Asco
Nelson Manrique
Los audios divulgados por IDL-Reporteros, en torno a la corrupción y al tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura CNM han detonado una profunda crisis que compromete a todo el sistema político peruano. Hasta este momento están involucrados el titular del Poder Judicial del Callao, Walter Ríos, el juez César Hinostroza Pariachi, de la Corte Suprema, y los consejeros del CNM Julio Gutiérrez, Guido Aguila e Iván Noguera.
La magnitud del escándalo ha motivado prontas reacciones. El presidente Martín Vizcarra ha convocado de emergencia al Consejo de Estado y el Poder Judicial ha convocado a la Sala Plena de la Corte Suprema a una sesión de emergencia.
Los audios grabados dan cuenta, en primer lugar, de negociaciones corruptas para favorecer nombramientos, ascensos y promociones de jueces y fiscales en una larga cadena de favores y pago de favores. Por supuesto no se trata de algo que no se supiera. Pero lo que todo peruano medianamente informado conocía aparece ahora testimoniado en la voz de sus protagonistas, en toda su abyecta desnudez.
Sin duda la grabación que más conmoción ha provocado es aquella en que se oye la voz de César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, dialogando sobre la posible reducción de una condena, e incluso la absolución, para un acusado de la violación sexual de una niña: “¿Cuántos años tiene? ¿10 años?… ¡11 añitos!”. El giro en diminutivo parece mostrar empatía del magistrado con la víctima. Pero luego el tono cambia, y el juez asume abiertamente el partido del violador: “¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?”.
La corrupción del sistema permite comprender que semejante personaje pueda presidir una sala Penal de la Corte Suprema. Hinostroza no ha llegado a ese cargo sorprendiendo la buena fe de un jurado desavisado. Hay en sus antecedentes casos que en su momento fueron un escándalo público. En un caso de trata de personas (Recurso de Nulidad N° 2349-2014 Madre de Dios), que involucraba a una niña de 14 años, captada en la sierra y obligada a trabajar de 10 de la mañana a 11 de la noche en un bar de Madre de Dios, bebiendo licor con los parroquianos, la sala del CNM presidida por Javier Villa Stein, de la cual formaba parte Hinostroza, desestimó el cargo de violencia sexual contra la menor con el argumento increíble de que “para que se configure el delito de trata por explotación sexual, esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio”. En otras palabras, sólo hay delito si el traficante advierte a la víctima, “desde un inicio”, que piensa convertirla en una prostituta.
La sala rechazó además el cargo de explotación laboral contra la propietaria del establecimiento, porque “el hacer de dama de compañía, y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que va a agotar la fuerza de la trabajadora”. Los honorables jueces fallaban sobre el agravio a una niña de 14 años, obligada a prostituirse en un ambiente cargado de peligros.
El juez Hinostroza también bloqueó que el caso de Arlette Contreras se transfiriera a Lima, cuando se denunciaba parcialidad en la Sala de Ayacucho. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, recuerda que Hinostroza Pariachi “hace algunos meses sacó una sentencia que cambiaba la jurisprudencia del delito de lavado de activos, favoreciendo, claro está, a los lavadores”. Rivera recuerda además la casación 92-2017 “con la que permitió el archivo de una investigación al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos”.
¿Qué hacer? Se intentará encubrir el escándalo reemplazando a los culpables por sus suplentes, lo cual constituiría la mejor garantía de que nada va a cambiar: entre ellos está María Zavala Valladares, ex ministra de Justicia del segundo gobierno aprista, y Ruth Monge Tambini, que en su momento fue abogada de Aerocontinente.
El fondo del asunto es que el Consejo Nacional de la Magistratura nombra y remueve jueces y fiscales, y el Apra y el fujimorismo se han preocupado de coparlo para asegurar su impunidad. Recuérdese las movidas que se están realizando para eliminar magistrados incómodos (¿alguien dijo Alan García?) relacionados con la investigación del caso Lava Jato, para su subsecuente remplazo por personal de confianza.
La crisis es de todo el sistema político. Toda “solución” parcial será cambiar algo, para que nada cambie. Estamos avisados.
