Perú: La crisis de la gobernabilidad está viva
Pedro Francke
Cuando se ataca a la democracia, no debemos dudar un instante en su defensa. Hoy Pedro Castillo está detenido, como corresponde, tras su intento de autogolpe. El mensaje golpista de Castillo nos hizo recordar el del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori y la larga dictadura que luego sufrimos. A esa memoria de los peruanos seguramente debemos, en parte, que su aislamiento fuera tan grande. Que el golpe felizmente fracasara se debe también a que fue extraordinariamente torpe, ratificando que nadie hizo más por su vacancia que el mismo Castillo, y eso que compite por ese primer puesto con una derecha abiertamente golpista desde el primer momento.
Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución, y es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, avances que deben saludarse. Su respuesta rápida a la situación difícil que atraviesa el país es muy importante para nuestro futuro y para la gobernabilidad democrática, así que resumamos los retos económicos centrales que debe afrontar.
El alza de precios ha afectado duramente a los sectores populares. Si bien la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva, el gobierno debe dar una respuesta de apoyo a quienes sufren necesidad, tomar medidas para sostener los salarios, hoy que la remuneración mínima real está por debajo de la de julio de 2021, y ampliar los programas de empleo en especial para mujeres y jóvenes. La inseguridad alimentaria y el hambre se han incrementado, y para ello los programas sociales y el apoyo a las ollas comunes deben aumentar. Del mismo modo, la atención en salud tiene que asegurarse que sea realmente gratuita y de amplia cobertura, ya que cuando las familias están en mayor ajuste económico es cuando más indispensable resulta garantizar este servicio fundamental para la vida. No se puede continuar con un neoliberalismo indiferente al sufrimiento popular.
El sector agrario, en especial los campesinos de la sierra, están atravesando una situación muy difícil por la sequía. Eso se suma al alza de precios de los fertilizantes, y amenaza no solo a los hogares rurales, sino también al abastecimiento futuro en las ciudades y a que nuevas alzas de precios como el de la papa agraven la pobreza y hambre urbanas.
Debido a que el BCR ha subido fuertemente las tasas de interés, un sector particularmente afectado por esa medida es el de las micro y pequeñas empresas, que hoy más que nunca requieren crédito abundante y barato. Si se pudo en la pandemia con el crédito Reactiva en su segunda fase, ¿por qué no hacerlo ahora también? Otros programas, como los de compras a pymes, en especial dentro de los diversos programas sociales y públicos del Estado, puede impulsarse mucho más. Además, la destrucción de nuestra industria de confecciones por las importaciones asiáticas debe detenerse de inmediato.
Este conjunto de medidas para atender problemas críticos debe enmarcarse en una política macroeconómica de reactivación de la producción y el empleo. El alza de tasas de interés del BCR, que apunta a contener la inflación, trae consigo inevitablemente otro efecto, el de retraer la inversión y el consumo, y de esa manera frena el crecimiento. Los neoliberales que repiten y repiten la necesidad de promover la inversión privada, parecen obviar este hecho fundamental, que la acción del BCR tiene como efecto reducir la inversión privada y el crecimiento, como se puede leer en cualquier libro de texto de Introducción a la Macroeconomía y en todas las discusiones internacionales que hoy se desarrollan sobre el tema. Pero la forma de buscar al mismo tiempo controlar la inflación y mantener el crecimiento en el Perú es con una política fiscal activa que levante la inversión pública, generando así empleos directos en la construcción además de un fuerte efecto multiplicador positivo, como diversos estudios, tanto del BCR, del FMI y los de varios expertos, han demostrado. Pensando en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ese esfuerzo debe ir de la mano de una reforma tributaria, de tal manera que reduciendo la evasión y recuperando parte de las sobreganancias mineras haya ingresos fiscales suficientes.
Dentro de esta política de reactivación, no puede obviarse la urgencia de resolver los diversos conflictos sociales que afectan la producción minera y petrolera. No podemos darnos el lujo de perder fuertes montos de exportaciones y recaudación fiscal en esta coyuntura. Hay que garantizar esas operaciones.
Una buena política económica es parte importante, central, de cualquier esfuerzo de un nuevo gobierno, para responder a las demandas ciudadanas y de esa manera ganar apoyo a la gobernabilidad. Es algo necesario pero no suficiente.
¿ACABÓ LA INGOBERNABILIDAD?
Castillo abandonó en pocos meses las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña y los indicios de corrupción en su entorno cercano fueron creciendo a partir de fines de noviembre del 2021. Luego, Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, para poner a alguien que consideraba allegado como ministro del Interior. Ese cambio era una señal fuerte de que Pedro Castillo dejaba de lado la posibilidad de una actuación transparente y colaboradora de las investigaciones, para optar por obstaculizar la justicia, como cada vez más personajes que colaboraron en ese intento hoy lo testifican. Fue entonces que decidí renunciar al Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar del éxito al aprobar el presupuesto por consenso, abrir la negociación colectiva en el sector público, avanzar en el pago de pensiones a quienes han aportado 10 años, pagar deudas a los maestros y poner recursos para atender a quienes sufren por la contaminación con metales pesados. Los meses siguientes fueron de un desgobierno creciente que vivimos con desasosiego y pesar.
Se abre ahora una nueva etapa. La Constitución indica que Dina Boluarte debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero la situación no es fácil. Castillo, a pesar de los severos cuestionamientos en su contra, contaba con 30 por ciento de respaldo ciudadano. Encuestas de opinión han señalado persistentemente que ante una salida de Castillo menos de 5 por ciento de ciudadanos favorecía una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento prefería elecciones adelantadas que incluyan la presidencia y un nuevo Congreso. Mientras tanto, la derecha bruta y achorada ya salió a pedir que Boluarte renuncie, es decir, que el derechista presidente del Congreso José Williams asuma la presidencia de la república. Se trata de un nuevo intento golpista de quienes perdieron las elecciones del 2021 y no se detienen ante nada.
La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable parece indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada. El problema es que esa opción requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por el propio Congreso por 87 votos en dos oportunidades, o ser aprobada por mayoría simple y someterse a referéndum. Es dudoso que el Congreso actual quiera irse anticipadamente, y menos bajo la actual regla que impide la reelección de congresistas. Además, es claro que las reglas políticas y electorales favorecen un alto nivel de corrupción en la política, el gobierno y el Congreso, y que el arreglo de balance de poderes establecido en la Constitución favorece la inestabilidad, así que necesitamos arreglos de mayor envergadura que un cambio de timonel, aun si este fuera electo por votación en las urnas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 615 año 13, del 09/12/2022, p14
