Los responsables siguen impunes

​Rodrigo Montoya Rojas

BAGUA 

El 5 de junio, se cumplieron cinco años del trágico final de la rebelión amazónica en Bagua. El gobierno aprista de Alan García ordenó acabar a sangre y fuego con los rebeldes indígenas en la curva del diablo, a 15 Kilómetros de Bagua grande. Hoy, está en marcha un juicio oral solo contra 53 indígenas, sin tomar en cuenta a ninguno de los responsables mayores de los sucesos.

Este episodio comenzó cuando los indígenas, respondieron a una inmensa agresión de parte del Presidente Alan García Pérez. Como candidato en 2006, prometió enfrentar a las empresas multinacionales en su política de apropiarse de los recursos peruanos particularmente amazónicos; como presidente de la República, por segunda vez, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, promulgó más de un centenar de decretos para favorecer la entrega de las tierras de las comunidades nativas a las grandes empresas multinacionales tratando de convertir la propiedad colectiva de los pueblos en propiedad individual de los comuneros; abriendo el camino para que los bosques sean considerados como tierras agrícolas y en esa nueva condición ser vendidos y entregados en concesiones a los empresarios privados interesados en el petróleo, el gas, el oro y la madera; y cambiando los estatutos para que las decisiones principales en las asambleas comunales se tomen con solo la mayoría de los asistentes a las reuniones.

Teniendo el Sr. García un título universitario de abogado, no tuvo en cuenta los derechos de propiedad de las comunidades nativas reconocidos por la Constitución y las leyes.

Como presidente de la República, García insultó a los amazónicos tratándolos de perros en su serie de artículos El síndrome del perro del hortelano, publicado por el Comercio.

Siguiendo la vieja tradición feudal española, García, sostuvo y sostiene que los pueblos amazónicos “no comen ni dejan comer” y que en consecuencia, una inmensa y gran fortuna estaría desaprovechada en la Amazonía a la espera de inversores que traerían el famoso “desarrollo” para el país. Los insultó aún más llamándolos primitivos, salvajes, ignorantes, atrasados ciudadanos de tercera categoría y enemigos de la patria.

El pueblo indígena reaccionó con gran energía para defender su pleno derecho a la vida, su lengua, su cultura, su identidad. Es en esos bosques por vender al mejor postor donde viven los amazónicos indígenas. Para ellos la tierra no es una mercancía que se vende o compra sino una madre que ofrece la vida misma.

En una primera confrontación en 2008, el pueblo indígena hizo retroceder al gobierno de Alan García, obligándolo a anular dos decretos legislativos y a sentarse en una mesa de negociación para revisar el resto de decretos.

El presidente cantor que se siente “Rey” y “sigue siendo el rey”, altivo y seguro de su propia ignorancia quedó con una rabia muy grande por esa derrota política. Él y sus funcionarios hicieron todo lo necesario para no llegar a acuerdo posterior alguno.

Cansados de tanto esperar, los indígenas iniciaron el 6 de abril de 2009 una nueva presión ocupando la estación petrolera en Andoas, tomaron carreteras, paralizaron algunos puertos fluviales, hicieron paros y huelgas de hambre en Bagua.

Desde el comienzo hubo un acuerdo de los indígenas con el gobierno para no usar la violencia. Esta movilización general duró 56 días hasta el 4 de junio. Al atardecer de ese día los dirigentes indígenas informaron a las autoridades policiales y militares, que al amanecer del día siguiente (5 de junio) se retirarían de la Curva del diablo y de la base petrolera.

Agotadas sus reservas de alimentos, no podían resistir más, pese a la solidaridad de la ciudad de Bagua. El gobierno ya tenía la decisión de reprimir y matar y no tuvo en cuenta la decisión indígena de retirarse.

Con un operativo policial-militar improvisado y torpe comenzó el asalto de la Curva del diablo cuando los indígenas se preparaban a regresar a sus pueblos. La muerte de indígenas en el asalto de la Curva del diablo fue inmediatamente conocida en la estación seis y fue entendida y sentida como una traición del gobierno.

Con ese ataque el gobierno dejaba a los policías de la estación 6 sin protección alguna. Fueron 34 las víctimas. (23 policías, 10 indígenas y un oficial desaparecido. Es importante tener en cuenta que ningún indígena estuvo armado, salvo la presencia de sus flechas simbólicas, y que en los lugares de la confrontación tomaron las armas de la policía para repeler los ataques y disparar sobre los policías rehenes. En pueblos de milenaria tradición guerrera como losawaqun y wambisa, la traición de un acuerdo merece siempre un castigo ejemplar.

Como en el juicio de Uchuraccay(1983) por la muerte de 8 periodistas y su guía, en el juicio de Bagua los fiscales quieren que los jueces castiguen solo a los líderes indígenas. El responsable principal, no solo político sino militar ha sido Alan García Pérez. Por orden de responsabilidades le siguen Mercedes Cabanillas, y los jefes militares y de la guardia civil.

Uno de los grandes dramas peruanos es que habría desde tiempos de Francisco Pizarro un principio no escrito que podría resumirse así: el presidente y los jefes militares y civiles que dan las órdenes de matar no deben ser juzgados ni castigados; las sanciones debe ser asumidas únicamente por los funcionarios y jefes de segundo o tercer orden, compensándoles en secreto por su obediencia debida y su silencio.

Cuando una cobardía como ésta sea eliminada, será posible creer que la democracia y la justicia peruana tienen sentido y son posibles. Entretanto, recordemos aquella preciosa pancarta en la marcha de solidaridad con Bagua de Lima: Todos somos indígenas. Particularmente yo, me siento representado por los pueblos indígenas que defienden sus derechos y nuestros derechos hasta el punto de ofrecer sus vidas.

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