Perú: Arrancan los viejos tiempos
Américo Zambrano
En julio del año pasado Mauricio Arnillas, empresario inmobiliario, llamó al fiscal José Domingo Pérez “un completo HDP”. A los políticos de izquierda solía llamarlos “terrucos emerretistas, enfermos y caca roja”. Por esos méritos Keiko Fujimori lo ha nombrado titular del pliego de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es sólo un ejemplo.
Una de las decisiones que mejor retratan al gobierno de Keiko Fujimori llegó el mismo día de su juramentación, el martes 28. No fue el aumento del sueldo mínimo, los anuncios para enfrentar el fenómeno de El Niño ni las promesas de ordenar las cuentas públicas.
Fue la decisión de poner a las Fuerzas Armadas al frente de la lucha contra la inseguridad. Durante los estados de emergencia, anunció la presidente, los militares asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad interna en coordinación con la Policía Nacional.
La medida no apareció de improviso. Durante los últimos meses, con Fernando Rospigliosi como mariscal de campo, el fujimorismo rediseñó el marco legal para reducir el alcance de la justicia ordinaria sobre militares y policías. Aprobó una ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000, creó una exención de responsabilidad penal y civil para militares y policías que causen lesiones o muertes con sus armas de reglamento y dispuso que los presuntos delitos de función cometidos por los uniformados dejen de ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria y pasen al fuero militar-policial. Es decir, primero los limpió y después los blindó.
Ahora, esas mismas Fuerzas Armadas pasarán a ocupar el centro de la política de seguridad del nuevo gobierno fujimorista, pese a que numerosos militares y policías todavía enfrentan investigaciones fiscales por los asesinatos de 50 civiles durante las protestas de 2022 y 2023.
Responder a la peor crisis de violencia de las últimas décadas colocando a las Fuerzas Armadas al frente de las operaciones contra el crimen durante los estados de emergencia dibuja el perfil de “mano dura” con el que Keiko Fujimori inicia su mandato. Es, además, la primera señal de que no mentía cuando en campaña declaró que gobernaría como su padre.
La designación del general EP (r) César Astudillo como ministro del Interior terminó de confirmar el modelo de seguridad que la hija de Alberto Fujimori quiere imponer. No se trata solo de un militar al frente de una cartera tradicionalmente ocupada por civiles o policías en retiro. Astudillo fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es uno de los principales defensores de trasladar a la lucha contra el crimen organizado la doctrina militar que el régimen de Alberto Fujimori empleó para combatir a Sendero Luminoso.
Durante la campaña, Astudillo apareció junto a Keiko Fujimori explicando una de las “estrategias” que, a su juicio, debía recuperarse: el rastrillaje. “Consiste en un grupo de fuerzas especiales combinadas de Fuerzas Armadas y Policía que van incluso de casa en casa, previa inteligencia, buscando a estos criminales, aprehendiéndolos y llevándolos a donde siempre han debido estar”, dijo en un video difundido por Fuerza Popular.
El rastrillaje fue una de las principales tácticas de control territorial empleadas durante la lucha contra el terrorismo, especialmente en la década del 90. En Lima y otras ciudades, patrullas militares y policiales cercaban barrios completos, restringían el tránsito y realizaban registros casa por casa para identificar y capturar supuestos integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA. En las zonas rurales, columnas de soldados recorrían cerros y comunidades campesinas en busca de presuntos campamentos subversivos.
Según el primer gobierno fujimorista, la estrategia permitió desarticular redes terroristas. Pero también quedó asociada a detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Bajo ese clima de militarización y suspensión de garantías constitucionales se cometieron crímenes como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Con Astudillo dirigiendo la cartera del Interior, regresará el modelo de la guerra contrasubversiva de los 90, esta vez para enfrentar al sicariato, la extorsión y el crimen organizado.
Pero la militarización del Estado no termina en las calles. El miércoles 29, apenas 24 horas después de la juramentación, se filtró el borrador del proyecto de ley con el que el gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas por 120 días. Entre las primeras medidas en materia de seguridad propone autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en la dirección, el control, la supervisión y la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
Si el Congreso aprueba la delegación, los militares no solo encabezarán las operaciones contra el crimen durante los estados de emergencia. También pasarán a controlar las cárceles del país.
