Perú: La década robada
Pedro Francke
«La Comisión de Economía fue presidida primero por César Revilla y luego por Rosangella Barbarán, ambos de Fuerza Popular»
El fujimorismo pretende decirnos que es el garante de la estabilidad económica del Perú. Pero en estos años pasados el fujimorismo gobernó desde el Congreso como si el costo lo pagaran otros. Imposibilitaron que la corrupción tuviera consecuencias, inhabilitando a la fiscal que los investigó y recortando los plazos del mecanismo que los había expuesto. Socavaron la estabilidad que la inversión privada necesita para crecer, con seis vacancias de presidentes y arriesgando la sostenibilidad fiscal. Derrocharon el espacio fiscal que el próximo gobierno necesitará para gobernar, con 268 leyes que generan compromisos permanentes de S/ 36,700 millones anuales sin financiamiento.
Por si alguien piensa que este es un punto de vista sesgado, podemos recordar lo que ha dicho Julio Velarde al respecto. En la CADE Ejecutivos 2024, Velarde dijo: “En varios niveles del Ejecutivo y del Congreso me da la impresión de que no se entiende la importancia de la disciplina fiscal”. En mayo de 2024 calificó de “una barbaridad” el fallo del Tribunal Constitucional que le abrió la puerta al Congreso para tener iniciativa de gasto –Tribunal cuyos miembros eligió el fujimorismo– y advirtió que el Parlamento “está haciendo estropicios en la economía, poniendo en peligro todo el tema del equilibrio fiscal”. En diciembre de 2025 señaló que las leyes aprobadas por el Congreso “hacen peligrar la estabilidad económica del país”. En abril de 2026 fue más directo: “El país está empezando con el pie izquierdo. El país se está debilitando, sin duda. Las medidas que podría tomar la nueva administración están siendo socavadas”. Pero para Keiko Fujimori y sus secuaces, cuando Velarde dice lo que no les gusta, hacen oídos sordos.
Keiko gobernó desde el Congreso estos años. Ella misma lo dijo. El 28 de julio de 2016 Keiko Fujimori anunció que su partido iba a “gobernar el país desde el Congreso” y a convertir su plan de gobierno en leyes. Con 73 de 130 escaños y mayoría absoluta, lo ejecutó. Después de 2021 siguió gobernando vía alianzas de bloque, presidentes funcionales al Congreso y vacancias como instrumento de renovación del contrato político. El resultado fue nueve presidentes desde 2016. Ningún presidente ni vicepresidente electo terminó su mandato después de Humala. Y mantuvieron en el cargo a quienes les obedecían y mientras les convenía: el propio Alberto Fujimori lo dijo en febrero de 2024: “El gobierno de Boluarte va a continuar hasta el 2026 porque Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. El vínculo con el Ejecutivo tiene un nombre concreto: José Arista fue ministro de Economía durante la gestión de Dina Boluarte y es senador electo por Fuerza Popular para las elecciones de 2026. El ministro de Economía del gobierno “independiente” terminó siendo candidato fujimorista.
El Congreso se sirvió primero. El presupuesto del Congreso pasó de S/ 589 millones en 2021 a S/ 1,768 millones en 2026, un crecimiento del 200% en cinco años y el mayor presupuesto parlamentario del siglo. Para el presupuesto 2026 la Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi tomó la propuesta del Ejecutivo y la elevó un 39% adicional. En ese mismo presupuesto se asignaron S/ 145 millones menos a Salud y S/ 232 millones menos a Transporte y “se olvidaron” del presupuesto para las becas que tanto necesita nuestra juventud. Ningún otro sector del Estado registró variaciones al alza de la magnitud que se agarró el Congreso. El presupuesto por legislador en Perú es el segundo más alto de toda América Latina. El gasto en personal del Congreso creció un 47% en solo dos años: de S/ 447 millones a S/ 659 millones. El Congreso además destinó S/ 141,000 soles para estudios iniciales de un predio en Santa María del Mar, zona de playa al sur de Lima, para una supuesta sede institucional que en realidad quieren que sea su propio y exclusivo club de verano.
El Consejo Fiscal, organismo independiente y donde no hay ningún integrante de izquierda, ha analizado en detalle los efectos fiscales del gobierno keikista. En este Congreso se aprobaron 268 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio histórico de todos los periodos previos combinados. El 44% fue aprobado por insistencia, es decir, contra la opinión técnica expresa del Ejecutivo. El costo permanente acumulado asciende a S/ 36,700 millones anuales, equivalentes al 3% del PBI. El costo fiscal total del periodo: S/ 109,600 millones, equivalentes al 9.1% del PBI. Si se materializan las iniciativas en trámite el déficit fiscal promedio entre 2026 y 2036 podría alcanzar el 5.8% del PBI contra el 1% proyectado. No solo la presidencia de Rospigliosi está detrás de estas medidas. Esto ha sido obra de Keiko y sus secuaces desde el primer momento. Fuerza Popular controló las dos comisiones que son la puerta de entrada de toda legislación económica. La Comisión de Economía fue presidida primero por César Revilla y luego por Rosangella Barbarán, ambos de Fuerza Popular.
A menos de dos meses de las elecciones, en solo tres sesiones del Pleno y bajo la presidencia del fujimorista Fernando Rospigliosi, el Congreso aprobó 11 leyes con gasto nuevo permanente por S/ 11,400 millones anuales, equivalentes al 1% del PBI y sin financiamiento identificado. Para crecer y progresar económicamente se requiere estabilidad política y reglas fiscales, y en estos años de gobierno el fujimorismo ha hecho todo lo contrario. Está en nuestro voto impedir que sigan destrozando al país.
21-05-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 783 año 17, del 22/05/2026
