El peligroso recorte de libertades ciudadanas
Augusto Álvarez Rodrich
La detención de Carlos Rivera ayer en el aeropuerto Jorge Chávez es un indicio más del proceso gradual de recorte de las libertades ciudadanas que mella la institucionalidad democrática.
El abogado Rivera fue detenido cuando regresaba al Perú por una orden del 40° juzgado penal por un caso de falsificación de documentos en agravio de la ONPE. No había sido notificado y, en todo caso, es alguien fácil de ubicar.
Es imposible dejar de tener en cuenta que Rivera participó en el juicio a Fujimori y que también presta servicios en los casos de derechos humanos del primer gobierno aprista, en el cual –como es obvio– están interesados el presidente Alan García y el primer vicepresidente Luis Giampietri. Esta semana, debe participar en cuatro audiencias sobre estas causas.
Peor aún, el que decidió la detención es un juez suplente –Julio César Díaz– nombrado por el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega, con sólida vinculación con el Apra y que ha sido criticado fuertemente por el IDL y otros medios.
Esta detención ocurre en el contexto del debilitamiento de las libertades ciudadanas debido a la prepotencia del gobierno en diferentes ámbitos. Uno de ellos está vinculado a todos los hechos lamentables ocurridos en la amazonía, incluyendo la reciente suspensión de congresistas del Partido Nacionalista con la intencionalidad evidentemente tramposa de despejar el camino para que el Apra siga controlando la presidencia del Parlamento, o el cierre sospechoso de radios en la selva.
El gobierno está contando para ese proceso con la participación entusiasta de personas vinculadas de distintas maneras al oficialismo. Uno muy notorio es Giampietri, quien ayer nomás demandó que la Sunat y APCI intervengan las ONGs que no les gustan ni a él ni al gobierno. Juan Luis Cipriani, quien a veces confunde el púlpito de cardenal con un espacio de activismo a favor de sus creencias políticas, anda en la misma onda en lugar de demandar la concordia y la unidad nacional.
Asimismo, un sector de la prensa que no oculta su entusiasmo por el gobierno se ha dedicado –¿por encargo de este?– a perseguir a periodistas con los que no coincide atacando, por ejemplo, a los reporteros que cubrieron los incidentes en Bagua; sugiriendo despidos en los medios supuestamente en favor de la estabilidad; y hasta recomendándole al presidente García –en el diario del Presidente del Consejo de la Prensa Peruana– a usar napalm en la selva.
En un país con una institucionalidad débil, es fácil recurrir a mecanismos de presión formales e informales para amenazar al que no se alinea con el poder, que es lo que parece estar ocurriendo. ¿Qué hace todavía un hombre decente como Yehude Simon en medio de esto?
FUENTE:
http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/15/06/2009/la-legalidad-en-la-otra-ribera
