¿Quién protege a los peces gordos?

Claudia Cisneros

Como dije hace más de un año, Odebrecht es el tercer gran cataclismo ético-político-social de nuestra época. Cuando en diciembre del 2016 el caso Lava Jato explotó en Lima empezando con Odebrecht, escribí que la política peruana debería empezar a colapsar en los meses siguientes “Si las instituciones de justicia fueran imparciales, lo que veríamos en el 2017 sería la implosión de una forma artera y ruin de hacer política hace décadas y de la que Odebrecht se servía para operativizar sus negocios. Pero sabemos que el Poder Judicial está infestado de militantes, cuando no de pobres almas dispuestos a venderse sin remordimientos”. Y no me equivoqué, aunque tampoco era difícil equivocarse. Que el poder judicial es un desagüe y la Fiscalía peruana está tomada por poderes políticos mafiosos, lo sabe el común de los peruanos. Pero el optimismo estaba puesto en dos cosas: que había información que proviene de fuentes externas al Perú, y que al final de todo, siempre hay un puñadito de gente honesta e íntegra que puede hacer la diferencia. Y en ellos nos hemos confiado hasta ahora. En fiscales probos como Domingo Pérez.

En diciembre del 2017 las alarmas empezaban a prenderse. Comenzábamos a ver cómo los peces gordos movían sus hilos para blindarse. En agosto del 2017 pedíamos nuevos fiscales ante el escandaloso blindaje desde la propia Fiscalía que se le estaba dando especialmente a Keiko y Alan García. Gustavo Gorriti, uno de los periodistas que más sabe y cubrió el caso desde el día uno, dijo que los fiscales a cargo de las investigaciones habían actuado encubriendo las informaciones, indicios, documentos, confesiones de Marcelo Odebrecht en los casos de AG y Keiko (ver video aquí https://goo.gl/xhxtLX).

Estamos julio del 2018 y tras dos años de muy lentos avances de la justicia peruana, los grandes peces gordos involucrados en las coimas de Odebrecht podrían salvarse de la cárcel debido a una sospechosa estrategia utilizada por al menos uno de los fiscales peruanos. A diferencia que, en Brasil, donde la fiscalía actúa en equipo como una unidad, en el Perú se entiende la autonomía de los fiscales como cotos donde nadie lidera una estrategia única que beneficie poner a nuestros corruptos en la cárcel. En ese escenario hay dos equipos de fiscales que usan distintas “estrategias”. Uno es el del equipo de lavado de activos que coordina el fiscal Rafael Vela, que logró importantes avances para Perú en pocos meses interrogando a Barata, Odebrecht y Mameri a través de la cooperación judicial internacional, bajo las leyes brasileñas. El otro es el del equipo especial del caso Lava Jato, dirigido por el fiscal Hamilton Castro, que quiso aceptar hacer las diligencias bajo el marco de la ley brasileña y que optó por un proceso de colaboración eficaz según las leyes peruanas. Y es lo que está evitando que los peruanos conozcamos las rutas del dinero y poner tras las rejas a los peces gordos.

La cosa es clara: Hamilton Castro argumenta muy “convincentemente” para un desprevenido, que los peruanos no podemos dejar que Odebrecht deje de pagar los millones que nos robó. Por supuesto que es lo que todos quisiéramos, pero si nuestra prioridad es meter presos a los corruptos que nos gobernaron o pretenden gobernarnos, es imposible hacerlo sin la información que tiene y nos puede y nos quiere dar Odebrecht. Y para que Odebrecht nos dé esa información clave, ellos piden que la justicia peruana no persiga a Odebrecht en Perú. Así de sencillo y de lógico. Por eso, lo que Hamilton Castro hace boicotea que Odebrecht continúe dando datos y rutas de dinero que necesitamos para meter presos a los corruptos peces gordos de nuestra política.

Pero las cosas están por ponerse peor porque el 20 de julio el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que jamás debió permitir el contrasentido de dos diferentes tipos de acuerdos en las investigaciones, dejará el cargo para cederlo a Pedro Chávarry. Chávarry fue hombre de Blanca Nélida Colán, la oscura fiscal, operadora del fujimorismo y del SIN que fue sentenciada en el 2003 por encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito. Él fue su secretario general. Y es vox populi su cercanía con predios apristas. AG y Keiko se frotan las manos. Toca presionar porque no solo no se retire de las investigaciones al probo fiscal Domingo Pérez, sino porque la Fiscalía opere bajo un mismo criterio de delación premiada bajo las leyes brasileras, la única forma de atrapar a esos peces gordos. Cualquier otra cosa será un burdo blindaje.

https://larepublica.pe/politica/1274377-protege-peces-gordos

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