabajen con la Policía Nacional; en las cárceles, junto con el Instituto Nacional Penitenciario (…) serán convocadas en todo momento para recuperar la paz”.
Pero hubo una frase que terminó por revelar el enfoque de su propuesta: “Hay una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años 90 recuperar la paz y sobre todo una capacidad para enfrentar en ese momento al terrorismo”, dijo a “El Universo”.
No es una idea menor. La presidenta electa planea apoyarse en dos pilares: un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas y la experiencia de quienes dirigieron la lucha contra Sendero Luminoso durante el gobierno de su padre, el expresidente autoritario Alberto Fujimori. La estrategia mira, una vez más, hacia los años 90.
Los antecedentes ayudan a entender esa apuesta. Durante casi todo el gobierno de Alberto Fujimori, de 1990 al 2000, el Ministerio del Interior estuvo dirigido por generales del Ejército en retiro: Adolfo Alvarado, Víctor Malca, Juan Briones, César Saucedo, José Villanueva Ruesta y Walter Chacón. Hoy su hija busca repetir la misma fórmula.
Hay un segundo referente que aparece en el discurso de la “señora K”. En la misma entrevista reveló que ha conversado con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y que espera seguir parte de la estrategia aplicada en ese país. “Existen muchas similitudes en la problemática y, por lo tanto, espero que podamos compartir muchas soluciones”, dijo.
El gobierno de Noboa ha convertido a las Fuerzas Armadas en el principal instrumento de su ofensiva contra el crimen organizado. Declaró un “conflicto armado interno”, ordenó el despliegue masivo de militares en las calles, las cárceles y otros puntos considerados estratégicos y endureció el marco legal para mantener esa política.
La apuesta, sin embargo, no ha conseguido estabilizar la situación en Ecuador. Aunque el gobierno reporta reducciones puntuales de homicidios tras algunas intervenciones militares, otros delitos como las extorsiones y los secuestros continúan creciendo sin control.
Al mismo tiempo, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los operativos militares.
“Militarizar la lucha contra la inseguridad es un craso error”, sostiene a este semanario Carlos Morán, exministro del Interior”. “Mirarse en el espejo de Ecuador, con los pobres resultados que está obteniendo en la lucha contra el crimen organizado, no es recomendable. Ecuador tiene ahora la tasa de homicidios más alta de la región”, advierte.
El exministro amplía la comparación con el caso mexicano. “Si vamos un poco más lejos –prosigue Morán–, la militarización de la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón en México (2006-2012) tampoco tuvo los efectos esperados. Los carteles de la droga se fortalecieron, ampliaron sus actividades delictivas y evolucionaron hacia otras formas inusitadas de violencia. No podemos repetir esas experiencias fallidas. Si lo hacemos, no habrá marcha atrás”, advierte.
Las declaraciones de Fujimori no fueron una improvisación. El protagonismo que asigna a las Fuerzas Armadas también está plasmado en su plan de gobierno. El documento propone que los militares sigan siendo enviados a las calles durante los estados de emergencia para frenar a la delincuencia, crear comandos integrados por la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la SUNAT para intervenir en zonas dominadas por el crimen organizado y construir varias cárceles de máxima seguridad, además de un penal para “jóvenes infractores” bajo administración temporal y exclusiva de las FF.AA. Entre las primeras medidas del próximo gobierno también figura enviar tropas a Tumbes para reforzar el control fronterizo.
Esta disposición, sin embargo, no convence a tres exministros del Interior consultados por este semanario. Carlos Morán recuerda que las FF. AA. han participado en sucesivos estados de emergencia en los últimos años y que los resultados están lejos de ser alentadores.
“Si vamos a hacer más de lo mismo, estaremos repitiendo los mismos errores. Los militares no tienen injerencia directa en un trabajo eminentemente policial. Están formados para otro objetivo”, afirma.
Durante el gobierno de Dina Boluarte se decretaron al menos 21 estados de emergencia que autorizaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía en distintas zonas del país. Pese a ello, las extorsiones y los homicidios continuaron en aumento.
El extitular del Interior Wilfredo Pedraza considera que encargar a los militares la administración de establecimientos penitenciarios carece de sentido. “No hay nada que las Fuerzas Armadas puedan hacer en un penal. No tenemos problemas de fugas ni de control perimetral. No veo en qué podrían contribuir”, sostiene. También cuestiona la idea de que un militar retirado asuma la cartera del Interior. “El ser militar no supone manejar correctamente estrategias contra la delincuencia. Un ministro del Interior necesita ser un gerente y un líder”, señala.
José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), coincide en parte. Cree que las Fuerzas Armadas sí deberían asumir un papel más activo en inteligencia y control de fronteras. Pero traza una línea cuando la discusión llega a los penales. “¿Qué tienen que ver los militares con la rehabilitación penitenciaria? Existe la idea de que los militares resuelven todos los problemas en el Perú y no es así. Zapatero, a tus zapatos”, sostiene.
