Perú: No fue la calle sino la prensa libre

Ybrahim Luna

En Perú siempre es difícil analizar las crisis políticas. No porque estas nos sean ajenas, sino porque el estado natural de la política peruana es la crisis en sí. Lo que nos hace preguntarnos si lo que vivimos ahora es un episodio con miras a ser el definitivo: la tempestad que romperá las amarras y anclas ante lo evidente, o si será un capítulo más de una serie que ya lleva varias temporadas al aire y que solo cambia de actores ante los escándalos públicos.

Hace un año, muchos creímos que el gobierno de Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola sucumbiría aplastado por las decenas de cadáveres con los que tenía que lidiar producto de las masacres en el sur. Estuvimos equivocados. El gobierno, sostenido por el Congreso, aprendió a convivir con los esqueletos. Dina Boluarte no solo se acostumbró a tomar el té con la parca sino que se atrevió a culpar a los muertos de sus propios decesos. Ahora, la fiscal de la Nación con más poder desde la época de Blanca Nélida Colán, acorralada por las pruebas y en un intento desesperado de convertirse en una perseguida política, no tuvo mejor idea que usar el recurso de la muerte para vengarse de quien cree le armó el corralito para que cayera en desgracia. Si Dina le arrojó el muerto a los mismos deudos, ahora alguien le arrojó el muerto a ella y a su premier. Qué cosa más extraña e indigna, ¿no?, aparte de torpe, porque con esta jugada la fiscal prácticamente se inculpa. Además, recordemos cuánto tiempo el Ministerio Público estuvo demorando las pesquisas y cambiando a funcionarios con tal de no dar con los responsables. Y, de repente, en una madrugada desesperada, la institución halló la fórmula de la “colaboración eficaz de los muertos”. ¿Qué dirán los familiares de esta suerte de póquer con la memoria de sus caídos?

Y muchos se preguntan, ¿de verdad cree la fiscal de la Nación que Dina u Otárola están detrás de la “Operación Valquiria”? Eso no resiste ningún análisis, a menos que el Ejecutivo esté en modo de suicidio colectivo. Lo que la fiscal le puede estar reprochando al gobierno es que no la haya advertido a tiempo o que no haya movido un dedo para impedir el operativo. Ahora que las papas queman y que incluso la Junta de Fiscales Supremos ha pedido su salida, a la fiscal de la Nación no le queda otra que aferrarse hasta el final o “morir matando”, quizá con un as bajo la manga que involucre a media clase política. Por su parte, la Junta Nacional de Justicia ya le abrió un proceso disciplinario inmediato que la terminará sancionando y suspendiendo.

Ante esta nueva crisis, ya se está hablando de adelanto de elecciones como única salida. Y el pedido no solo viene desde la izquierda y el centro, sino desde sectores moderados de la derecha. Pero lo mismo ocurrió hace casi un año tras las masacres de Huamanga y Juliaca, y todo acabó en nada tras el juego en pared de Dina y el Congreso. ¿Es factible creer ahora que el Congreso, que está más enlodado que cerdo feliz en chiquero, acepte dar un paso al costado? ¿O que Dina renuncie para forzar una convocatoria a elecciones sabiendo que lo que le espera como ciudadana común y corriente es la cárcel? Es poco probable.

Por otro lado, es justo reconocer el trabajo de este semanario y de IDL-Reporteros. La prensa independiente percibió desde un inicio que las cosas no olían bien en la Fiscalía de la Nación. Cada semana que se publicaba una revelación, los dominicales preferían mirar al techo. Ya no importaba el calibre de la primicia, los noticieros le dedicaban unos segundos a la estudiada respuesta de la fiscal y pasaban a otra nota sin hacer comentarios. Nada la incomodaba. Este domingo, por supuesto, los dominicales abrirán sus programas anunciando grandes revelaciones sobre el operativo que puso en jaque a la fiscal. Y no faltarán los analistas que colocarán paños fríos a la crisis, alegando que se trató de líos internos entre egos mal entendidos.

Pero situémonos por un momento en un escenario hipotético para entender mejor el papel de la prensa en las crisis. Si todo esto hubiese ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo, los canales de señal abierta ya hubiesen interrumpido su programación habitual para seguir paso a paso todas las incidencias de esta trama con el cintillo: “CRISIS POLÍTICA”. Y serían sesiones maratónicas entrevistando a abogados constitucionalistas, exfuncionarios y figuras públicas que coincidirían en que el gobierno y el Ministerio Público han perdido la confianza de la gente por lo que deben ser vacados o intervenidos por sus superiores. La prensa, por supuesto, puede alimentar e inflamar la idea de crisis cuando le conviene. Y cuando no, puede amainar el temporal con diversas distracciones.

Al margen de cómo sea tratada la noticia en estos días, aquí hay quienes tienen mucho que perder, así que el poder tras las sombras (esa mafia que no sale en la tele) debe estar hilando muy fino para ver qué peones y alfiles reemplazar o sacrificar (incluyendo la detención de Henry Shimabukuro) sin retroceder en el copamiento de las instituciones democráticas. Lo que los peruanos percibimos como crisis es muchas veces solo la punta del iceberg. Y recordemos siempre este episodio y que no fuimos nosotros los que sacamos a las mafias: las calles no hicieron su trabajo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 664 año 14, del 01/11/2023

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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