Perú: Expedientes K
Alonso Zambrano
Cuando Fernando Rospigliosi dice que “hay que barrer” el Poder Judicial lo que quiere decir, en el fondo, es que “hay que borrar” las cuentas pendientes de Keiko Fujimori. No son pocas y todas tienen peso y huellas dactilares, aunque el Fiscal de la Nación las sabotea cada vez que puede
Una investigación por enriquecimiento ilícito y otras tres por lavado de activos. Keiko Fujimori llega a su cuarto intento por alcanzar la presidencia con cuatro expedientes fiscales en marcha. Al contrario de lo que ocurre con su adversario Roberto Sánchez, las pesquisas a la candidata fujimorista se empantanan. Los bailes no son casualidad.
En enero pasado el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, desactivó los equipos especiales que investigaban los casos Lava Jato. Al mismo tiempo que cortaba cabezas, posicionó a funcionarios cuestionados en puestos claves dentro del Ministerio Público. Una de esas designaciones ya surtió efecto directo en una de las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular.
También en enero la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas abrió una investigación preliminar contra Fujimori por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscal puso bajo escrutinio los dineros en negro que la hija del dictador recibió de los empresarios durante años. Sumando confesiones, la Fiscalía llegó a la cifra de 17 millones de dólares. Al paquete hay que añadir los maletines con 3,6 millones de dólares que el empresario Dionisio Romero Paoletti reconoció haberle entregado.
La hipótesis de la fiscal Sánchez-Porturas es que esos recursos no solo habrían servido para financiar la campaña fujimorista sino que parte del dinero habría terminado incrementando el patrimonio personal de Fujimori mientras ejercía como congresista entre 2006 y 2011. Y es a ese dinero al que le sigue la pista la Fiscalía.
“El objeto de la presente investigación es determinar la existencia o no de un incremento patrimonial o del gasto económico personal de la investigada en su condición de congresista de la República en el período 2006-2011, notoriamente superior al que pueda obtener por sus remuneraciones o cualquier otra causa lícita conocida. Toda vez que, de la denuncia materia de la presente investigación, habría un desequilibrio entre sus ingresos lícitos y egresos”, señala una disposición fiscal del 23 de abril a la que accedió esta revista.
El delito, de probarse, no está prescrito. El artículo 401 del Código Penal eleva la pena hasta 18 años de cárcel cuando el enriquecimiento es cometido por un funcionario sometido a antejuicio. Es el caso de Fujimori entre el 2006 y 2011.
Para seguir la ruta del dinero la fiscal Sánchez-Porturas pidió apoyo a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y a la Coordinación de las Fiscalías Anticorrupción. Solicitó que asignaran un perito contable a su equipo. La respuesta fue un rotundo no.
“Dada la sobrecarga pericial que viene soportando esta Unidad de Peritos FECOF Lima, se ha visto por conveniente otorgar prioridad de atención a las investigaciones ya formalizadas”, le respondieron.
Desde el 10 de abril la Coordinación de las Fiscalías Anticorrupción tiene un nuevo jefe. Se trata de Reggis Chávez Sánchez, nombrado por Tomás Gálvez. Su nombre no es nuevo en la trama de “alias Vane”, vinculada al entorno fujimorista. Sobre él habló Jaime Villanueva. Dijo que Chávez era cercano a un exabogado de Joaquín Ramírez. “(Castillo Alva) me comentó que uno de sus hombres en el Ministerio Público era el fiscal Reggis Oliver Chávez Sánchez, y que él era quien iba a ganar la plaza como fiscal superior titular anticorrupción», declaró Villanueva en septiembre de 2024.
No ha sido la única traba en el caso por enriquecimiento ilícito abierto contra la lideresa de Fuerza Popular. A finales de enero Sánchez-Porturas solicitó información sobre las cuentas bancarias de Fujimori al fiscal Alexander Taboada, reemplazo de José Domingo Pérez. Lo hizo mediante un oficio enviado al coordinador de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche. Más de cuatro meses después no ha recibido ninguna respuesta.
“El 9 de enero se dio inicio a la presente investigación preliminar, disponiéndose la realización de diversas diligencias (…). Empero, aún no se ha recibido la información solicitada sobre las cuentas bancarias que se hayan logrado identificar, tanto a nivel nacional como internacional, a nombre de la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, verificándose la necesidad de reiterar las solicitudes”, dice un oficio del 23 de abril.
La segunda carpeta abierta que afronta Fujimori está vinculada a la Universidad Alas Peruanas. En diciembre de 2025 el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica investigada en un proceso por lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que las ganancias obtenidas mediante presuntas irregularidades en la administración de la universidad y de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas terminaron financiando la campaña de 2011. Según la investigación, Joaquín Ramírez habría entregado dinero directamente a la agrupación y también mediante su empresa Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. Además, dos inmuebles ubicados en Surco y Miraflores habrían sido cedidos al partido sin ser reportados ante la ONPE.
