Perú: Ejecuciones discretas
Daniel Espinosa
Esa fuente de información fundamental que es el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington (EE.UU.) ha celebrado el vigésimo aniversario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –que expuso sus hallazgos un 28 de agosto de 2003– liberando nuevos archivos confidenciales del Gobierno estadounidense sobre uno de los episodios más oscuros de la historia peruana.
El Documento 3, redactado en octubre de 1984 por una oficina de inteligencia del Departamento de Estado americano, supo pronosticar el carácter que tomaría la lucha del Estado peruano contra las huestes de Sendero Luminoso: “…las fuerzas armadas no parecen capaces de ganar en lo militar y podrían verse tentadas a intentar aniquilar físicamente a Sendero Luminoso (SL) a través de la eliminación de cualquier sospechoso de ser un miembro o simpatizante”.
A esta tendencia asesina se añade lo detallado en el Documento 4 (redactado en mayo de 1988), que da fe de la voluntad de Armando Villanueva, entonces presidente del Consejo de Ministros de Alan García, de facilitarles impunidad a los militares que llevaran a cabo ejecuciones extrajudiciales: “Villanueva… remarcó que no le interesaba si el ejército ejecutaba a cada (integrante) de Sendero Luminoso que capturara, siempre y cuando dichas ejecuciones se realizaran de manera discreta”.
El mismo documento concluye que la intención de Villanueva de ocultar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares peruanos en Cayara, Ayacucho, “tendría un considerable impacto en las futuras relaciones gobierno-ejército”. Los analistas de la inteligencia estadounidense observan que el apoyo de Villanueva a los militares –que deseaban rienda suelta para librar la guerra antisubversiva a su manera– reduciría “los continuos planes golpistas dentro del ejército”.
El Documento 6, fechado en noviembre de 1988, extiende la discusión sobre el apoyo del APRA a los militares en su encubrimiento de la masacre de Cayara (impune hasta hace solo tres semanas), así como al escuadrón de la muerte “Rodrigo Franco”, que, como notan los analistas estadounidenses, también tenía como blanco a la izquierda legal. “La decisión del Gobierno de apoyar al Comando Político-Militar ha transmitido el mensaje deprimente de que, en los momentos críticos, el ejército está más allá de la ley”. La lenidad del Gobierno hacia el Comando Rodrigo Franco (CRF) y sus tácticas significaría, además, que “a los ayacuchanos, atrapados entre SL y el CRF… se les negaba (la posibilidad de seguir usando) la estrategia de supervivencia que habían empleado hasta entonces: no tomar partido”.
“(El) 98 por ciento de los recluidos en los centros de detención son torturados, la mayoría severamente”, dice un cable de marzo de 1993 de la Embajada de EE.UU. en Lima. Otro informe, el Documento 15, habla de cómo el general Luis Pérez Documet, involucrado en la masacre de “La Cantuta”, había sido recompensado por sus crímenes con un puesto militar en España.
El Documento 16 ofrece algunos detalles sobre la “Operación Aries”, conducida en marzo de 1994 al norte de Tingo María, Huánuco. Los helicópteros de las FF. AA. habían sobrevolado varios caseríos y los habían ametrallado desde los aires sin contemplación alguna. Luego, los soldados habían bajado para “matar y violar a los habitantes, reduciendo a cenizas toda estructura”. La impunidad y el bloqueo a cualquier investigación independiente continúan, “alentando nuevos abusos y desapariciones”, agrega este cable del Comando Sur del ejército estadounidense.
El Documento 18 confirma que Alberto Fujimori dio la orden de que, luego del exitoso asalto de la embajada japonesa secuestrada (Operación Chavín de Huantar), ningún miembro rendido del MRTA debía sobrevivir.
