La encrucijada política y la economía

Humberto Campodónico

El desenlace de la actual cuestión de confianza pedida por el presidente Vizcarra al Congreso tendrá un impacto determinante en el futuro inmediato. Por ello, es de vital importancia analizar el entorno económico internacional y nacional.

La guerra comercial de Trump contra China se ha agravado: hace dos días le han subido los aranceles por US$ 300,000 millones, que se añaden a los US$ 50,000 de hace dos meses. Si se produce una desaceleración china, caerán los precios de los principales minerales que exportamos, lo que ya está sucediendo. Esto porque China representa entre el 40% y 50% de la demanda mundial de cobre, zinc, plomo y estaño. Dice el Banco Mundial que por cada 1% de menor crecimiento de China, el PBI del Perú disminuye en la misma proporción.

Otro elemento negativo es la apreciación del dólar, pues tiene una relación inversa con el precio de los commodities. ¿Por qué? Porque éstos se cotizan en dólares y cuando éste se revalúa, los commodities son más caros para quienes tienen que comprar dólares para adquirirlos.

También está la crisis de los “mercados emergentes” (ME), como Turquía y Argentina, que se endeudaron en dólares, cuando la tasa de interés estaba casi en cero (0) debido a la política de los bancos centrales de EEUU y Europa después del 2008. Ahora que la tasa ha comenzado a subir (y los commodities a bajar) se les hace difícil pagar sus deudas.

Cuando los capitales se asustan se van de esos ME. Si el susto se convierte en pánico, comienza el “efecto contagio” a otros ME. Esto no está sucediendo aún pero podría llegar. En el Perú la deuda privada externa (15.9% del PBI) supera a la deuda pública externa (14.1%).

Aquí se decía hasta hace poco: “eso no nos afecta”. Confiando en que el alza de los precios de los metales durante el I Semestre del 2018 se mantendría sin cambios, por lo que habría mayores ingresos fiscales, el ministro de Economía, Carlos Oliva, dijo que la reducción del déficit fiscal ya no comenzaría en el 2019, sino ahora: ya no sería 3.5% del PBI en el 2018 sino solo 2.9%.

Decía Oliva que eso no afectaría las metas de inversión pública porque los mayores ingresos del I Semestre mantendrían los niveles de inversión pública sin que se tenga que recurrir al déficit fiscal de 3.5% para cumplirlos.

Pero eso ya fue. Los commodities han bajado y Oliva, aunque tarde, ha dicho: si se cae el precio del cobre en US$ 0.15 por libra, el PBI se reduce en 0.15% y los ingresos fiscales caen en S/ 750 millones (el 0.1% del PBI). Como el cobre ha caído de 3.10 a 2.70 la libra en los últimos 6 meses, eso conlleva una reducción del PBI de casi 0.5% y menores ingresos de S/ 2,500 millones. El ministro no habló del oro, zinc, plomo, plata y estaño, todos con precios a la baja.

Por tanto, se debió dar un nuevo golpe de timón: volver al déficit fiscal de 3.5% del PBI para impulsar el crecimiento y la reconstrucción del norte). Pero no se hizo. Corolario: el crecimiento de la inversión pública ya comenzó a caer: de 16.9% mensual en junio y julio a 11% en agosto. Y eso va a seguir.

No solo eso. El pregonado crecimiento de 4% del PBI no ha tenido ningún impacto (repetimos, ninguno) en la creación de empleos. Según el Ministerio de Trabajo, en el Perú Urbano, desde julio del 2017 el empleo en las empresas de 10 y más trabajadores ha caído sistemáticamente: en julio del 2018 su caída fue de -0.3%. Algo de esa caída lo explica la inmigración venezolana.

Atravesamos, por tanto, un entorno económico internacional y nacional frágil y con signos de empeoramiento. En medio de esa situación, el actual gobierno prosigue la misma política económica. Por ejemplo, no se discute la ley para el control previo de fusiones y adquisiciones para combatir los oligopolios en casi todos los mercados ni hay una política de masificación del gas.

Está en discusión en el Pleno del Congreso un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, ampliamente cuestionado pues favorece “a dedo” a pocas empresas y retrocede la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. También se acaba de aprobar el DL 1242, que elimina la negociación colectiva en el sector público. Y así.

Volviendo a la cuestión de confianza: está bien que el gobierno acuda a la decisión ciudadana en la lucha contra la corrupción, bloqueada por la mayoría fujimorista, y deben aprobarse los proyectos del ejecutivo para ir al referéndum. Esa lucha, que incluye ir hasta el final en la investigación de Lava Jato, también implica cambios en la Constitución para modificar la política económica de los últimos 25 años, que también ha perforado las principales instituciones.

No hay compartimentos estancos entre la política, la lucha contra la corrupción, la reforma de las instituciones y la situación económica. Más temprano que tarde el gobierno chocará contra esa realidad.

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