¿Es posible no acatar?
Diego García Sayán
El insurrecto llamado del ex presidente colombiano Álvaro Uribe a no acatar la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo Nicaragua-Colombia, plantea dos interrogantes. La primera es si, en efecto, Colombia “desacatará” la sentencia de la CIJ. La segunda es si es posible no cumplir con una sentencia del tribunal internacional.
En cuanto al “no acatar” obviamente es un mensaje orientado al “frente interno” para cosechar de la molestia de un sector grande de la población colombiana frente al fallo internacional. Fértil caldo de cultivo para convocar a la protesta y a la acción en base a las fibras nacionalistas que anidan en toda sociedad. Sin embargo, si bien es cierto que el presidente Santos dijo, a las pocas horas de conocerse el fallo, que Colombia “rechaza enfáticamente” el cambio de delimitación marítima, no ha dado señales de que desacatará la sentencia. El presidente y la canciller Holguín han convocado a un equipo de seis destacados juristas. Como lo que parece ser parte de los consejos de ese equipo, el día de ayer anunció que Colombia se desvincula del Pacto de Bogotá (acto que, sin embargo, tendría efectos sólo a futuro). Nada de esto es sinónimo de una decisión de no acatar.
Hay algunos hechos que parecen indicar por dónde podrían ir las cosas. En cuanto a las islas y cayos, sobre las cuales Colombia ya venía ejerciendo soberanía, en realidad nada cambia en términos prácticos luego del fallo internacional. Salvo que ahora Nicaragua ya no podrá disputar esa soberanía colombiana. En cuanto a las áreas marítimas la situación es distinta pues no se demarcan con hitos o barreras. Lo que alega el presidente Ortega, es que las naves nicaragüenses ya patrullan esas zonas recién establecidas por la CIJ como nicaragüenses. Colombia lo desmiente. En cualquier caso es claro que quedarán pendientes para el futuro una serie de necesarios arreglos sobre derechos de los pescadores y en materia de seguridad (en esa zona que es de intenso tráfico de drogas). Eso, en su momento, pondrá a actuar a la diplomacia de ambos países.
La segunda pregunta va más allá del caso colombiano-nicaragüense: ¿es posible no cumplir una sentencia del tribunal internacional? Esto es hoy crucial en nuestra región pues las diferencias entre los latinoamericanos –que antes se resolvían a través de la fuerza– hoy están encauzadas a través del derecho internacional y la CIJ. Dato elocuente es que la mayoría de casos que hoy viene conociendo la Corte provienen precisamente de estos lares de al sur del río Grande y que la mayoría es sobre temas limítrofes.
Han cobrado especial vigencia, así, principios y obligaciones jurídicos internacionales adoptados hace casi 70 años cuando se fundó la ONU. Que implica resolver las diferencias “con los principios de la justicia y del derecho internacional” (Carta ONU, art. 1º) y cumplir con las sentencias de la CIJ (art. 94) sabiendo que un incumplimiento llama a la intervención del Consejo de Seguridad. Palabras mayores.
Además de la obligación jurídica y del riesgo de ser convertido en “Estado paria”, el entorno regional y global hace muy poco digerible que un país latinoamericano pueda patear impunemente el tablero de la justicia internacional. Si cabe, ese es un “lujo” que sólo se puede dar una superpotencia o un país para el cual ser “paria” no tendría mucho costo (el Irak de Husseín o la Siria de Assad, por ejemplo).
No es imposible pero resultaría muy extraño y contradictorio que un país latinoamericano, pues, pudiese desacatar sin más una sentencia del máximo tribunal mundial. ¿No tendría un costo severo en su imagen internacional y repercusión en la inversión y el comercio? Líderes o caudillos locales pueden buscar crear condiciones para intentar empujar a sus países a tan imprevisible despeñadero. Pero haría un pésimo negocio, el país de que se trate, resolviendo en estos tiempos sus diferencias con los vecinos por la fuerza o confrontando al más alto tribunal mundial.
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