Perú: El Apra y la corrupción
Nelson Manrique
Tras la sorprendente noticia de que el Apra tiene un Tribunal de Ética y Moral, vino el esperable anuncio de que este organismo ha decidido abrir proceso disciplinario a Enrique Cornejo y suspenderle sus derechos partidarios. Cornejo está acusado de realizar declaraciones infraternas, llegando a asegurar que Alan García lideraba el rechazo hacia su postulación a la Secretaría General y de acusar a los dirigentes de bloquear la renovación del partido. Todo lo cual es verdad, pero igual va preso.
Tradicionalmente, en el Perú es muy difícil lograr justicia. El sistema judicial está profundamente penetrado por la corrupción y los más importantes corruptores están blindados de investigaciones y sanciones penales por una enmarañada red de funcionarios cuyo trabajo principal es asegurar la impunidad. El libreto habitual empieza con un gran despliegue mediático y juramentos de que esta vez se irá hasta el fondo de las cosas para sancionar a los culpables. Luego vienen las maniobras para enredar el proceso y dilatarlo hasta que salga del foco de la atención pública. En el camino, jueces amigos se encargan de invalidar las pruebas, archivarlas, y, cuando eso no es posible, adulterarlas o simplemente desaparecerlas, como lo mostró el caso Petroaudios. Si el escándalo es suficientemente grande se necesitará chivos expiatorios que carguen con las culpas. Es la hora de los Mantilla.
El escenario está montado para la repetición del libreto. Estamos en el momento en que se trata de conseguir funcionarios menores que acepten cargar con las culpas para cubrir a la dirección, como lo hizo en su momento Agustín Mantilla por los inexplicables 6 millones de dólares que le encontraron en cuentas en el extranjero. Es el rol que tienen asignado hoy Jorge Cuba, Miguel Ángel Navarro y Edwin Luyo.
El caso de Luyo, funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, procesado por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos, es revelador. En su primera aparición ante el juez, luego de su captura, Luyo afirmó que “todos saben que en realidad la pita se rompe por el lado más débil (…) en cada requerimiento que hagan voy a decir la verdad”. Reconoció haber recibido pagos de Odebrecht por US$ 196 000 y US$ 304 000, transferidos a una cuenta offshore de Andorra. De pronto abandonó esta actitud y dio un viraje completo: sus culpas no existen y los sobornos se han convertido en “consultorías”. El caso del otro detenido, Miguel Ángel Navarro, sigue un patrón similar. En su primera presentación, luego de su detención, reconoció sus culpas con lágrimas en los ojos y prometió cooperar con la justicia: “He aceptado todos los cargos y estoy bien arrepentido. Me he acogido a la confesión sincera. Pido perdón al Estado peruano”. Según el fiscal adjunto Marcial Páucar, Navarro admitió que abrió una offshore para el exviceministro prófugo Jorge Cuba –el que acaba de prometer ponerse a derecho–. Como en el caso anterior, Navarro se desdijo luego de su promesa y renunció a la colaboración eficaz.
Posiblemente la sanción benigna que recibió Miguel Facundo Chinguel, al cargar con las culpas en el caso de narcoindultos, debe haber sido un poderoso argumento para convencer a los candidatos a mártires. Pero ahora la situación es muy diferente. Por una parte las pruebas van a ser provistas por la justicia brasileña, y va a ser muy difícil escamotearlas habiendo copias en el exterior. En segundo lugar, Alan García no tiene ya el poder que lo hacía invulnerable. Viene de un desastre electoral y carga con un profundo descontento por su manejo arbitrario del partido aprista, que está profundamente fracturado, con dirigentes cuyo mandato expiró el año 2014 y que siguen en el poder porque existe una fundada preocupación de la cúpula que lo controla por perder el poder. La debilidad del Apra es para ellos la ominosa perspectiva de una larga condena.
El caso Enrique Cornejo debe verse desde esta perspectiva. Cornejo se sublevó y pretendió decir “paso” ante el llamado al martirio, pero los hechos que hasta hoy se conocen lo involucran tan fuertemente en el escándalo que aparentemente el único camino que le queda es el de negociar su silencio, como lo hicieron en su momento Rómulo León Alegría y el contralmirante (r) Elías Ponce Feijóo (el marino propietario de la empresa Business Track). Hacer llegar el mensaje de que podían hablar les ganó a los dos el respaldo del aparato del partido para salir bien librados de sus acusaciones. El Apra es el camino, pero no parece llevar a un final feliz. No parece que le vaya a evitar una temporada en la cárcel.
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