Ciudadanos de segunda categoría, aún
Sigrid Bazán
Once años han pasado desde la masacre en Bagua. Desde que miles de ciudadanos en la selva se movilizaron por casi dos meses en protesta contra un paquete de leyes que, bajo el pretexto del TLC Perú-Estados Unidos, buscaba imponerse y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas.
Recordamos y recordaremos esta fecha porque tuvimos un presidente que redefinió, a costa de la vida de decenas de personas, el concepto de discriminación en nuestro país: el famoso síndrome del perro del hortelano y su discurso para los “ciudadanos de segunda categoría”. Frente a esto marchamos el 2009. Salimos a las calles desde todas las regiones del país, a respaldar una lucha en común y a dar cuenta de los hechos por los que la historia recordará al segundo gobierno de Alan García como un pisoteo sistemático de derechos, uno tras otro.
Hoy más que nunca, en medio del Covid-19, nos damos cuenta de lo enraizado del problema. De lo enquistada que está la discriminación. Recordando el baguazo es que notamos que la ausencia del Estado para con nuestros pueblos indígenas persiste. Hasta hace algunos días, Bagua continuaba siendo la provincia con más infectados en Amazonas (Bagua Grande y Bagua aún figuran como distritos de alto riesgo). Muchos se encuentran incomunicados desde hace días por las lluvias y los vientos, muchos se quedaron sin cultivos.
Y es que no hay una estrategia sanitaria concreta, diferenciada, ni para la Amazonía, ni para la población indígena. Leía en uno de los textos del antropólogo Rodrigo Lazo: “Los pueblos indígenas hace mucho que no viven únicamente en sus comunidades. Algunos migraron a las ciudades para suplir los recursos que foráneos depredaron en sus territorios”. Es por ello que cuando hablamos de indígenas, nos enfrentamos a una realidad compleja, urbana y rural, con matices, que debe ser entendida y apoyada en toda su diversidad y amplitud.
En el Ministerio de Cultura tenemos a una viceministra de interculturalidad hace aproximadamente 6 años en el cargo. Tenemos a un nuevo ministro que ya ha trabajado antes en el sector: ¿qué hicieron antes y qué harán ahora? ¿Todavía hay alguien que crea que los bonos están llegando efectivamente a las comunidades? ¿Que la reactivación económica está significando algo para ellos? ¿O seguimos en esa disociación en donde el Estado termina asumiendo un silencio cómplice mientras la gente muere por hambre, por falta de agua, por dengue, por coronavirus?
