Hay que limpiar el Putumayo
Róger Rumrrill
Una de las decisiones tomadas de la primera reunión de gabinete binacional presidido por los mantadarios Humala del Perú y Santos de Colombia, en Iquitos, el 30 de setiembre, en la que se suscribieron 11 acuerdos diversos, posiblemente la de mayor connotación política, fue la de “limpiar el Putumayo de criminalidad, de delincuencia, pero también de pobreza, de inequidad”.
Tanto la cuenca del Putumayo como la llamada “Triple Frontera” (Perú, Colombia y Brasil) han sido y siguen siendo espacios geopolíticos estratégicos y en el caso de Colombia una frontera históricamente caliente.
Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX la cuenca del Putumayo que compartimos con Colombia. fue uno de los espacios territoriales más violentos posiblemente de toda América Latina. Julio C. Arana del Águila, el Rey del Caucho, había instalado su imperio cauchero de 200 mil millas entre las cuencas del Caquetá y del Putumayo. Este espacio en disputa estaba sometido al arbitraje del Papa X en el año 1904 y a partir de 1906 se estableció allí un Modus Vivendi que obligaba al Perú y a Colombia a no intervenir en ese territorio hasta que no se definiese el arbitraje papal.
Ese diferendo culminó con el Tratado Salomón-Lozano negociado en secreto por Augusto B. Leguía y firmado subrepticiamente por el dictador del oncenio en 1920 y ratificado por el Congreso peruano el 20 de diciembre de 1927 y rechazado por todo el país y en particular por la población amazónica.
El referido Tratado le costó al Perú la pérdida de 120 mil kilómetros del territorio nacional del Trapecio Amazónico por el entreguismo de Leguía. Tal como ha recordado el historiador de la república Jorge Basadre, Estados Unidos jugó un rol determinante y decisivo en la formulación y ratificación del Tratado. Porque con este acuerdo Estados Unidos zanjaba su deuda con Colombia por el despojo del territorio del Canal de Panamá.
DROGA Y VIOLENCIA
En los setentas del siglo XX, en los inicios del ciclo de la cocaína que creció exponencialmente por el consumo de los veteranos de guerra de Vietnam y de los yuppies y capitanes de la expansión económica estadounidense, el narcotráfico y su correlato de corrupción y violencia se instalaron en el Putumayo.
En 1995, se produce la fractura del “puente aéreo” de las drogas que es reemplazado rápidamente por el “puente fluvial”. Los alijos de drogas se transportaban por el Amazonas, el río Napo y luego navegando por quebradas y caminando por trochas los cargadores llegaban con sus bultos a “El Estrecho”.
Como había ocurrido en los primeros años del siglo XX con el ciclo de caucho, cuando las víctimas del esclavismo, la violencia y la muerte fueron los indios Andoke, Ocaina y Witoto, esta vez también sus hijos y sus nietos fueron las víctimas del nuevo ciclo, enganchados en la maquinaria del narcotráfico como cargadores, pisadores y sembradores de coca.
DEL ORO BLANCO AL ORO VERDE
El 22 de agosto de 1996 el gobierno de Fujimori expidió el Decreto Supremo No. 13 que estableció una drástica veda forestal en las cuencas madereras de Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas y Cajamarca. El dispositivo tenía el oculto propósito de facilitar el combate contra las bandas del narcotráfico mimetizadas- ocurre ahora en algunas zonas de la Amazonía- con la extracción forestal.
Si ayer, a inicios del siglo XX, la causa de la violencia, la corrupción y el crimen fue el caucho, ahora es el narcotráfico, la extracción forestal ilegal y otros tráficos. Pese a las inversiones que efectuó el Estado nacional y subnacional en las últimas décadas, la pobreza y el abandono reinan en la cuenca, sobre todo en el Putumayo peruano. La economía fundamentalmente sigue siendo ilegal. Hay tala masiva de madera que se comercializa en Colombia, extracción ilegal de oro y el narcotráfico impone sus reglas criminales.
Contribuye a estado de cosas el carácter de enclave de la cuenca, un espacio cerrado y aislado con una mínima y difícil conectividad con el resto del territorio nacional. Un viaje por vía fluvial desde Iquitos hasta “El Estrecho” dura un mes.
Un proyecto de carretera de Mazán, afluente del Amazonas, hasta Flor de Agosto en el Putumayo, de cien kilómetros, duerme el sueño de los justos. Porque para los burócratas y economistas del Ministerio de Economía Finanzas y para la camisa de fuerza del sistema de inversión pública esa inversión tiene costo, pero no beneficio. Para ellos nunca cuenta el beneficio geopolítico.
NO UNO SINO VARIOS VRAEM
La llamada “Triple Frontera” (Perú, Colombia y Brasil” es también un espacio estratégico fronterizo que debe ser materia de atención política, económica, social y cultural por parte de los tres países.
La ciudad peruana más importante de la “Triple Frontera” es Caballo Cocha, la capital provincial de Ramón Castilla con 10 mil habitantes. La provincia tiene 52 mil habitantes y ese total, 10 mil son indígenas ticuna y 25 mil habitantes pertenecen a la Iglesia Universal del Nuevo Pacto fundada por Ezequiel Ataucusi.
La “Triple Frontera” es el reino de la ilegalidad y de todos los tráficos: narcotráfico (se estima que en la provincia hay 20 mil hectáreas de coca), madera, alimentos, combustible y tráfico humano.
En uno de nuestros recientes viajes, entrevistamos a las autoridades policiales y militares de Caballo Cocha, Santa Rosa e Iquitos. Para ellos, en la “Triple Frontera” y en particular en el espacio peruano, no solo hay un VRAEM peligrosamente potencial, sino varios VRAEM.
Porque en ese espacio geopolítico estratégico, una frontera históricamente caliente, reina no solo la ilegalidad y el crimen, sino también la subversión de los bloques 48 y 63 de las FARC.
La ilegalidad y el crimen y la subversión armada que han crecido y multiplicado en el caldo de cultivo de la pobreza y el abandono de esas fronteras remotas. Por eso, no solo basta limpiar el Putumayo y la “Triple Frontera” de criminalidad, sino de la pobreza, la injusticia y el abandono histórico de esas fronteras olvidadas.
