Vizcarra y el Congreso que no se querrá ir

Caludia Cisneros

El adelanto de elecciones propuesto por el Pdte. Vizcarra ha sido una jugada política aplaudida por la mayoría de peruanos. Hastiados de un Congreso impresentable, inmoral, delincuencial y obstruccionista, los peruanos tenemos claro que tras la fachada formal de ‘legislativo’ se parapetan quienes sienten que la soga se va tensando en el cuello por los avances de las investigaciones contracorrupción. Con sus líderes muertos o en prisión harán cualquier cosa con tal de no perder el poder que manejan desde el Congreso. Por eso que esta ventana de varios meses hasta el adelanto de elecciones es peligrosa. A la agenda de blindaje anticorrupción de este Congreso se le suma ahora la de defender sus curules, sus sueldos inmerecidos y el peligro real de terminar presos. Si antes del anuncio presidencial el Congreso se dedicaba a confrontar al Ejecutivo a diario, a atacar e intentar desprestigiar la lucha anticorrupción y a blindar a sus aliados corruptos del sistema de justicia (Chávarry, Hinostroza, Cuellos Blancos), ahora la situación política se enerva por la reacción virulenta de los legisladores al recorte de su mandato congresal.

En esta reacción virulenta está participando de manera muy activa el Apra a través de Del Castillo. No es casual. El Apra y sus conspicuos representantes, huérfanos tras la fuga suicida de Alan, han perdido considerable poder e influencia para su impunidad. Y están muy nerviosos. Hace poco se conocieron documentos que confirmarían las confesiones de Marcelo Odebrecht (en 2017) y de Barata (en 2018) de que Odebrecht dio un aporte ilegal de US$ 200 mil dólares al partido aprista; por lo menos US$ 100 mil cuando Alan era presidente en el 2007 y a través del su exministro y hombre de confianza Luis Alva Castro. Tampoco es casual que Luis Nava, exsecretario y mano derecha de Alan, haya denunciado amenazas por parte de las huestes de García (Del Castillo y Mulder) a raíz del caso coimas del Metro de Lima en el que están implicados decenas de exfuncionarios de García como el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, quien confesó haber recibido US$ 1’312,000 en coimas para Alan. Adicionalmente, José Domingo Pérez ha presentado acusación contra Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes de Alan, y otros seis vinculados apristas (Mariella Huerta, Edwin Luyo, Santiago Chau, Víctor Muñoz, Miguel Navarro y Jessica Tejada) por la adjudicación de los tramos I y II del Metro de Lima; otros citados serían 30 apristas, entre ellos Mercedes Cabanillas, Velásquez Quesquén, Gonzales Posada, César Zumaeta, José Luis Núñez del Arco, Luis Negreiros y Juan Valdivia. Entonces se entiende la desesperación de los huérfanos de Alan que estarían ahora a punto de perder la disminuida palanca política que les queda si dejan sus curules.

Visto el escenario, Vizcarra tomó una decisión a media caña que no asegura el aplacamiento de la crisis política y no porque la propuesta no sea sensata sino porque el Congreso ha convertido una propuesta moderada en apocalíptica con su rechazo y el cargamontón para que Vizcarra renuncie. Vizcarra debió y debe activar el constitucional cierre del Congreso. Vizcarra fue aplaudido porque los peruanos estamos más que hartos del decadente Congreso, pero dejar un espacio-tiempo de maniobra amplio en manos del Congreso, en vez de conjurar la crisis política, la está agudizando.

https://larepublica.pe/politica/2019/08/04/claudia-cisneros-vizcarra-y-el-congreso-que-no-se-querra-ir/

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