Perú: Una lucha por justicia y contra la impunidad

Marisa Glave

“Un elemento importante a destacar de este viaje es que por primera vez llegan a la capital como una asociación nacional, no solo como asociaciones regionales”.

Cuando un Rolex vale más que una vida en nuestro país, se ha tocado fondo. Como sociedad debemos hacer un alto y mirar nuestras fracturas, hacernos cargo de ellas y vencer la indiferencia que nos ha llevado a este nivel de precarización moral.

Mientras el Congreso debatía el proyecto exprés del defensor del Pueblo, para elegir entre los que no llegaron a ser seleccionados para integrar la Junta Nacional de Justicia —por sus bajas calificaciones— a quienes reemplacen a la doctora Inés Tello y a Aldo Vásquez, destituidos arbitraria e inconstitucionalmente, la policía reprimía innecesariamente a cientos de familiares de víctimas del Gobierno de Boluarte que habían llegado a la capital.

La arbitrariedad como norma

Viajaron desde distintos lugares, principalmente de Puno, Apurímac y Cusco. Hermanos y hermanas, padres y madres de decenas de personas que murieron a manos de la represión violenta de la Policía y las Fuerzas Armadas, enviadas por Boluarte y sus ministros para silenciar la protesta social contra su Gobierno. Un Gobierno nacido de un pacto cínico con quienes habían perdido las elecciones y que buscaron a como dé lugar anular el voto rural, andino, popular que los había derrotado.

Esta vez vinieron a denunciar la arbitrariedad del sistema de administración de justicia. Situación agravada por la, vamos a decir, caprichosa rotación de fiscales a cargo de sus casos. Finalmente, las carpetas fiscales están en la capital, no en sus lugares de origen. Las trajeron a Lima para limitar la capacidad de seguimiento y fiscalización de los familiares de las víctimas. Hicieron aún más lejana la justicia.

Como ha explicado el doctor Quispe a la prensa, abogado de varias de las víctimas de Puno, la parcialización de la justicia empezó desde el día uno. Los policías y militares presentes en las zonas de conflicto donde murieron decenas de compatriotas no fueron sometidos a las pruebas de absorción atómica para identificar con claridad quiénes dispararon armas de fuego y quiénes no. Menos mal en el siglo XXI la tecnología ha ayudado a los familiares a identificar con imágenes grabadas a varios de los responsables de los disparos contra civiles que se manifestaban y contra quienes no estando en la protesta también resultaron heridos y asesinados.

Quispe señala además que la cadena de mando está clara y por tanto sí hay manera de asignar responsabilidades que, como debiera ocurrir en democracia, pueden analizarse hasta llegar a las cabezas, a los responsables políticos de estos crímenes.

Pero Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de la región de Puno, señala que estas pruebas de absorción atómica sí se aplicaron, absurdamente, a las víctimas. Lo único que quedó claro era lo evidente: que ninguna víctima había disparado. Los trataron como vándalos, como terroristas, como delincuentes desde el primer minuto. No como ciudadanos cuyos derechos habían sido violados.

Las arbitrariedades continúan hasta hoy. Como relata Samillán, en este viaje a Lima “continuaron violando nuestros derechos”. La policía nacional detuvo hasta tres veces el vehículo en el que venían. Revisaron documentos de todos los pasajeros y del chofer. El objetivo era claro: amedrentarlos. La tensión los acompañó todo el trayecto, también el miedo a que les siembren algún tipo de armamento para detenerlos arbitrariamente, como ya ha pasado con alguno de ellos antes. Somos un país donde un sector de la ciudadanía le tiene miedo a la policía. Donde la policía se dedica a acosar a ciudadanos antes que a los delincuentes porque ese es el tipo de órdenes que recibe.

Pero el acoso no es novedad. Lo han sentido en sus territorios, cuando han buscado justicia. Lo han sentido desde la llamada prensa nacional, que los ha calificado como terroristas, estigmatizándolos, sin ningún tipo de respeto por su dolor.

Es justo por esto, por esa imagen construida desde esa prensa que se dice nacional, que Samillán y quienes viajaron con él a Lima se sorprendieron por el número de personas, de limeñas y limeños que los acompañaron en sus acciones de protesta estos días.

La dignidad se impone y la solidaridad avanza

Un elemento importante a destacar de este viaje es que por primera vez llegan a la capital como una asociación nacional, no solo como asociaciones regionales o como colectivos locales de familiares de víctimas. En febrero de este año se constituyeron como organización de carácter nacional para sumar sus fuerzas. Hoy ya son 130 empadronados a nivel nacional, entre deudos y heridos.

Una parte importante de ellas y ellos lograron viajar, acompañados por colectivos que se han sumado a su lucha por justicia. Cerca de 150 personas acamparon frente a Palacio de Justicia para hacer sentir su voz. Pero en Lima fueron recibidos y acompañados por otros colectivos y organizaciones. No estuvieron solos. Samillán dice “nos sentimos fortalecidos, no esperábamos a tantas personas”.

El jueves lograron ser recibidos por el fiscal de la Nación, a quien le expresaron sus preocupaciones y su pedido de celeridad en las investigaciones. Las y los familiares de las víctimas del Gobierno de Boluarte esperan que el equipo especial de fiscales que ve el caso en Lima pueda coordinar con las fiscalías locales que tienen también información relevante sobre sus casos.

Han hecho un llamado abierto a los heridos de las protestas. Hoy la asociación tiene principalmente a los familiares de las víctimas mortales. Pero ya hay varias personas heridas que también se han atrevido a hacer denuncias. Han vencido el miedo inicial que les provocaron los policías que, lejos de acompañarlos, los amenazaron con abrirles a ellos investigaciones. Muchos heridos abandonaron los hospitales por temor a ser criminalizados. Hoy también empiezan a organizarse y a exigir justicia.

Un mensaje de unidad

Pude conversar con Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio, el médico internista asesinado en Juliaca cuando atendía a heridos de las protestas. Él señala con indignación la manera en que a los medios les importa más lo material, el escándalo de los Rolex, antes que la vida humana. Dice, con razón, que si se hubiera puesto el mismo empeño en investigar lo que pasó en Juliaca, en Andahuaylas o en Pichanaki, si hubiera el mismo énfasis en ver la situación que viven los familiares de las víctimas, otra sería la realidad.

Pero no pierde la fe en los peruanos. El despliegue de solidaridad que vieron esta vez en su viaje a Lima los ha animado. Al despedirnos le pregunté si tenía algún mensaje final y me dijo “quisiera pedirles que nos unamos para lograr que se vayan todos los que están en el Congreso y en el Ejecutivo, ellos son los principales responsables de estos asesinatos”. Venzamos la impunidad y que se abra paso a la justicia.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/04/una-lucha-por-justicia-y-contra-la-impunidad-por-marisa-glave-235224

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