La hipótesis fiscal apunta a que Fujimori, como presidenta de Fuerza Popular, conocía el origen ilícito de esos recursos, vinculados presuntamente a las actividades de Ramírez y de su tío, el fallecido Fidel Ramírez Prado, entonces rector de la universidad.
“El delito de lavado de activos se fundamenta en virtud del comportamiento realizado por sus socios, Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Pier Paolo Figari Mendoza (…) al haber insertado dinero de procedencia ilícita al sistema económico formal producto de la actividad criminal previa de fraude en la administración de personas jurídicas a través de la recepción de bienes de presunto origen ilícito”, dice la resolución judicial.
El expediente también reseña una operación que involucra directamente a Fujimori. En 2013 la lideresa de Fuerza Popular y su entonces esposo Mark Vito Villanella compraron un terreno de más de mil metros cuadrados en el condominio La Quebrada de Cieneguilla. La operación costó 144 mil dólares. El vendedor fue Menorca Inversiones, una empresa del entramado de Joaquín Ramírez manejada por su socio, Edmond Jordán Montes. Dos años después, en 2015, la pareja revendió ese mismo terreno al propio Jordán Montes por 201 mil dólares. Fujimori declaró ante la Fiscalía haber obtenido una ganancia de 80,000 dólares en la operación. Para la Fiscalía, se trató de una operación de lavado de activos.
El tercer expediente abierto contra Fujimori es por presunto lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña de 2021. En septiembre del año pasado la fiscal Manuela Villar Ramírez formalizó investigación preparatoria contra Fujimori y otras cinco personas por financiamiento ilegal de partidos políticos, delito que contempla penas de hasta ocho años de cárcel. Entre los investigados figuran Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, integrantes de la plancha presidencial fujimorista para 2026, además de las extesoreras del partido Karina Beteta y Milagros Takayama, y la contadora Lindman Miranda Zamalloa.
La investigación se concentra en dos puntos. El primero es el manejo del dinero utilizado durante la campaña de 2021. El segundo apunta a la estrategia impulsada por el fujimorismo para desconocer la victoria de Pedro Castillo e impedir que jurara el cargo el 28 de julio de aquel año.
La Fiscalía identificó aportantes que niegan haber entregado dinero, personas cuyos ingresos no coinciden con los montos registrados y al menos nueve testimonios que describen entregas de efectivo en sobres manila dentro del local partidario.
“Múltiples testimonios confirman la entrega de sumas en efectivo dentro de sobres manila, sin registro contable ni bancario (…) Entre ellos, Franco Montiel Ibarguren declaró haber entregado personalmente un sobre amarillo con dinero en el local de Fuerza Popular (…) Iván Katekaru Gushiken y Rubén Awa Matsukawa señalaron haber entregado montos en sobres manila obteniendo a cambio constancias de aportes que encubrían los verdaderos flujos en efectivo», se lee en la disposición fiscal.
Las finanzas de algunos aportantes tampoco cuadran. Edwin Tuesta Vásquez declaró recibir un ingreso mensual de 2,000 soles por trabajos independientes y estar jubilado desde 2020. Pese a ello, realizó diez aportes por un total de 9,000 soles a la campaña de Fuerza Popular en 2021. Otro caso es el de Alejandro Saldarriaga, quien dijo ser chofer de una empresa de transportes con un sueldo de 4,000 soles mensuales. En apenas dos meses, entre febrero y marzo de 2021, hizo 16 aportes de 1,100 soles cada uno para la campaña fujimorista.
La fiscal Manuela Villar detectó que Fuerza Popular recaudó S/ 1’258,708 entre el 9 y el 30 de julio de 2021, cuando la campaña electoral ya había terminado y la ley prohibía expresamente recibir aportes. Ese dinero habría servido para financiar la operación destinada a desconocer los resultados y pagar las tasas del JNE con las que se intentó anular 1,384 mesas electorales.
La Fiscalía también descubrió que Fuerza Popular no registró ningún movimiento de dinero en sus libros contables. Arguyó que sus registros y cuentas estaban requisados o embargados por el Equipo Especial Lava Jato.
La cuarta investigación que todavía pesa contra Fujimori es el caso Cócteles. En octubre de 2025 el Tribunal Constitucional ordenó archivar el proceso al considerar que los hechos investigados no constituían delito. Meses después el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó esa decisión y dispuso el archivo definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló y la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional deberá decidir el próximo 28 de mayo si el caso se reabre o queda cerrado de manera definitiva.
Mientras las investigaciones a la ex primera dama se congelan, empieza a hilvanarse la vendetta. El pasado 14 de mayo la fiscal adjunta superior Rosario Soledad Velazco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la ANC, inició una investigación para identificar a los fiscales que trabajaron en la acusación del caso Cócteles. “Resulta necesario y pertinente –dice el documento fiscal– recibir la declaración de los fiscales mencionados, a efectos de esclarecer e identificar a los fiscales que habrían intervenido en la elaboración del referido requerimiento acusatorio”.
21-05-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 783 año 17, del 22/05/2026
