Perú: El largo golpe congresal, uno más
Jorge Lora Cam
Perú vive un golpe más del Congreso promovido por el el poder real, por el Estado profundo, por la mafia aprofujimorista.
Pedro Pablo Kucsinsky, Martín Vizcarra fueron sus primeras víctimas por jugar su propio juego, y ahora es Castillo que usó otra estrategia frente a ese poder: concilió, retrocedió, abandono el programa inicial. Pero sus culpas eran otras, radicaban en ser parte del pueblo, ser campesino indígena, aliado del sindicalismo clasista cuatro años atrás. El no conspiro, ni cerro el Congreso, solo lanzo como arenga de despedida la tarea pendiente: cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente.
Luego de dos semanas de una rebelión popular contra la ilegal destitución y apresamiento del Presidente Pedro Castillo por los grupos de poder real, las grandes corporaciones y la oligarquía plutocrática criolla y extranjera, mediante sus instrumentos políticos (Congreso), jurídicos (el sistema judicial) y militares (FFAA y PP) que rompiendo todos los parámetros legales en una clara politización de la justicia lo vacan sin proceso legislativo y vulnerando los códigos y procedimientos básicos de los procesos judiciales. El nuevo gobierno usurpador recurrió a una violenta represión en más de la mitad del país que habría dejado alrededor de 30 muertos y centenas de heridos.[1]
La tensión entre lo legal y lo que no lo es, nos lleva inevitablemente a examinar como fue la imposición del proyecto neoliberal del despojo hace tres décadas que generó a través de un autogolpe una Constitución irrita, nula, que sin embargo es la rige el Estado de derecho y toda la trama legal. Igualmente,[2] De este mismo modo existen los otros organismos del sistema judicial: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc de los que depende el sistema electoral, que en estos días quieren hacer cambios por que existen funcionarios probos que los incomodan.
Tras estos poderes existen algunos mitos y fetiches que ocultan su verdadera naturaleza. Uno de ellos es la “defensa de la democracia” en un país que apenas conoce sus rudimentos hace 40 años cuando aceptaron el voto universal y que se reduce al voto casi siempre controlado, violado y manipulado; o la separación de poderes y su mecanismo de ‘checks and balances’ o frenos y contrapesos que se reduce más a un contubernio de poderes para lograr sus fines. Ello es así porque, más allá de las disputas que puedan surgir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la realidad es que todo es un sistema que se asienta sobre el capital, por lo que cualquier disputa siempre se resolverá en favor de éste. Otro mito es que la ley esta por encima de todo, cuando esta se ajusta a los objetivos del capital. Los fetiches también ayudan a encubrir la realidad del saqueo y despojo permanentes cuando usan la necesidad del crecimiento económico y de la inversión privada en aras del bienestar general y la estabilidad económica. Cuando en realidad no solo evitan pagar sus impuestos sino que además buscan recibir ayuda estatal que sale de los impuestos a las rentas de trabajadores y todos los habitantes.
La rebelión, es una más de los cientos en 500 años de colonialismo y neocolonialismo. Una mas en 200 años de falso republicanismo, del poder de los criollos y españoles que retornaron que siempre se basaron en el rentismo y el parasitismo estatal. En el 2022 tenemos un país riquísimo en recursos, en progresiva destrucción con una economía subordinada al capital financiero global, a la creciente producción de derivados y extractivista basada en la minería del despojo y ecocida, en una agroindustria de la sobreexplotación y monopolizadora de las tierras arables de la costa, incluyendo irrigaciones y en la construcción de infraestructura para las grandes corporaciones y viviendas para las nuevas clases medias residentes en la capital. En el otro extremo un 80% en la economía informal, en gran parte de sobrevivencia, que incluye una minoría en un extremo que incluye la minería ilegal, el cultivo de coca, la manufactura del vestido y otras industrias pequeñas y medianas sin registro y en el otro los que tienen trabajo ganando menos de un dólar la hora y los excluidos de las ciudades, los pueblos y de los andes apenas sobrevivientes. Las personas que viven con menos de 3 dólares al día suman el 28.6% de la población y 10 millones son calificados como pobres. Con criterios más integrales, incluyendo salud, educación y vivienda aumentan a 41.7%, que en su mayoría sufren de desnutrición y son victimas de enfermedades careciendo de servicios de salud. La crisis educativa se expresa en que el 59% de las escuelas en estado calamitoso y muchas de ellas sin agua, deben ser demolidas. En los dos últimos años se calcula en un millón de niños y adolescentes que no se matricularon, por falta de ingresos, enfermedades o la opción laboral.
