Por una ley general de trabajo con inclusión social
Mario Huamán Rivera
El supuesto éxito del modelo económico impuesto por la dictadura fujimontesinista se basó en gran parte en la reducción de los derechos sociales y laborales de los millones de trabajadores y trabajadoras. Esta ilegalidad permitió a las empresas nacionales y extranjeras incrementar exponencialmente sus ganancias no por la eficiencia o la competitividad sino con la precarización de las condiciones de trabajo de los millones de ciudadanos y ciudadanas.
Para ello, el recluso Fujimori estructuró una legislación laboral que facilitaba a los empresarios recuperar su inversión adueñándose del dinero que le correspondía por derecho a los trabajadores (al no pagarles los beneficios laborales, como Essalud, entre otros), que se vieron imposibilitados de enfrentar esta injusticia debido a que las leyes fujimoristas impedían en la práctica de la libertad sindical para lograr aumentos de salarios y por otra parte la represión criminal propiciada por la dictadura (Grupo Colina) que asesinaba a sus dirigentes, como Pedro Huilca.
Con la recuperación de la democracia y los gobiernos sucesivos, continuó esta ilegal legislación que impide a las familias trabajadoras beneficiarse del crecimiento económico pero que si incrementa las utilidades empresariales. Una iniciativa presentada en el 2002 con el 70% de consenso fue congelada en los predios congresales hasta la actualidad, siempre con la justificación de la competitividad empresarial para mantener el oprobioso sistema laboral fujimontesinista todavía vigente.
Con la derrota de la candidata de la criminal dictadura y de García en las últimas elecciones, el nuevo gobierno a través del Ministerio de Trabajo viene evaluando con un grupo de expertos la revisión del proyecto de Ley General de Trabajo para cumplir su promesa electoral. Sin embargo, es inexplicable que el Ministerio de Economía haya contratado a laboralistas empresariales para elaborar su propia iniciativa desde su sector. A esto se suma, el proyecto de ley de la bancada fujimorista que pretendería perpetuar el sistema laboral actual.
Frente a esta realidad, la CGTP solicita al nuevo gobierno y a los congresistas una verdadera Ley General de Trabajo con inclusión social que ampare a todos los trabajadores del sector público, privado y autoempleados, donde se incluyan temas medulares, que los empresarios y sus operadores políticos se niegan a discutir, como la eliminación de las modalidades contractuales y regímenes especiales (CAS, Régimen Agrario, Exportaciones No tradicionales, etc), la implantación de la negociación colectiva por rama, libertad sindical, derecho a huelga, eliminación del despido arbitrario y las utilidades, etc.
Por estos motivos, la central junto a sus bases y otros gremios marcharán el 12 de octubre a nivel nacional para respaldar los cambios que nuestro Perú necesita pero también para exponer la plataforma de demandas que se encuentran pendientes de solución, como la Ley General de Trabajo.