“La visión de Keiko es bien noventera”, sostiene José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). “Yo sí creo que las Fuerzas Armadas tienen que actuar con mayor decisión en el tema de la seguridad ciudadana, pero ¿qué saben los militares de rehabilitación penitenciaria o de administración de cárceles? Existe el prejuicio de que los militares lo solucionan todo”, dice.
Para Carlos Morán, también exministro del Interior, más delicado aún es entregar a las Fuerzas Armadas el liderazgo operativo de los estados de emergencia. “El simple hecho de encargar a las Fuerzas Armadas que asuman el liderazgo operativo, aunque sea temporalmente, de los estados de emergencia, desplazando a la Policía, constituye una tácita pérdida de confianza hacia la labor que viene desarrollando la institución”, afirma.
Pero el proyecto de delegación de facultades deja ver que la apuesta del nuevo gobierno va más allá de militarizar la seguridad ciudadana. El borrador del documento, de nueve páginas, constituye en realidad el primer programa de gobierno de Keiko Fujimori.
Bajo el argumento de enfrentar la criminalidad y reactivar la economía, el Ejecutivo solicita al Congreso la autorización para legislar durante cuatro meses sobre materias que abarcan desde el régimen laboral y tributario hasta la organización del Estado, la regulación ambiental, la inversión privada y el funcionamiento de la administración pública.
A lo largo del documento aparece una misma lógica. Allí donde el Estado exige hoy permisos, controles o procedimientos para desarrollar una actividad económica, el gobierno propone eliminarlos, reducirlos o acelerarlos. Y allí donde el Ejecutivo necesita sujetarse a una estructura administrativa o esperar la aprobación de nuevas leyes, solicita facultades para decidir por decreto durante los siguientes cuatro meses.
Esa orientación aparece de principio a fin. El proyecto plantea simplificar permisos y autorizaciones, ampliar mecanismos de aprobación automática y silencio administrativo positivo, reducir requisitos para las empresas, revisar la regulación ambiental con el propósito de facilitar proyectos de inversión y fortalecer el marco legal de las asociaciones público-privadas.
En la práctica, el objetivo es acortar el camino entre la inversión privada y su ejecución. Especialistas en derecho ambiental advierten que ese tipo de reformas reduciría también la capacidad del Estado para frenar o condicionar grandes proyectos por razones ambientales, y limitaría las observaciones formuladas por comunidades y organizaciones sociales.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo pide autorización para reorganizar el propio Estado. Si el Congreso aprueba la delegación, el Ejecutivo podrá crear, fusionar, dividir o extinguir organismos públicos, redistribuir competencias, trasladar recursos y modificar la estructura de entidades estatales mediante decretos legislativos. Además, las normas que dicte al amparo de esas facultades quedarán exceptuadas de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio.
Uno de los capítulos donde esa orientación se expresa con mayor claridad es el laboral. El gobierno de la “señora K” propone unificar los distintos regímenes de contratación bajo un sistema progresivo que modifica beneficios como la CTS, las gratificaciones, las utilidades y la protección frente al despido, además de flexibilizar las causas de extinción de los contratos de trabajo y reducir el número de feriados no laborables.
“El fujimorismo quiere vincular el acceso a derechos laborales al nivel salarial de manera regresiva. Si ganas poco, accedes solo a un porcentaje menor de CTS, gratificaciones y utilidades. Solo si ganas mucho, accedes al 100 %. También quiere fomentar el despido arbitrario”, asegura Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo. A su juicio, la propuesta debilita la protección del trabajador y facilita que las empresas reduzcan personal con menores costos.
Leídas en su conjunto, las medidas muestran un proyecto político reconocible. A la decisión de enviar a los militares a las calles para combatir la delincuencia se suma un paquete de reformas orientado a ampliar la capacidad de decisión del Ejecutivo y a reducir las regulaciones sobre la actividad económica.
Especialistas consultados por este semanario encuentran en esa combinación de mano dura, paquetazo, concentración de poder y una agresiva liberalización económica los rasgos con los que Alberto Fujimori inició su gobierno hace 36 años. Pero un programa de gobierno requiere un gabinete ministerial a la medida. Y es precisamente la conformación del primer Consejo de Ministros donde Keiko Fujimori ha recibido sus primeras críticas.
Lejos de presentar un equipo que simbolice un nuevo comienzo, la presidente optó por rodearse de figuras conocidas del fujimorismo y de exfuncionarios que ya ocuparon cargos durante gobiernos anteriores. Más que un gabinete de renovación, el primer gabinete transmite una idea de continuidad.