En el otro extremo, entre los intermediarios en el poder, dominación y explotación la corrupción está generalizada y ocurre en todas las esferas gubernamentales. Durante el periodo 2017 al 2020, la Defensoría del Pueblo registró más de 27,000 casos en todo el país. En 5 años, Perú ha tenido 7 presidentes y las perdidas por corrupción en tres décadas ascienden a más de 200 mil millones de dólares. Los responsables son 6 expresidentes del país: Alberto Fujimori (preso), Alejandro Toledo, Alan García (suicidado), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski y Martín Vizcarra, están presos, condenados, investigados, prófugos o perseguidos por una justicia que elige a quienes castigar según intereses y la correlación de fuerzas, en seis años solo uno esta preso (allí Faltan Merino, Sagasti y Castillo).
Sin embargo las razones morales, subjetivas, considero que fueron y son las más poderosas causas coyunturales de esa respuesta movilizada de cientos de miles rechazando al neoliberalismo, a la corrupción, sus instrumentos políticos como el Congreso y el sistema de injusticia, el racismo y la discriminación autoritaria Todo ello condensado por unos medios que saturaron durante 16 meses las mentes de la población con discursos de odio, con persecución de personas a condenar públicamente, con sumar procesos para lograr la vacancia, con la acusación de terroristas a cualquier resistencia al orden de sistema. Recordemos que la primera acusación contra Castillo de un supuesto cohecho fue la de Karelyn Lopez, una reconocida lobysta de inversionistas que según la abogada Giuliana Pacheco confeso que fue un montaje. Ante las dudas de la opinión pública sobre la culpabilidad de Castillo, lograron armar hasta 50 libretos sin prueba alguna. Al respecto muchos creen dos cosas, la primera es que se Castillo se encontró en medio de un sistema de corrupción heredado que abarcaba todas las actividades presidenciales, una administración inepta por que preferían parasitar al Estado que atender necesidades populares y segundo, se rodeo de familiares y paisanos como asesores y funcionarios, que pretendieron aprovechar de sus lugares de poder; con Ministros y personal de los mismos impuestos por partidos de izquierda corruptos que querían saldar cuentas del apoyo en campaña. En síntesis llego a un laberinto de intereses privados al que se integro por que así funciona el sistema.
Notas:
[1] “Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército. La tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”, dijo Mar Pérez, abogada de la CNDDHH. A los que hay que sumar los cientos de asesinados durante el gobierno de Fujimori 1990-2000. La mayoría, tuvieron que ver con balas represivas en defensa de la gran minería y el ecocidio.
[2] El “estado profundo” para controlar el poder judicial incurrió en ilegalidades al nombrar en muy debatido procedimiento una Junta nacional de Justicia, (ante el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura por graves caos de corrupción) con endebles requisitos meritocráticos para los cargos . Hoy su Presidenta esta acusada por no cumplir con la edad requerida para el cargo y la Fiscal de la Nación es sindicada por la prensa alternativa por haber retirado a la fiscal que investigaba a su hermana por liberar narcotraficantes a cambio de cientos de miles de dólares y por haber llegado a ese cargo con un currículum “construido” con una maestría y doctorado nunca registrados en una universidad “Chicha” o “patito” en la que aparece haber cursado esos estudios.
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