Descolonización en Bolivia
Francesca Emanuele
En 2012, el gobierno de Evo Morales nacionalizó las sucursales de la transnacional española Iberdrola. La falta de inversión de esta y otras transnacionales en zonas rurales mantuvo a numerosas comunidades sin acceso a la electricidad. Por otro lado, quienes tenían energía eléctrica en áreas rurales sufrían de constantes apagones y de unas tarifas que duplicaban a las percibidas en zonas urbanas. El modus operandi de las sucursales de Iberdrola era invertir escasamente en zonas rurales porque consideraban que este mercado no era rentable.
En los siete años que el presidente Evo Morales lleva en el poder, unas 13 operaciones similares se han sucedido, incluidas la estatalización de gran parte de la explotación de hidrocarburos, lo que afectó a Repsol (también española), y la nacionalización de las pensiones que gestionaba el banco BBVA. El lunes pasado, la administración de Evo Morales nacionalizó la red de aeropuertos de Bolivia, una filial de las firmas españolas Abertis y Aena que incumplió las inversiones que por contrato estaban pactadas. Una vez más, el gobierno salió en defensa de los derechos de los ciudadanos bolivianos, frente a los intereses de las transnacionales que se sienten facultadas para continuar con una colonización que se arrastra –metamorfoseada a través de diversas caretas– desde el siglo XV. No en vano la Constitución boliviana de 2009 especifica en el artículo 9 que una de las funciones esenciales del Estado es la construcción de una sociedad justa cimentada en la descolonización.
Es precisamente esta descolonización la que ha beneficiado a los bolivianos y los ha dotado de unas reservas de divisas incluso comparables (respecto a su economía) con las de China. Estas y otras iniciativas provenientes de las Administraciones Públicas –a diferencia de lo que dicen quienes creen que la injerencia estatal sirve para espantar a los inversores– han dado lugar a que las inversiones públicas y privadas se hayan incrementado, y que la economía de Bolivia haya tenido el mayor crecimiento del PIB en más de 30 años.
Antes de la elección de Evo Morales, Bolivia operaba bajo los acuerdos del FMI, organismo que fijó su política económica por 19 años consecutivos. El resultado fue que los ingresos per cápita en Bolivia en 2005 eran menores que los que el país había tenido en los 27 años anteriores. La administración de Morales entendió que la lógica de la redistribución forzaba a que el país no siguiera subordinado a los designios de los organismos económicos extranjeros y a las transnacionales. Por ello, se enfrentó y se enfrenta con todos los advenedizos que no juegan limpio, que incumplen sus acuerdos y que superponen sus intereses comerciales a los del bienestar de millones de personas.
Mientras en Bolivia se nacionalizan empresas extranjeras abusivas, en Perú se renuevan los contratos con Telefónica, una transnacional expoliadora, afincada como monopolio en Perú durante la dictadura fujimorista, bajo unos acuerdos escandalosamente beneficiosos, y que además actualmente debe –como mínimo– 2 mil millones de soles a la agencia estatal de administración tributaria.
ANTES DE LA ELECCIÓN DE EVO MORALES, BOLIVIA OPERABA BAJO LOS ACUERDOS DEL FMI, ORGANISMO QUE FIJÓ SU POLÍTICA ECONÓMICA POR 19 AÑOS CONSECUTIVOS. EL RESULTADO FUE QUE LOS INGRESOS PER CÁPITA EN BOLIVIA EN 2005 ERAN MENORES QUE LOS QUE EL PAÍS HABÍA TENIDO EN LOS 27 AÑOS ANTERIORES
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