Las discrepancias no terminan ahí. Cuando se revisan las medidas que el plan de gobierno de Fujimori promete ejecutar durante los primeros cien días y el resto del quinquenio, aparecen nuevos cuestionamientos: varias metas son difíciles de cumplir en los plazos anunciados, otras carecen de una ruta clara de ejecución y algunas no responden cómo enfrentar los delitos que hoy más golpean al país.
Entre las primeras medidas figuran la puesta en marcha de un Centro Nacional de Comando y Vigilancia en Lima y Callao, el fortalecimiento de unidades de “flagrancia express” en Lima, Piura y Trujillo, una intervención militar y policial contra el contrabando en Tumbes y la emisión de decretos de urgencia para financiar 1,000 patrulleros, 10,000 cámaras interconectadas y modernizar 200 comisarías. Al 2031 el plan de la hija de Alberto Fujimori promete reducir en 20 % la tasa nacional de homicidios y “reducir la impunidad” del 90 % al 50 %.
Las primeras dudas empiezan con los plazos. Morán considera inviable comprar 1,000 patrulleros inteligentes en cien días. “Eso es imposible”, advierte. Las adquisiciones públicas exigen expedientes, procesos, controles y plazos que son complejos y toman tiempo.
Pedraza coincide: “Nosotros hemos comprado patrulleros en un año, que es lo que toma cumplir los trámites administrativos hasta que los vehículos lleguen al Callao”, explica. Sucede lo mismo con las comisarías. “No se puede construir una comisaría en dos meses”, dice.
Algo similar ocurre con la promesa de reducir homicidios mediante prevención juvenil y recuperación de espacios útiles. Pueden ser medidas importantes, pero no producen resultados inmediatos. “Lo preventivo demora. Es un trabajo de mediano y largo plazo. El tema es que no dicen cómo pretenden hacerlo”, resume el exjefe del INPE.
El vacío más delicado aparece en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Aunque el plan de Fujimori identifica estos delitos como dos de las principales amenazas del país, no explica cómo se tiene previsto desarticular a las bandas criminales que cobran cupos a transportistas, bodegueros, comerciantes y pequeños empresarios.
“Lo ponen de forma declarativa, pero no dicen cómo lo harán”, apunta Morán.
El documento menciona unidades de inteligencia contra la extorsión, pero no explica cómo serán financiadas ni quiénes las integrarán. Tampoco plantea reconstruir equipos especializados de investigación criminal. “No veo el tema de los equipos especiales”, indica Morán. Para el exministro la respuesta exige necesariamente policías seleccionados, profesionales íntegros y dotados de logística, tecnología y presupuesto. Sin eso –subraya– no habrá resultados.
Jorge Angulo Tejada, excomandante general de la Policía, coincide en que el país necesita inteligencia, tecnología y modernización policial, pero insiste en que ninguna estrategia funcionará sin presupuesto. “Se captura a los delincuentes con presupuesto, no con buenas intenciones”, argumenta a esta revista. Para él la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, los drones y los mapas del delito pueden servir, pero solo si forman parte de una política integral y sostenida.
La anunciada construcción de más de ocho cárceles, entre ellas cuatro megapenales, abre otro frente. Pérez Guadalupe cree que la propuesta responde más al modelo Nayib Bukele que a la realidad peruana. “Es la moda Bukele”, dice. Aun si cada nuevo penal albergara 2,000 internos, apenas cubriría una fracción del déficit penitenciario que, a la fecha, es de al menos 58,000 espacios. Además, advierte que el plan de gobierno de Keiko Fujimori no dice por ningún lado cómo se financiarán todos esos establecimientos.
Para los especialistas el problema no está tanto en las herramientas como en el enfoque. El plan incorpora inteligencia artificial, centros de comando y tecnología, pero sigue mirando a los años 90 como principal referencia.
Morán advierte que no se puede enfrentar el crimen de 2026 con recetas de hace tres décadas. Pérez Guadalupe utiliza otra imagen: “Es como creer que para clasificar al próximo Mundial hay que convocar a Perico León, Hugo Sotil y Teófilo Cubillas”. Pedraza coincide. “Trasladar la lógica antisubversiva al crimen organizado es un error de concepto”, apunta. Este semanario confirmó que los tres únicos asesores de la presidenta electa en materia de seguridad dentro del fujimorismo son el general PNP (r) Marco Miyashiro, el general EP (r) César Astudillo y el congresista Fernando Rospigliosi.
Pero hay otra dificultad que el gobierno encontrará desde el primer día. Si Fujimori pretende frenar la ola de violencia durante su mandato, tendrá que empezar revisando las leyes procrimen aprobadas durante el último Congreso y con el respaldo de su propia bancada.
“Esa es la paradoja”, dice Pérez Guadalupe. “Si Keiko Fujimori no revisa y no deroga sus leyes, no podrá luchar contra el crimen organizado. Todas esas leyes que su partido impulsó le van a jugar ahora en contra. El hechizo se puede ir contra el hechicero”, sostiene.
09-07-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 790 año 17, del 10/07/2026
