La ley de la selva
La protesta de las comunidades nativas va a cumplir dos meses y no se avizora una solución al conflicto. El gobierno del presidente García en lugar del diálogo opta por la confrontación: estado de emergencia en la zona y denuncia judicial contra el principal líder de los indígenas, bajo la acusación de sedición, rebelión y conspiración. Si los jueces escucharan al Ejecutivo, Alberto Pizango, máximo dirigente amazónico, podría recibir una sentencia de entre 10 y 20 años de prisión.
El pasado sábado 16, el primer mandatario se refirió a la protesta amazónica en el mismo tono que ha utilizado a lo largo de su gobierno cuando pretende desconocer los reclamos de las organizaciones sociales o de los gremios. Lo hizo antes con los maestros. Según el presidente García las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos y “no de un pequeño grupo de nativos”. Evidentemente los nativos no están diciendo que son los “dueños de las tierras” de la selva. Pero sí reclaman algo elemental y que les asiste por derecho y por tratados suscritos por el Estado peruano con la OIT: que se les consulte cuando el gobierno expide decretos o normas sobre actividades que afectan su hábitat.
El presidente García falta también a la verdad cuando afirma que los indígenas quieren apropiarse de las tierras. Son los grupos económicos, madereros, petroleros, mineros, a los cuales este gobierno abre las puertas de la selva de par en par, los que se adueñan de las tierras, contaminan el medio ambiente, medran a costa de la depredación de los bosques y del arrasamiento de las comunidades. El gobierno olvida que las familias viven en sus comunidades hace miles de años. Su presencia ha permitido que los bosques florezcan y se proteja el medio ambiente. Lo que hoy están haciendo las familias nativas es defender su derecho a la vida. Lo han hecho a lo largo de su historia. De los gobiernos solo han recibido indiferencia y ninguna preocupación por dotarlas de las mínimas condiciones para su desarrollo, como salud o educación.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, que por la propia naturaleza de su portafolio debería estar cerca de los nativos, se ha desentendido de ellos. Por el contrario se ha sentido escandalizado con acontecimientos vinculados a las demandas de las comunidades. “Haríamos un papelón”, ha respondido cuando se le ha consultado por el acuerdo tomado en mayoría por la Comisión de Constitución y que declara inconstitucional el decreto legislativo 1090, ley forestal y de fauna silvestre. La razón que ha dado Brack –justo él que debería ser el primero en defender los bosques de la amazonía– es que “se incumpliría con los requisitos preestablecidos para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”. Lo que no dice el ministro Brack es que la norma, como lo han señalado especialistas consultados por Aidesep, “promueve la privatización y el mercado forestal, mediante la transferencia de derechos de aprovechamiento, incluso cuando estos derechos se encuentran cuestionados por procesos administrativos”. El 1090 no es el único decreto que los nativos reclaman se derogue o modifique. También cuestionan los DDLL 994, 1081, 1083, 1020, 1064 y el 1089.
Hay quienes, dentro y fuera del gobierno, reclaman mano dura contra los nativos. Olvidan que este régimen sólo escucha a las organizaciones cuando estas se movilizan y protestan. El premier Simon no debería contaminarse con las actitudes del presidente García, y debería más bien apresurarse en abrir el diálogo. Pero no en las condiciones planteadas: con estado de emergencia y con denuncias prepotentes, como la de la ministra de Justicia contra los dirigentes amazónicos, sino con una voluntad de transparencia por resolver las diferencias y los reclamos de los tantas veces postergados pueblos de la selva. Hasta el próximo domingo.
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