Perú: Accomarca: la impunidad persiste
Ronald Gamarra
Casi cuatro décadas han pasado desde que fue cometida la masacre de 69 personas en la comunidad campesina de Accomarca por parte de un destacamento del Ejército, el 14 de agosto de 1985. Treinta y siete años, para ser exacto, en que la justicia avanzó con apatía, arrastrando los pies y haciéndose la remolona. Y aún hoy, casi cuarenta años después del crimen, no termina de haber paz y reparación para Accomarca, todavía hay impunidad para uno de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
De las 69 víctimas de la masacre, 23 eran niños y niñas. Entre ellos, Edwin Ochoa, de apenas 4 meses de nacido. Entre los abusos cometidos contra la infancia en todo el mundo, no cabe duda de que este debe encontrarse entre los más infames. La gran mayoría de los adultos eran mujeres, sumaban 35, y ancianos, el mayor de los cuales tenía 81 años. No hubo ningún enfrentamiento. No se incautó ni un clavo. No se halló papelería senderista. Los pobladores simplemente fueron reunidos en dos galpones y ametrallados en masa y volados con granadas. Una matanza, pues. Un My Lay andino. Accomarca había sido clasificada como “zona roja” y en consecuencia sus habitantes podían ser diezmados a discreción, sin identificar personas ni hechos, de manera extrajudicial. En vez de perseguir y aislar a Sendero, solo “limpiaban” la zona.
Hace unos días se ha hecho entrega de parte de los restos de las víctimas a sus familiares y a la comunidad, y así les han podido dar, por fin, el último adiós. Fue una ceremonia largamente esperada, de hondo significado y de profundo sentimiento. No habían sido olvidados, siempre estuvieron presentes. Aunque con gran retraso, es un paso importante hacia la justicia y hay que destacar el rol que ha jugado en ello un equipo especial del Ministerio Público.
Impunidad
El caso Accomarca ha sido investigado por la justicia y sobre él se ha dictado una sentencia que lamentablemente solo se cumple en parte. En agosto de 2016, treinta y un años después de la masacre, la Sala Penal Nacional halló culpables y sentenció al general Wilfredo Mori Orzo, al teniente Juan Rivera Rondón y al subteniente Telmo Hurtado Hurtado a 25, 24 y 23 años de prisión, respectivamente, así como a otros siete militares que recibieron sentencias condenatorias de 10 a 20 años por ordenar y ejecutar la masacre. El tribunal calificó el espanto que fue Accomarca como una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana, un asesinato masivo con crueldad, una grave violación de derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad. En septiembre de 2017 la condena fue confirmada por un tribunal de la Corte Suprema de Justicia.
El generalote Wilfredo Mori Orzo –ex comandante general de la II División de Infantería y ex jefe político militar de Ayacucho– y varios otros de los machazos sentenciados están corridos, fugados. Se fueron de patrulla. No son habidos para que cumplan la sentencia, a pesar de que ya han pasado seis años desde que fue dictada. Hay, evidentemente, una mano, o una bota, que los protege y les asegura impunidad. Justicia que no se cumple o, peor aún, no se hace cumplir, solo es una burla. Una situación intolerable que es, a su vez, una afrenta al país, a la democracia y sobre todo a las víctimas y a sus familiares.
La responsabilidad penal del general Wilfredo Mori Orzo fue demostrada con abundancia de pruebas, incluyendo el testimonio del propio ejecutor material de la masacre, el subteniente Hurtado, quien narró en detalle cómo recibió órdenes directas de actuar como lo hizo al frente de su destacamento, de hacerla de matarife, y cómo el propio general Wilfredo Mori Orzo le ordenó verbalmente cumplirlas, incluyendo la posterior “eliminación” de varios testigos de la masacre que habían sido identificados. Sí, porque semanas después, se siguió matando. Limpiando. A balazos, con ferocidad. Enterrando a los campesinos sueltos. Hombres y mujeres que sabían demasiado, o que podían saber. O que indagaban. Preguntones. Sobrevivientes. Se dijo más, como que la II División, y el mismo Ejército como institución, ocultaron la matanza.
Accomarca nos recuerda el infierno que vivieron durante tantos años las comunidades más pobres del Perú, atrapadas entre el terror fanático de Sendero Luminoso y el horror de una estrategia militar de arrasar “zonas rojas” al bulto. Cuesta imaginar lo que debe haber significado sobrevivir cada día y cada hora de cada día con el peligro constante del asesinato masivo a manos de quienes proclamaban un “orden nuevo” o de quienes “defendían la ley y el orden”. Que no se repita nunca más.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°588, del 27/05/2022 p19