La primera señal la dio con el nombramiento de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros. La presidente no escogió a un técnico independiente ni a una figura de consenso. Puso al frente del gabinete a su primer vicepresidente, secretario general de Fuerza Popular y uno de los dirigentes que la ha acompañado durante la última década. Galarreta forma parte del reducido círculo de personas leales a Fujimori.
La misma lógica se repite en otras carteras estratégicas. En Economía designó a Élmer Cuba, jefe del equipo económico de su campaña en 2016; en Salud nombró a Luis Dyer, administrador de empresas, quien dirigió su red nacional de personeros durante la última elección; y en Desarrollo Agrario colocó a Marco Vinelli, responsable de elaborar el plan de gobierno que ahora busca ejecutar desde el Ejecutivo.
Junto a ese núcleo de confianza aparecen varios ministros que ya ocuparon cargos similares en gobiernos anteriores. José Antonio Chang regresa al Ministerio de Educación después de haberlo dirigido durante el segundo gobierno de Alan García. La influencia de Chang en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC) le habrían asegurado un puesto en el gabinete, según fuentes de Fuerza Popular.
Rafael Rey, miembro numerario del Opus Dei y uno de los políticos más conservadores del país, vuelve al equipo ministerial tras haber sido ministro de la Producción y Defensa durante el segundo gobierno aprista. Hoy está al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Juan Sheput retorna a Trabajo luego de haber ocupado esa cartera durante el gobierno de Alejandro Toledo. Roger Valencia repite en Comercio Exterior y Turismo, y el ultraderechista Ernesto Álvarez vuelve al Ejecutivo pocos meses después de haber presidido el Consejo de Ministros durante el gobierno de Jerí. Conocido por “terruquear” las protestas sociales y denostar de la izquierda, Álvarez lidera ahora nada menos que una cartera sensible como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El gabinete también incorpora a exadversarios políticos de la presidente. Rafael Belaúnde y Carlos Espá compitieron contra Keiko Fujimori en las últimas elecciones y hoy lideran dos ministerios clave: Belaunde en Defensa y Espá en Relaciones Exteriores. El nombramiento de Espá ha generado preocupación entre diversos embajadores por su cercanía al gobierno de Donald Trump. Espá se inició como periodista y trabajó 15 años en la Embajada de EE. UU.
Vladimir Huaroc desarrolló buena parte de su carrera desde posiciones antifujimoristas y ahora está al frente de la cartera del Ambiente y el periodista deportivo Alberto Beingolea fue durante años uno de los principales cuadros del Partido Popular Cristiano (PPC) y un crítico frecuente del fujimorismo. Hoy encabeza el Ministerio de Cultura.
No todos los nombramientos, sin embargo, parecen responder a la experiencia técnica o a una trayectoria en el sector que ahora dirigirán. Algunos obedecen, sobre todo, a la cercanía política con el fujimorismo.
Es el caso de Mauricio Arnillas, flamante ministro de Vivienda. Empresario inmobiliario y militante de Fuerza Popular, Arnillas convirtió durante años su cuenta de X en una tribuna de defensa de Alberto y Keiko Fujimori, y de ataques contra sus adversarios políticos.
En julio de 2025, por ejemplo, llamó al exfiscal José Domingo Pérez “un completo HDP” y escribió que era “un zurdo de mierda acomplejado que acabará como su padre, el preso número 1509”. A los políticos de izquierda solía llamarlos “terrucos emerretistas”, “enfermos” y “caca roja”. Este troll hoy integra el Consejo de Ministros.
Para el doctor en Ciencia Política Óscar Vidarte, el gabinete revela una lógica distinta a la de la renovación prometida durante la campaña. “Bien podría ser un gabinete de Jerí o Manuel Merino”, sostiene. A ello se suma que, de los diecinueve integrantes del gabinete, solo dos son mujeres.
El contraste resulta inevitable. Después de describir un país al borde del colapso institucional, Keiko Fujimori respondió con un gabinete construido en gran medida alrededor de la lealtad política. Las principales carteras quedaron en manos de colaboradores de confianza, antiguos aliados, exfuncionarios reciclados y dirigentes incorporados durante la campaña. El primer gabinete sugiere que para Fujimori la obediencia política pesa más que la trayectoria e idoneidad de sus ministros.
31-07-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 793 año 17, del 31/07/2026
