Lo que está en juego

César Hildebrandt

El sistema judicial se ha resentido esta semana. La afección se la ha producido el juez Richard Concepción Carhuancho y a ella ha contribuido, con una buena dosis de cepas viciosas, el fiscal Juárez Atoche.

No me cabe duda de que los Humala-Heredia recibieron dinero con hollín de Venezuela y Brasil dizque para hacer “un gobierno de izquierdas”. No me cabe duda de que su patrimonio inmobiliario se adquirió con esos trasiegos de dinero que sólo pudimos conocer por el escándalo del caso Odebrecht.

Pero el asunto de la incautación, ordenada poco después de que el Tribunal Constitucional los excarcelara, es una grandiosa metedura de pata. La gentita de la Fiscalía pretende justificar esa operación -gente armada hasta los dientes que veía desfilar colchones y cambiar cerraduras- apelando a esos formalismos que son el menú viscoso de los abogados. Allá ellos.

El juez del zigzag beodo pretende decir ahora que jamás retrocedió, que nunca se retractó, que jamás se contradijo. Allá él. El ridículo es enteramente suyo y no sería raro que con todo lo hecho sea próximamente erradicado del proceso. Se lo merecería.

Se necesita mucho talento inverso para con­vertir a dos sinvergüenzas en víctimas. Concep­ción Carhuancho y Juárez Atoche han demostrado tener un brillo particular en este asunto.

Pero, más allá de la anécdota, lo que está en juego es la lucha contra la corrupción. Los errores de un juez y de un fiscal no pueden comprometer la tarea de fumigación de la administración pública y el escenario de la política. Nadie debería ampararse en las faltas de criterio y oportunidad de Concepción Carhuancho y Juárez Atoche para intentar debilitar la cruzada saneadora en la que se nos va la vida. O derrotamos a la corrupción o la corrupción terminará por devorarlo todo.

Las señales no son alentadoras. Allí está el Congreso fujimorista encubriendo a los suyos (inclusive a los sospechosos de narcotráfico), las maniobras dilatorias en el caso de la extradición de Alejandro Toledo, la lentitud fiscal para procesar el caso del congresista Edwin Vergara, la impunidad vitalicia de la que parecen disfrutar Alan García y Keiko Fujimori, la oscuridad en las cuentas de Luis Castañeda Lossio, el atasco en la investigación sobre los aportes clandestinos recibidos por Susana Villarán. Y, como si esto fuera poco, allí están, a lo largo de todo el Perú, las decenas de casos de forajidos liberados por jueces y/o fiscales malolientes y la masiva parti­cipación de efectivos de la policía en bandas de ladrones, asesinos y traficantes de tierras.

Es básico separar la paja del trigo. Que Concepción Carhuancho y Juárez Atoche hayan cometido un error mayúsculo no significa que los Humala sean santos. Ni debe debilitar el com­bate a la corrupción que acogota al país todos los días. Y ante un Ejecutivo débil y un Congreso gobernado desde la oscuridad por muy turbios intereses, corresponde a jueces y fiscales la gran tarea de arrinconar a los podridos. Esa es su responsabilidad. Por eso no deberían permitirse cometer los des­atinos que han alimentado las primeras planas de los diarios durante toda la semana que pasó.

Hay un interés en traerse abajo la lucha contra la corrupción. Qué no darían el fujimorismo y el Apra (y las sobras del nacionalismo farsante) por ver al Poder Judicial y al Ministerio Público sometidos a la censura pública y des­pojados de credibilidad y prerrogativas. Eso es lo que hay que evitar. En eso debieron pensar, antes de buscar los operativos telegénicos y la emulación de algún juez brasileño, tanto Con­cepción Carhuancho como Juárez Atoche. Ojalá haya aprendido la lección.

Fuente: “HILDEBRANDT EN SUS TRECE” 11/05/2018

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