El oro, la plata y la vida

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José Álvarez Alonso


Comunidad Indígena Andrés A. Cáceres, alto Tigre, cerca de la frontera con Ecuador. Me había alojado en el colegio, un tambito con unas cuantas carpetas desvencijadas. Sobre la mesa del profesor me llamó la atención una pequeña campanilla, como ésas que usan en las casas de los pitucos para llamar al personal de servicio. Pregunté intrigado a un poblador por qué tenían una campanilla así en un pueblo en el que faltaba casi todo. Me contestó: “Hace unos meses solicitamos a la compañía petrolera (en ese tiempo la norteamericana OXY) una campana para llamar al pueblo, y un botiquín comunal. Nos entregaron esa campanita y esas medicinas que ves en la estantería”. Las medicinas, literalmente, consistían en un frasco de agua oxigenada, un par de paquetes de algodón, un frasco de aspirinas y no sé si alguna pastilla más. No llegaba ni a botiquín de primeros auxilios.


Ese tipo de” apoyos” daba a las comunidades la empresa petrolera que por más de 30 años explotó los ricos yacimientos petroleros del Tigre y Corrientes, y contaminó para siempre -con sus aguas de formación y sus derrames petroleros- los ríos y quebradas, y a sus habitantes Kichwa-Alama (como los de la C.N. Cáceres), Jíbaro-Achuar, y Urarina. La C. N. Cáceres, por cierto, es vecina de Vista Alegre, la comunidad donde murieron 21 niños en dos años por hepatitis provocada por la contaminación a principios de los 90.


Con eso y el pago de míseros impuestos al Estado la compañía ganó decenas de miles de millones de dólares, mientras que la gente local no sólo no mejoró nada su calidad de vida (he visto a niñas de doce años prostituirse por un tarro de leche y un kilo de arroz, mientras sus padres languidecían sumidos en el alcoholismo), sino que vio disminuidos sus recursos de flora y fauna (base de su economía) y deteriorada para siempre su salud por los metales pesados dejados de regalo por la industria petrolera: 99% de los pobladores indígenas del río Corrientes tienen cadmio en la sangre por encima de los máximos permisibles, y 68% superan el límite de tolerancia biológica, es decir, están enfermos; mientras que el 66% tienen plomo en la sangre por encima de los máximos permisibles, y entre 75 y 82% padecen anemia perniciosa…


Si tuviesen en su mano los indígenas decidir por el futuro de la actividad petrolera, ¿alguien duda que se opondrían? Sin embargo, el Estado no les da esa opción: se lleva los escasos impuestos, de los que invierte miserias en educación y salud en la zona, y les deja todos los impactos. Vaya ecuación.


Nací y crecí al lado de una de las minas de oro más grandes del Imperio Romano, las Médulas del Omaña, en la Península Ibérica. Probablemente mis antepasados trabajaron como esclavos en ellas por más de 400 años y sufrieron la contaminación por mercurio, usado masivamente por los romanos. Las minas estuvieron abandonadas por 1500 años, pero a fines de los años 70 una empresa pretendió explotar de nuevo el oro. Propuso un ambicioso proyecto que incluía medidas de mitigación con cero impacto ambiental, y suculentas compensaciones a los campesinos cuyas chacras serían afectadas. El proyecto fue sometido a consulta y rechazado en masa por los campesinos. El Estado respetó su voluntad y el proyecto nunca se ejecutó. ¿Por qué no se puede respetar la voluntad de los indígenas amazónicos con el petróleo o de los campesinos en Cajamarca con las minas?


Cajamarca está en llamas por un caso en cierto modo similar al del Tigre-Corrientes. Se ha publicado que en los últimos siete años la empresa Yanacocha (Newmont-Buenaventura) obtuvo ganancias netas por más de seis mil millones de dólares; del el 2004 al 2010, esta empresa abonó al Estado peruano por concepto de impuesto a la renta 9 millones 397 mil dólares, sobre una venta neta de 3’235,751 mil dólares; es decir, un exiguo 0,29 por ciento. De este mísero impuesto, el Estado ha invertido en las comunidades afectadas por la minería… Bueno, se lo pueden imaginar, una pigricia (que diríamos en Loreto), de la que una miseria aún menor llegó a las bocas de los más pobres.


Si el Estado hubiese exigido a Yanacocha el pago de los impuestos que por ley le correspondía (los que fueron exonerados por corruptas exenciones tributarias…) y la compensación por los pasivos ambientales y sociales, estas ganancias se habrían reducido a 3,000 millones de dólares (¡todavía una cifra obscena!). Se dice que sí puede existir una minería ambientalmente amigable y socialmente responsable, pero es claro que ése no es el caso de la minera Yanacocha, y de ahí la férrea oposición del campesinado a más minas, por más que les aseguren que, “ahora sí”, no habrá impactos ambientales. No le creen ni a la avariciosa empresa ni el corrupto y cómplice Estado. El EIA de Conga, aprobado sospechosamente en tiempo récord y con severas fallas, según el MINAM, es una prueba de lo ‘aceitados’ que están ciertos sectores del Estado para que favorezcan a los poderosos mineros.


¿A alguien le extraña que las comunidades de Cajamarca se opongan al proyecto Conga, en el que esta compañía pretende invertir otros cinco mil millones de dólares? No sólo se trata de que los campesinos no creen que el agua no será afectada -porque han experimentado lo contrario en los años que ésta y otras compañías operan en la región-; el tema es que ven cómo unos señores foráneos, limeños y gringos, se llevan inmensas riquezas del subsuelo de lo que son o fueron sus chacras, mientras ellos siguen sumidos en la miseria.


Las dos lagunas que el proyecto Conga pretende convertir en botaderos de desmonte podrían ser salvadas, pero esto disminuiría en aproximadamente un 5% las ganancias de la compañía. El Estado peruano (en este caso, el Ministerio de Energía y Minas), para “garantizar la inversión” -en realidad, maximizar los beneficios de la compañía- aprueba el proyecto tal cual, y no les exige salvar a las valiosas lagunas, proveedoras de agua de sinnúmero de comunidades cuenca abajo. ¿No es para rechinar los dientes? La plata (en este caso, oro, el lucro) en vez del agua, de la vida.


La avaricia rompe el saco. Por seguir disfrutando de sus exorbitantes dividendos la poderosa Yanacocha se ha encontrado con la horma de su zapato: paralizado su proyecto, probablemente por varios años, si no para siempre, destruida la paz social y su imagen pública… Esperemos que la lección la aprendan otras empresas avaras, obsesionadas por maximizar las ganancias y minimizar los costos, a costa de la gente y del ambiente.


Blog: pepealvarez.com

Agradecemos a José Álvarez Alonso, Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, por compartir sus reflexiones con nuestros lectores.

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