Perú: La deriva mafioso-autoritaria
Ronald Gamarra
El alevoso zarpazo en marcha contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se ha tramado y se está llevando a cabo a ritmo acelerado desde el Congreso, es solo el más reciente de una serie de ataques contra la institucionalidad democrática perpetrados para someter y controlar a órganos constitucionales autónomos del Estado, poniendo en ellos a gente que sea incondicional con la claque que domina ese antro de la plaza Bolívar. Así sucedió con el Tribunal Constitucional y luego con la Defensoría del Pueblo. Acontece ahora con la Junta Nacional de Justicia y pasará de todos modos con los organismos electorales: JNE, ONPE y RENIEC. Avisados estamos.
Ya mandan en el Ministerio Público jugando en pared con la Fiscal de la Nación. El Poder Judicial también será embestido, sea desde una Junta Nacional de Justicia formada con nuevos miembros aduladores o incluso mediante una intervención directa para reponer a los jueces “hermanitos” destituidos en los últimos años. Controlan fácilmente el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Dina Boluarte, quien no sabe qué hacer ni cómo se gobierna y que tiene como único objetivo durar en el cargo, para lo cual está dispuesta a meter bala (ya debe 50 vidas) y a complacer en todo a la coalición mafioso-conservadora. No están exentos de la posibilidad de asalto por parte de esta nefasta facción parlamentaria las entidades que administran aspectos esenciales de la economía, como el Banco Central de Reserva.
Muchos hablan de que estamos marchando así hacia una “dictadura parlamentaria”. En realidad, es muy distinto y peor: vamos simplemente hacia una dictadura mafiosa, corrupta y autoritaria de largo plazo. Por el momento, el proceso parece encaminarse hacia una fuerza parlamentaria desbordada y abusiva, pero tal cosa se debe a que hoy el centro de acción de la coalición lumpen y dictatorial está en el Congreso, desde donde están construyendo su base de poder inmediato y futuro. Sus planes, por lo visto, superan de lejos el 2026. Por eso la angurria y la desesperación por hacer efectivo el control del poder ya, para asegurarse la dirección y la manipulación del siguiente proceso electoral. Por eso el objetivo de tener en las manos no solo los órganos electorales, sino todo el espectro del poder.
Lo que une a los clanes de la coalición mafiosa son los negocios borrosos o directamente sucios, como los de las universidades basura y otros tráficos, así como las deudas que numerosos, demasiados de sus integrantes, tienen con la justicia, empezando por sus jefes Keiko y López Aliaga, e incluyendo a la gran mayoría de parlamentarios que, como mínimo, son mochasueldos, si no son cosas peores. Por cierto, el conservadurismo radical, enemigo de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, une al núcleo duro de este sector. El fujimorismo, el porkismo y sus satélites están en esa línea y cuentan con el apoyo del cerronismo, que también es ultraconservador y tiene muchas cuentas que arreglar con la justicia, empezando por su jefe. Esta gente necesita jueces y fiscales como los exmagistrados “hermanitos”, capitaneados por Hinostroza, que hoy vive muy tranquilo y feliz en Bruselas, esperando que sus amigotes le allanen el camino de retorno.
El dominio parlamentario de hoy es simplemente instrumental a la situación concreta. Pero si esta coalición se hace directamente del Gobierno, no tendrían el menor problema en concentrar todo el poder del Estado en el Poder Ejecutivo. Por eso, es un grave error entrar a cualquier tipo de debate teórico o jurídico sobre las ventajas o desventajas de los sistemas de gobierno parlamentario o presidencialista y sus variantes. Lo que está en juego actualmente no es una inocente reforma del modelo de gobierno, sino la destrucción misma de la democracia por parte de una coalición de bandas mafiosas y corruptas que pretenden quedarse en el poder por la fuerza, la cooptación, el engaño, el avasallamiento y la manipulación.
Por eso, también, actúan con procacidad. La denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra la JNJ, por ejemplo, es un esperpento por donde se la mire, un galimatías jurídico, conceptual y hasta de simple redacción, lo cual no impide que dé lugar a la formación de una comisión investigadora, formada por mochasueldos blindados por este mismo Congreso, que en un procedimiento sumario se traerá abajo a todos los siete magistrados de la Junta por una falta grave que hasta ahora los parlamentarios no han podido ni siquiera precisar ni describir. Pero eso qué les importa: están decididos a arrasar y lo harán.
La coalición parlamentaria mafioso-autoritaria está reproduciendo en nuestro país el modelo del pacto de la corrupción practicado en Guatemala en los últimos años. Hartos ya de los avances en la lucha contra el cohecho y la mordida realizados durante más de una década, los intereses deshonestos que secularmente han detentado el poder en la patria de Miguel Ángel Asturias, encabezados por un presidente señalado de venal y una fiscal general ultraconservadora, se pusieron de acuerdo para desalojar y perseguir sañudamente a los funcionarios, jueces y fiscales proactivos contra la impunidad y para manejar los procesos electorales según sus conveniencias y utilidades. Las presidenciales de hace cuatro años le salieron a su gusto. Las que se celebraron este año, no: la gente votó por un candidato que abiertamente se opone al pacto corrupto. Pero el ejemplo está allí y quieren aplicarlo –o ya lo están aplicando– aquí.
Algunas personas se desentienden del ataque del Congreso a la JNJ, o le restan significación, porque solo les importa que no se metan con la economía. Atención, no se puede ser tan ingenuo. Tan cojudo. Este parlamento ya agujereó la prohibición constitucional de iniciativa de gasto mediante una sentencia del TC que nombró el año pasado. Ese hoyo no hará sino crecer con el tiempo y la creciente debilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no hace falta ser suspicaz para olfatear que la propia autonomía del BCR está hoy también en entredicho, pues a esta manga de congresistas galifardos y con deudas con la justicia les debe estar tentando echar mano de los recursos largamente acumulados para darse una orgía irresponsable de popularidad. No debemos olvidar que ellos pueden destituir al directorio del BCR solo por falta grave: el mismo caso de la JNJ y ya vemos con qué facilidad se manipula este concepto en el hemiciclo.
La destitución de la JNJ, a gran velocidad y en muy poco tiempo, marca un punto crucial para las posibilidades de progreso de nuestro país, con una economía hoy estancada. Para empezar, nos cerrará la posibilidad de una asociación con la OCDE, en lo cual se había avanzado gracias al crecimiento económico anterior, pues esta entidad exige respeto a las normas y principios democráticos que este Congreso está violando abiertamente. La confianza necesaria para atraer inversiones se irá directamente por el tubo, pues quién pondría su capital en un país donde una mancha de sinvergüenzas gobierna arbitrariamente. El enfrentamiento abierto que los líderes mafioso-autoritarios de esta costra propician contra los organismos internacionales como la ONU y la OEA nos aislará y reducirá a la condición de país paria. Claro, a ellos qué les importa. Pero la deriva mafioso-autoritaria del parlamento le costará muy caro al país, ya muy golpeado por seis años de tormenta, propiciados por la pataleta de Keiko Fujimori en 2016, que se propuso derribar a Kuczynski y lo logró, abriendo paso a la inestabilidad, y los dos años de caos y corrupción de Pedro Castillo.
No podemos engañarnos más. Es necesario luchar aquí y ahora por defender la democracia con todas las fuerzas del pueblo. El ataque artero a la JNJ no puede ni debe pasar. Tenemos que despertar a nuestros compatriotas y hacerles ver lo que está tramando y haciendo este Congreso –que la inmensa mayoría del pueblo desprecia y repudia– mientras seguimos inmóviles y silenciosos.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 653 año 14, del 15/09/2023, p15
