Cuando una empresa minera no cumple la ley y el Estado no vigila


Paco Muguiro Ibarra S.J.

La Comunidad Indígena de Cañaris es reconocida como un reducto quechua hablante, que quedó desprendido  del Pueblo Cañaris de Ecuador, en los confines del departamento de Lambayeque limitando con el Nor Oriente de Cajamarca.. El idioma materno es el quechua que habla el 80% de la población, las mujeres es el único idioma que hablan, y la UGEL ( Unidad de Gestión Educativa) máxima autoridad de educación en las provincias de Lambayeque y Jaén (porque dos pueblos de esa comunidad pertenecen al distrito de Pomahuaca que es  distrito de  Jaén), se la ven mal para encontrar  en el Norte del Perú maestros/as quechua hablantes.

Hace unos cuatro años se instaló en sus tierras una empresa minera llamada Milenio, que después cambió de nombre a Cañariaco Cooper. La comunidad dio permiso por un año para que realizaran sus trabajos. Ese permiso nunca fue renovado, pero la empresa siguió instalada en sus tierras. Ahí debería haberse instalado la Mesa de Diálogo, antes de que fuera echando raíces el conflicto. Porque era previsible, que hubiera rechazo,  habiendo hecho el MEM una concesión de 22.000 Has de las 40.0000 Has   que tiene la Comunidad, ( El Comercio 3 de Feb.2013, pag 16) como efectivamente lo hubo.. Ordinariamente las empresas mineras entran legalmente con el permiso del MEM,, concedido en Lima y posteriormente hacen los trámites para ser aceptados por la comunidad., cuando debería ser al revés: primero pedir permiso y después entrar.


La empresa ha presentado el resultado de una asamblea general de comuneros, realizada en Julio   2012 en donde participaron 725 y aprobaron la etapa de exploración una mayoría del 70%, esto es unos 500,. Pero ese mismo año hubo una consulta popular, el 30 de Septiembre, organizada por las autoridades de la Comunidad en donde votaron 1.900 comuneros y el 95% se oponía al  trabajo de la mina. A esta consulta popular asistieron de veedores el Gobernador Regional de Lambayeque, el Director de Energía y Minas de la misma, región, el Director del Ministerio de la Producción de Lambayeque la PNP la VIMA (Vicaría del Medio Ambiente del Vicariato Apostólico de Jaén) y otras instituciones. Y todas dan fe del orden en que se llevó a cabo dicha asamblea: La PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no la reconoce como legal, porqiue como Comunidad Campesina no beneficiaría de la ley de Consulta Previa,, lo que no quiere decir  que no tenga valor de legitimidad, como expresión de la voluntad comunal.

Ante este desconocimiento, la terquedad de la empresa de seguir, sus trabajos, sabiendo que solo un sector minoritario de la comunidad está de acuerdo con el desarrollo minero y el beneplácito del gobierno, los comuneros exigen una Mesa de Diálogo y de no realizarse en 10 días tomarían el campamento minero. Primera intervención del Estado: manda 300 policías y posteriormente hasta llegar a 500.  Pero se instala la Mesa de diálogo.


La versión oficial es la de siempre:: la mayoría de la población quiere la mina pero un reducido número de radicales subversivos están agitando a los comuneros. El Estado no aprende, sigue diciendo lo mismo que  en el conflicto de Bagua y que en Espinar y en Conga, no aprende. Lo mismo se decía con el gobierno anterior de Alan y con el de Toledo y Fujimori.. Como se presiona cortando las carretas, en enfrentamientos con la policía hay cinco heridos, alguno grave y 22 denunciados.

Pero el 24 de Enero  la Defensoría del Pueblo por oficio Nº 0179-2013 DP, dirigido a la empresa y al MEM aconseja que verifiquen bien si es que tienen el permiso de la Comunidad para intervenir en sus tierras, porque por ser comunidad campesina  necesitan la aprobación de las  2//3 partes de los más de 3.400 comuneros,  y según documento de la empresa solo 500 la aprobaron. Y ante el desconocimiento de la PCM y del Ministerio del Ambiente, sobre si está sujeta a la ley de Consulta Previa, les aclara diciendo, que  la Comunidad de Cañaris es catalogada como indígena con todo derecho a dicha ley.


Ante esta declaración de la Defensoría, el Gobierno responde que no revisó los padrones de la comunidad  y que desconocía que estaba catalogada de comunidad indígena. (El Comercio 3 de Febrero, la República 4 de Febrero). Y ahora nos podemos preguntar quienes son ,los agitador4es y quienes son los radicales. Porque así como hay agitadores y radicales que  dicen NO y NO a cualquier actividad extractiva, también los hay que dicen Si o Si a cualquier actividad minera, si8n condiciones, como en este caso  que la empresa no cumplió con ser  transparente y el Gobierno no revisó los padrones. Pero ya hay cinco heridos y 22 denunciados injustamente. Quien denuncia a  los verdaderos agitadores, invadiendo propiedad privada sin permiso o a estos radicales que no son capaces de revisar si las empresas cumplen las leyes de nuestro Estado Peruano? Este es el problema. Pero en Huaquillas de la provincia de San Ignacio y en los siguientes casos seguirán diciendo que es problema de una minoría de agitadores radicales, aunque la empresa no cumpla con las leyes y el Gobierno no vigile.


Jaén, 10  de Febrero del 2010
Agradecemos a Paco Muguiro Ibarra S.J. por compartir sus reflexiones con nuestros lectores.

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