Ni terrorismo ni infamia
Ronald Gamarra
Si en algo estamos de acuerdo los peruanos es en el rechazo al terrorismo del MRTA. Por supuesto, sin «pero» alguno. Nada, absolutamente nada, justifica el crimen, el secuestro, los cupos y las «cárceles del pueblo». No existe, ni puede invocarse, cálculo político o adhesión ideológica ninguna, para llevar adelante una práctica terrorista como la del MRTA.
El carácter terrorista de la organización está fuera de toda discusión. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana (salvo para connotados apristas como Villanueva del Campo y Valle Riestra). Por lo demás, la CVR –que califica a SL y al MRTA como los iniciadores de la violencia desatada en el Perú y principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que padecimos entre 1980 y el 2000– ha documentado suficientemente el comportamiento cruel e inhumano de esta organización, de sus líderes y militantes.
Los organismos de DDHH, desde su fundación, han rechazado toda práctica de violencia. Esa declaración, incluso, ha sido elevada a principio, pues sólo quien la asume puede ser parte integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En los años de la violencia, ciertamente los terroristas amenazaron, asesinaron y desaparecieron a miembros de las fuerzas del orden, autoridades y pobladores en general; también, claro está, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a sus activistas.
Ahora, la inclusión o no del MRTA en una lista de organizaciones terroristas, o de su actividad armada o inexistencia, ha sido pretexto para iniciar una campaña difamatoria en contra de Aprodeh y de sus principales activistas. La idea del fujimorismo corrupto, a la que se ha sumado parte del gobierno y el humalismo, es poco menos que la de asociarla al MRTA. Nada más falso e interesado. Quien conozca algo de los años de la violencia política reciente sabrá que, así como no puede escribirse la historia del movimiento de derechos humanos en el Perú sin resaltar la obra de Aprodeh, y particularmente la de Francisco Soberón, puede afirmarse en voz alta que ambos desde el principio han alegado por la vida y condenado el crimen.
Evidentemente, muchos de quienes ahora difaman a Aprodeh y Soberón tienen razones para ello. Y es que el fujimorismo reptante no les perdona haber intervenido tan activamente en la extradición de Alberto Fujimori y en el proceso penal en su contra; al oficialismo, lo pierde el temor de la judicialización de los hechos de El Frontón, algo en lo que Aprodeh lleva años de esfuerzo; y al humalismo, lo irrita las denuncias contra el comandante que patrocina la entidad defensora de DDHH por el caso Madre Mía y la posición pública de Soberón en el tema.
Por ello, más allá del hecho de Bruselas y la discutida carta, esta es una buena oportunidad para reafirmar el compromiso de los organismos de derechos humanos con los valores democráticos, la defensa de la vida y el rechazo a toda forma de terrorismo.
