Alianzas Público-Privadas ¿Quién ayuda a quién?
Teresa Tovar Samanez
En el último CADE el Ministro de Educación anunció el impulso de proyectos de inversión vía Asociaciones Público-Privadas (APP) para obras de infraestructura (construcción, mantenimiento y operación). El 2015 el Estado invertiría alrededor de $3,000 millones.
Es preciso colocar alertas sobre esta propuesta, implementada y debatida ya en otros países.
Un reciente estudio de la Böll Foundation N. America y la Red Latinoamericana sobre Deuda: “Infraestructura: ¿para la gente o para el lucro?” advierte que las APP terminan siendo una forma de subsidio estatal al sector privado, transfiriéndole recursos públicos y trasladando los riesgos de la inversión privada a usuarios, contribuyentes y Estado. ¿Cómo? Vía incentivos tributarios, transferencias por adelantado, licencias para fijar tarifas en los servicios prestados, etc.
El dinero privado es, además, un préstamo a ser devuelto considerando que “los inversores están esperando retornos por encima de la media”. Suele ocurrir que cuando las obras revierten al Estado presentan deterioros cuyo costo asume el Estado. Hay casos en que el sector privado no cumple con los compromisos de inversión pero el Estado no puede reclamar por la naturaleza de los contratos firmados. Los hay también en los que el Estado compra las obras (inversión privada) en términos desventajosos, prefijados en el contrato como garantías públicas (modificaciones al tipo de cambio, tasa de inflación y precio de los activos al final de la alianza).
La segunda alerta de los expertos es que esto ocurre en un contexto en el que la Ayuda para el Desarrollo (AOD) prácticamente ha desaparecido mientras que las reformas estructurales han contraído drásticamente al sector público. En lugar de la AOD aparecen las APP y se presentan como apoyo para lograr los Objetivos del Milenio (ODM). Se construye una falacia en el sentido común: “interés = ayuda”. El sector privado ve las APP como “oportunidad de negocios” (CADE), presta dinero con intereses y obtiene ganancias, pero ello se exhibe como “contribución al desarrollo”. ¿No sería mejor que pagaran más impuestos y con ese dinero el Estado invirtiera sin condicionamientos en garantizar los derechos ciudadanos?
El sector privado es tratado como donante en el debate sobre los ODM y logra “poner la agenda sin poner la plata”, advierten Croso y Caliari, añadiendo que los ODM se han simplificado y ya no guardan la debida coherencia con los Derechos Humanos, que la inversión privada cubre el vacío de Estado y que “la soberanía de las corporaciones aparece por encima de la soberanía de los Estados” (Campaña Latinoamericana por la Educación, 2014). En suma, el Estado subsidiario deviene en instrumento del capital (“La nueva razón del mundo”, Laval y Dardot, 2013).
Tercera alerta: los términos de los contratos APP no se suelen dar a conocer. En los casos estudiados no se sabe bien lo que se está negociando y no existe control público ni rendición de cuentas.
Y en el Perú ¿cuáles son estos contratos?
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