CONTRAINSURGENCIA CIEGA
Los helicópteros militares disparando sus metralletas sobre caseríos rurales –con la posterior violación y masacre de los sobrevivientes– hacen recordar a Vietnam y a mucha de la producción fílmica que ha representado esa guerra, donde se estima que perecieron más de 2 millones de civiles.
¿Sonaría de fondo la canción “Paint it Black”, de los Rolling Stones, mientras la soldadesca nacional disparaba desde sus helicópteros a mansalva y de manera indiscriminada? ¿Qué música infernal se escucharía cuando los perpetradores de la Operación Aries pusieron sus botas en tierra y empezaron a masacrar, saquear y violar?
No hay casualidad en la similitud entre los métodos contrainsurgentes aplicados en el Perú y los usados en Vietnam, pues seguían una misma doctrina: drenar la pecera para matar al pez. El pez hace referencia al insurgente o terrorista, mientras que la pecera es la población civil entre la cual “nada” este pez. En otras palabras, había que barrer con todo, asesinando al terrorista junto con el sospechoso y el inocente, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, de manera que se pudiera aislar al terrorista de la base social en la que se apoyaba o pretendía ganarse.
Cuando el general Luis “Gaucho” Cisneros aseguró, en 1982, que, de entrar en el combate antiterrorista, las FF. AA. «tendrían que comenzar a matar senderistas y no senderistas, porque esa es la única forma como podrían asegurarse el éxito. Matan 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas… y seguramente la policía dirá que los 60 eran senderistas. […] Creo que sería la peor alternativa y por eso es que me opongo, hasta que no sea estrictamente necesario…», el militar no estaba expresando ideas propias sino una doctrina militar importada y de larga data (cita tomada del TOMO II, 1.3, de la CVR, las negritas son nuestras).
Esta doctrina se basa en una mentalidad racista y ultraconservadora que busca el sostenimiento del statu quo a como dé lugar: como no habrá reforma ni una democracia real –sino ciudadanos de primera y segunda clase–, solo queda reprimir en masa, asesinando a culpables e inocentes y amedrentando a la sociedad por entero. Muchas insurgencias podrían haberse cortado de raíz a través del cambio en pro de la democracia y la justicia social, pero eso amenazaba la posición de una élite tradicionalmente racista que no estaba dispuesta a tolerar tales cambios.
En el Perú, la crueldad y la estupidez senderistas terminarían alienando a esa base social que el terrorismo pretendía hacer suya. Además, el triunfalismo de principios de la década del 90 llevaría a SL a cometer errores cruciales, que serían aprovechados por un sistema de inteligencia policial renovado. El ejército peruano, cuyos altos mandos habían sido entrenados en contrainsurgencia por estadounidenses y británicos, haría un gran esfuerzo por competir en brutalidad, aplicando una estrategia de tierra arrasada “con la intención de dejar claro sobre la población que el Estado era más fuerte que los insurgentes (…) de manera que (esta) encontrara prudente apoyar a los militares” (Lewis Taylor, 1997).
“¿Guerra con aspectos económicos y sociales? Cojudeces. Que vaya la tropa y que meta bala. A ver si no se aquieta la indiada. Se montó entonces un aparato para matar, una estrategia de asombrosa simplicidad: ¿quién mata más? ¿ellos o nosotros?” (Guillermo Thorndike, “La Revolución Imposible”).
La cita que hace Thorndike da fe de la lógica discriminatoria que permeaba la concepción militar de la lucha antisubversiva, una que persiste al 2023 y ahora es aplicada al manifestante callejero y al opositor político en su calidad de ciudadano de segunda clase, de peón insubordinado, de igualado y de “terruco”. Todo eso a pesar de que, como explica Taylor en su ensayo de 1997, “la intensidad y operaciones del PCP-SL disminuyeron significativamente en gran medida gracias a la iniciativa y capacidad organizacional del campesinado andino. No es de sorprender que esta contribución… no haya sido del todo reconocida por el Perú ‘oficial’”.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 652 año 14, del 08/09/2023, p18
